El célebre artículo ‘Vuelva usted mañana‘, que Mariano José de Larra publicó en 1833 en la revista El pobrecito hablador bajo el seudónimo de Fígaro, retrató los vicios de la España de la época, y en particular la pereza y la escasa diligencia de su aparato administrativo.
Han pasado muchos años desde entonces, pero el debate sobre los problemas de la Administración sigue dando mucho que hablar. De ahí que resulte oportuna la reciente publicación del informe Administración 2030: una visión transformadora, una iniciativa del Observatorio para la Transformación del Sector Público Esade-PwC, y que está elaborado por el ex-ministro de Justicia Rafael Catalá y por el director del Observatorio, Oscar Cortés.
El informe parte de una paradoja: la Administración, que es un paradigma de estabilidad y permanencia, se enfrenta a un escenario de cambios vertiginosos marcado por la incertidumbre, la fragmentación, las desigualdades y la digitalización. Superar ese contrasentido exige, según los autores del estudio, transformar la Administración para hacerla más íntegra, más ágil, con costes razonables, que rinda cuentas y que esté centrada en el ciudadano.
Con esos objetivos en mente, el informe desgrana una serie de propuestas cuyo desarrollo durante la próxima década (como bien decía Larra, las cosas de palacio van despacio) habrán de permitir a la Administración española adaptarse a las necesidades de la sociedad contemporánea. Son fundamentalmente las siguientes:
- Poner en marcha un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno verdaderamente independiente, bien dotado y con instrumentos coercitivos que hagan efectivas sus resoluciones. Este organismo ya existe (se creó en 2014), pero según los autores nació cojo y no ha permitido avanzar hasta ahora en la rendición de cuentas de la Administración.
- Aprobar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y por la Integridad en el Sector Público, que permita la creación de una infraestructura de integridad pública, similar a la que existe en otros países de la OCDE. La clave es que esa infraestructura funcione con la colaboración y coordinación de todas la Administraciones Públicas.
- Abordar una Estrategia para la Simplificación y Dinamización Administrativa. El propósito es lo que el informe define como “proceso de deconstrucción burocrática”: facilitar trámites, eliminar redundancias y controles innecesarios y evitar pedir información que ya está en poder de la Administración.
- Mejorar y culminar la digitalización de la Administración, ahora afectada por problemas de usabilidad y por los reinos de Taifas digitales. El símbolo de ese desarrollo imprescindible sería la creación de una ventanilla única digital, que debe garantizar que el ciudadano tenga acceso de manera sencilla a los servicios digitales, y para lo cual es necesario, una vez más, la colaboración entre todas las administraciones.
- Lanzar un programa de formación para los funcionarios a fin de que interioricen los principios del gobierno abierto, como potenciar la escucha al ciudadano, facilitar su participación, fomentar la diseminación de la información y promover el lenguaje claro.
- Controlar la calidad del gasto público. Cada euro cuenta. Para evaluar mejor el gasto es necesario dotar de mayor independencia a los organismos de control externo y profesionalizar los mecanismos de compra pública. La digitalización y la plena operatividad de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (creada en 2014) ayudarían conseguir estos objetivos.
Son todas ellas propuestas razonables y de gran calado, que requieren determinación y sobre todo un espíritu de concertación entre todas las administraciones. ¿Está el país preparado para un consenso de esta naturaleza? Esperemos que no se cumpla la profecía final de Fígaro: “¡Ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!”