La Unión Europea (UE) se ha tomado muy en serio la lucha contra el cambio climático y ha otorgado a las empresas un papel clave en este propósito. En los últimos años, la Comisión Europea ha introducido varias regulaciones para fomentar y conocer qué actividades económicas son sostenibles y si su financiación se puede considerar “verde”. Una de estas regulaciones es el Reglamento de Taxonomía de la UE, que clasifica las actividades sostenibles. Entró en vigor en el año fiscal 2021 para las grandes empresas de interés público (bajo la directiva NFRD), e irá siendo una obligación gradual para el resto, según se aplique otra directiva, la CSRD.
Las empresas tienen que declarar qué actividades tienen potencial de ser verdes y así entran en la Taxonomía (son elegibles) y hasta qué punto se ajustan a los criterios para ser consideradas verdes (están alineadas).
Hasta el momento, la tónica dominante es la divergencia de sistemas aplicados y la confusión entre los indicadores que deben figurar en los informes, lo que hace muy difícil que los inversores sepan qué empresas adoptan los criterios verdes y cuáles no lo hacen. La cuestión no es baladí porque las sociedades que no respeten los criterios medioambientales marcados por esta taxonomía se juegan perder opciones de financiación más barata o atraer inversores, por ejemplo.
Según el informe ‘EU Taxonomy Reporting 2023: Analysis of the financial and non-financial sector‘, realizado por PwC (basado en informes anuales e informes de sostenibilidad de 706 compañías no financieras y 146 empresas del sector financiero en 12 países), la situación mejorará con el tiempo y con el mayor conocimiento de las normas y los métodos. Esto hará que los indicadores sean más comparables que los actuales.
Un paso importante para mejorar la situación será el uso obligatorio de las plantillas de informes, a partir de 2024, para las instituciones financieras, aunque lo más probable es que persistan enfoques diferentes para algunos indicadores, como los de suscripción para las compañías de seguros.
Según los datos del citado informe (referidos al ejercicio 2021, reportado en 2022), hasta ahora la situación no es positiva porque no siempre se divulgan los métodos utilizados de forma transparente; además existe una gran variedad en la granularidad de los informes de taxonomía. Por último, muchas instituciones financieras critican la falta de datos y su mala calidad y, en algunos casos, la falta de estandarización en los informes de taxonomía proporcionados por sus contrapartes no financieras. Esta cuestión es importante porque si los bancos no lo ven claro, pueden retraer sus préstamos empresariales porque no los podrían justificar como “verdes” ante el BCE.
La conclusión es que la mitad de las instituciones financieras analizadas no especifican si sus actividades sostenibles son “elegibles para la taxonomía”. Se espera que en los próximos años se subsanen las lagunas de datos existentes mediante procesos nuevos o adaptados. En respuesta a los comentarios de los usuarios, la Comisión Europea y su órgano asesor, la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, se han centrado en la usabilidad de la Taxonomía, lo que ya ha dado lugar a la publicación de varios conjuntos de preguntas frecuentes para aumentar la claridad sobre cuestiones de interpretación controvertidas. La UE tiene previsto revisar el Reglamento sobre taxonomía a mediados de 2024, teniendo en cuenta los comentarios recibidos.
Los requisitos de datos se volverán aún más complejos en los próximos años, lo que hará que este cambio sea particularmente necesario cuando la presentación de informes taxonómicos sobre los cuatro objetivos ambientales restantes se vuelva obligatoria: el uso sostenible y la protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular; prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Además de la importancia financiera de presentar adecuadamente esta información, también se podría exigir a las empresas que cumplan unos índices mínimos de taxonomía para optar a la contratación pública.
En cualquier caso, los ratios de taxonomía se convertirán en una referencia cada vez más importante para las empresas y para los inversores que buscan determinar las credenciales ecológicas de sus carteras.