¿Caída de la demanda de un 10% – 20% semanal? ¿Descenso de los precios de un 14%? ¿Prohibición de suspender el suministro? ¿Paralización de los proyectos de inversión? ¿Incremento del déficit de tarifa? Si hace solo unos meses nos hubiéramos encontrado con esta situación en el sector eléctrico habríamos pensado que estábamos en un escenario apocalíptico. Hoy, sin embargo, metidos en el remolino de la crisis feroz del Covid-19, la cosa no parece tan terrible.
El sector, en efecto, no es de los que salen peor librados si lo comparamos con actividades como el automóvil, el turismo o el transporte, cuya capacidad productiva se ha reducido casi a cero.
Con todo, no podemos infravalorar las consecuencias de una perturbación tan grande. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando con la demanda de electricidad.
Tras la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de muchas actividades, el consumo entró en barrena (el aumento provocado en los hogares por el confinamiento no compensó ni de lejos el cierre de fábricas y comercios), una evolución que se agravó con el periodo de hibernación. Tras finalizar éste, y después de un pequeño repunte, el consumo actual es según los últimos datos inferior en un 24% al que había antes del estado de alarma.
Un problema quizás más oculto, pero también muy relevante, es el de la paralización de las actividades y las iniciativas de la Administración
La disminución del consumo ha provocado, como era de esperar, una presión a la baja de los precios. En los precios al contado no se nota tanto, porque la evolución es irregular, aunque con tendencia claramente descendente. En los precios del mercado de futuros, la caída para 2021 es de un 14%. También estamos viendo precios inusualmente bajos en otras materias primas asociadas, cuyo equilibrio entre demanda y oferta también se ha visto alterado. Esto es particularmente claro en el caso de los precios de asignación del carbono, que se han desplomado un 40%.
La reducción de los precios de la electricidad y de la demanda también está presionando al déficit de tarifa. El agujero de este año podría ser, según nuestros cálculos, de entre 700 y 1.000 millones de euros, que se unirán a los 200-300 millones de euros generados en 2019. Sin embargo, el superávit actual, de alrededor de 1.000 millones de euros, permitirá gestionar sin grandes problemas el desfase.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para favorecer a los consumidores de electricidad también suponen una dificultad añadida para las empresas comercializadoras del sector. Mientras dure el estado de alarma, se prohíbe suspender el suministro en los hogares, se amplían los beneficios del bono social a trabajadores que hayan perdido su empleo y se dan también facilidades a las pymes y a los clientes industriales.
Un problema quizás más oculto, pero también muy relevante, por tratarse de un sector regulado, es el de la paralización de las actividades y las iniciativas de la Administración. El parón afecta a proyectos tan importantes como el Estatuto de Industrias Electrointensivas o a los planes para desarrollar nuevos activos de energías renovables, que además del retraso en la tramitación pueden tener problemas de suministro en los paneles solares y en los aerogeneradores. Un impacto colateral es la decisión del Gobierno de requerir la autorización administrativa para las inversiones extranjeras (no europeas) en empresas españolas, lo cual dificulta la libre circulación de capitales y altera el funcionamiento del mercado en un sector que requiere grandes inversiones.
Son desafíos múltiples y de gran envergadura, en línea con la situación excepcional que vivimos como consecuencia de la pandemia. Pero, al mismo tiempo, contamos con algunas de las compañías eléctricas más importantes de Europa y con una fortaleza y una capacidad de resiliencia que nos hace ser optimistas sobre la recuperación del sector en el medio plazo.