Un año después de la ratificación del Acuerdo de París, que fija el compromiso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, PwC ha lanzado una nueva edición de su informe Low Carbon Economy Index, que analiza el progreso de los principales países del mundo en la descarbonización de su economía.
Los resultados del informe son mixtos. Por un lado, la práctica totalidad de las economías están recortando su intensidad energética, medida por la relación entre las emisiones de carbono y el PIB. Así ocurrió en el ejercicio de 2016 (con una caída a nivel mundial del 2,6%), y esa es también la tendencia desde el año 2000 (descenso del 1,4%), como se puede apreciar en la tabla adjunta. Sin embargo, esa mejora generalizada de la intensidad energética no es todavía bastante para cumplir con los compromisos voluntarios asumidos por los distintos países (que exigirían un ajuste medio del 3%) y en especial queda muy lejos del ritmo anual de reducción que sería necesario para limitar la subida de la temperatura global a dos grados centígrados (un 6,3%), que es el objetivo del Acuerdo de París para final de siglo.
Dentro de esta tendencia, los países que lo están haciendo bien son Reino Unido y China. Ambos han recortado sensiblemente su consumo de carbón y lideran la tabla a nivel mundial de las mejoras en intensidad energética. También México y Australia tienen buenos resultados. El problema es que hay otras grandes economías, como India, Indonesia y Turquía, cuya demanda de carbón ha crecido, lo cual limita los progresos en la batalla contra las emisiones de efecto invernadero.
¿Y España? Según el informe, la economía española está entre las mejores. La reducción de la intensidad energética, tanto en 2016 (5,8%) como en lo que va de siglo (2,4%), se sitúa claramente por encima del promedio mundial, y en términos absolutos también está entre los países menos carbonizados, como consecuencia, sobre todo, del aumento de la proporción de las energías renovables en el mix energético nacional. En los últimos 16 años, los principales cambios registrados en el reparto energético español son la caída del consumo de carbón (que ya es casi irrelevante) y del petróleo (que sin embargo sigue siendo la principal fuente de generación), mientras han aumentado considerablemente el gas y la energía solar y eólica.
Todo esto puede parecer una batalla exclusiva de los gobiernos y las instituciones internacionales, pero no es así. Ciertamente, pasar de las musas (los objetivos voluntaristas) al teatro (la realidad de una rebaja real y suficiente de las emisiones) exige un compromiso irrevocable de las Administraciones Públicas, que han de trabajar para concretar los objetivos nacionales más allá del 2020 y decidir cómo distribuir estos esfuerzos entre los distintos sectores, sobre todo los regulados.
Pero, al mismo tiempo, las empresas deben colaborar también de forma activa en la descarbonización de la economía y especialmente han de tomar conciencia de los riesgos que las emisiones de efecto invernadero suponen para su negocio. Sectores como el financiero, que por su escaso impacto ambiental se han mantenido un poco al margen de la preocupación por el cambio climático, deben tener en cuenta, como se explica en el informe de PwC, los elevados riesgos que para su actividad se derivan de la transición hacia una economía baja en carbono. Los reguladores internacionales ya están sobre la pista y algunas entidades bancarias han empezado a preguntarse si es bueno para su cuenta de resultados conceder créditos a empresas altamente contaminantes, aunque sean muy rentables.
Accede al informe completo | Low Carbon Economy Index