¿Cuáles serían las consecuencias económicas y políticas de aumentar el precio del dióxido de carbono en el mundo? El planeta necesita energía para prosperar y para garantizar el sustento y el futuro de los ciudadanos pero, ¿a costa de qué? En la actualidad, el 83% del consumo global de energía primaria todavía proviene de combustibles fósiles, que son la principal fuente de generación de gases de efecto invernadero. ¿Cómo pueden los países cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones? ¿Qué mecanismos se pueden poner en marcha? ¿De qué forma podemos mitigar estos costes? PwC y el World Economic Forum (WEF) acaban de presentar -coincidiendo con la celebración de la COP26, en Glasgow-, un estudio en el que se mantiene que la fijación de un precio internacional del carbono –International Pricing Carbon Floor (ICPF)-, podría reducir sustancialmente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

En la actualidad, el precio del carbono oscila entre los 0 a 130 dólares por tonelada de CO2 equivalente, dependiendo de la región o de la zona del mundo en la que nos encontremos. Una situación que crea un terreno de juego desigual y que actúa como límite a la ambición climática de los países, que temen perder competitividad internacional.

En la actualidad, el precio del carbono oscila entre los 0 a 130 dólares por tonelada de CO2 equivalente, dependiendo de la región o de la zona del mundo en la que nos encontremos

El Fondo Monetario Internacional presentó, el pasado mes de junio, un marco de precios para las emisiones de carbono con diferentes escalones, en función de las diferentes etapas de desarrollo de las economías. Esta propuesta, recoge un precio para las emisiones de gas invernadero de 75 dólares por tonelada en 2030 para los países más ricos, de 50 dólares para los medianos, y de 25 dólares para aquellos con menor actividad económica. A partir de esta propuesta, el informe Increasing ambition: analysis of an International Carbon Price Floor plantea diez escenarios distintos y llega a las siguientes conclusiones:

  • Fijar un precio internacional del carbono podría reducir las emisiones un 12,3%. Esta medida, combinada con las incluidas por los países en sus planes nacionales -conocidos como NDCs, por sus siglas en inglés-, podría ayudar a mantener el calentamiento global del planeta por debajo de los 2ºC y tendríamos más posibilidades de cumplir con el reto del 1,5ºC incluido en los Acuerdos de París.
  • Un coste asumible y reversible. El coste de poner el marcha este precio internacional de carbono sería inferior al 1% del Producto Interior Bruto Mundial. Una cantidad que se recuperaría, prácticamente en su totalidad, con la reducción de las pérdidas provocadas por el calentamiento global, por el aumento del nivel del mar y por las generadas en la agricultura y en la salud de las personas, entre otras.
  • Adiós a las fugas de CO2 (el traslado de emisiones de unos países a otros con precios más bajos). Los distintos modelos incluidos en el informe concluyen que, si se produjera una adhesión amplia de países a este precio internacional del carbón, se producirían muy pocas transferencias de emisiones hacia los países donde los precios del carbón son más asequibles.
  • Ingresos para los países más desfavorecidos. Además, los ingresos generados por este precio internacional del carbono podría impulsar por encima del 3% el PIB de algunos países, distribuyéndolos entre los hogares con menores ingresos, apoyando así un transición más justa.

Las conclusiones del estudio son, por tanto, positivas. La creación de un International Carbon Price Floor supondría una importante contribución en la lucha contra el calentamiento global; podría llevarse a cabo sin que se produzcan graves perjuicios económicos para las personas y las empresas; y los ingresos generados podrían utilizarse para apoyar a los más desfavorecidos. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa requerirá algo, quizás más complejo de conseguir: un amplio consenso internacional.