El Plan Europeo de Recuperación tiene previsto inyectar en los próximos seis años 750.000 millones de euros en las economías de la Unión Europa, entre préstamos y subvenciones. De esa cantidad, a España le corresponden según el plan inicial 140.000 millones de euros (72.700 en subvenciones a fondo perdido y 67.300 en préstamos), aunque podría recibir 10.000 millones más en transferencias por el empeoramiento de las previsiones macroeconómicas. Son cifras de una magnitud extraordinaria, nunca conocidas en la historia europea reciente.
Estamos, pues, ante una oportunidad excepcional de redibujar el futuro. No sólo para atenuar los terribles efectos de la pandemia de la Covid-19 y relanzar la economía española, sino para ir más allá y transformarla. Los fondos son la vacuna (la otra vacuna) que nos puede permitir avanzar hacia un modelo productivo mucho más competitivo, sostenible y resiliente.
Los recursos están ahí y empezarán a llegar, previsiblemente, en junio. El reto es aprovecharlos al máximo. De entrada, hay que tener capacidad de gestión y administrativa para absorber la llegada de tanto dinero, y los antecedentes de España en este terreno no son nada brillantes. En el periodo 2014-2020, España absorbió solo el 39% del dinero que tenía asignado en los fondos estructurales y de inversión europeos. Tenemos, por tanto, un amplio margen de mejora en los mecanismos de canalización de las ayudas y en el modelo de gobernanza que hace posible su recepción y ejecución.
Si queremos asegurar el máximo rendimiento de las ayudas europeas deberíamos combinar proyectos a corto plazo para combatir los efectos de la pandemia con inversiones orientadas al medio y largo plazo que modernicen nuestra economía
Sin embargo, no se trata solo de gastar lo que nos corresponde. Además, es todavía mucho más importante gastar bien. La Unión Europea centra las ayudas en tres grandes pilares (la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización), pero a partir de esas guías cada país tiene margen para orientar sus proyectos de acuerdo con sus necesidades. En este marco relativamente flexible de decisiones, ¿qué significa gastar bien? En nuestra opinión, si queremos asegurar el máximo rendimiento posible de las ayudas europeas deberíamos combinar de forma óptima los proyectos a corto plazo dirigidos a combatir los efectos de la pandemia con inversiones orientadas al medio y largo plazo que modernicen nuestra economía y mejoren la competitividad de nuestro tejido productivo. Este último enfoque es primordial para garantizar que los fondos europeos tengan efectos permanentes y verdaderamente transformadores de la realidad económica del país. Para afrontar esos desafíos, es imprescindible la unión de todos y a todos los niveles.
Administraciones públicas, grandes empresas públicas y privadas, pymes, organizaciones empresariales y profesionales, representantes de los trabajadores y de los consumidores, partidos políticos… La totalidad de los agentes económicos y sociales deberían comprometerse para sacar adelante un proyecto que determinará la evolución de la economía española en los próximos años.
En una serie de artículos publicados en el diario Expansión, y en esta revista, abordamos, con una perspectiva integral, los retos que plantea la gestión de las ayudas, tanto desde el punto de vista transversal (acceso a los fondos, identificación de los proyectos, digitalización, el papel de las comunidades autónomas) como sectorial (con especial atención a las actividades económicas más dañadas por la pandemia, como el turismo, o con mayores posibilidades de atraer ayudas, como las energéticas). De una lectura atenta de la serie de artículos podemos extraer algunas conclusiones básicas que nos pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza y la dimensión del desafío al que nos enfrentamos para asegurar el éxito de los fondos europeos.
Estas son las ideas-fuerza que deben presidir la gestión de las ayudas:
a) Colaboración entre administraciones. Aunque el Gobierno central tiene el control exclusivo de los fondos de la Unión Europea las comunidades autónomas deberían tener un papel relevante en el reparto de los proyectos y participar activamente en los organismos de coordinación, teniendo en cuenta que las actuaciones habrán de concretarse atendiendo a las características económicas y sociales de cada territorio. Del trabajo conjunto de las administraciones implicadas dependerá el resultado final.
b) Colaboración público-privada. Como se señala en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno, la colaboración público-privada es “un principio rector indispensable” en la gestión de los fondos. Para incentivar la participación del sector privado en este tipo de proyectos es necesario construir un escenario de rentabilidad razonable, reforzar figuras como los consorcios o los vehículos de inversión directa y crear un modelo de gobernanza específico para intensificar la comunicación entre el sector público y privado y promover la innovación.
c) Participación prioritaria de las empresas. El grueso de las ayudas europeas debe recaer primordialmente en las empresas privadas, tanto porque son las más dañadas por el impacto de la pandemia como por su capacidad para multiplicar las transferencias de dinero público y su efecto tractor sobre el conjunto de la economía. Según la experiencia internacional, por cada euro de dinero público, las empresas privadas consiguen movilizar cuatro.
d) Transversalidad. Los proyectos han de desbordar el perímetro de las empresas, aunque sean muy grandes, y atender a objetivos compartidos que permitan involucrar a todos los agentes de la cadena de valor. Este concepto de transversalidad es especialmente útil cuando se plantean objetivos de reindustrialización y de transición energética, o en sectores como la sanidad, que cada vez más avanza hacia un ecosistema modular e integrado. Es también un criterio imprescindible en cualquier proceso de digitalización, que requiere poner de acuerdo a múltiples socios y entender los comportamientos de los clientes o administrados, de los empleados, de los proveedores y de todos los grupos de interés implicados.
e) Eficiencia. Los proyectos deben estar orientados a la mejora de la eficiencia y de la competitividad, de tal forma que esté garantizado su impacto social y económico. El concepto de eficiencia (definido como el buen uso de los recursos económicos) hay que entenderlo en sentido amplio para incluir todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad. Los ejemplos más claros de esta interrelación son los sectores de la energía (el consumo energético eficiente forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y el turismo (cuya eficiencia depende en cierta medida de su papel como guardián de la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial).
De esta manera podremos aprovechar la oportunidad dorada que Europa nos brinda. El desafío es mayúsculo; la recompensa potencial, todavía mayor. La clave del éxito, como decía Henry Ford, reside en trabajar juntos: “Estar juntos es un buen comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos nos lleva al éxito”. Entre todos, aunando esfuerzos y potenciando la colaboración público-privada, será más fácil lograr una pronta recuperación de la economía y progresar hacia el modelo productivo que España necesita.
Accede a nuestro análisis de las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo.