El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), que aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos), entra en fechas de revelaciones. Ya sabemos cómo la Comisión Europea examinará el cumplimiento de los compromisos, ya conocemos también los planes del Gobierno para el ejercicio presupuestario de 2022 y hasta nos hemos enterado de que la emisión de deuda para financiar las ayudas va como un tiro. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad recopilamos las historias más interesantes sobre los fondos, su gestión y su impacto en el tejido productivo, en un momento clave para la recuperación económica.
Al menor fallo, no se cobra… o se cobra más tarde
La visita a España de la secretaria general de la Comisión Europea responsable de la ejecución de los fondos europeos, Celine Gauer, dejó claro que el examen de los compromisos asumidos para cobrar las ayudas no va a ser de trámite. Según El Mundo, la idea que transmitió Celine Gauer ante la Comisión Congreso-Senado, que se celebró a puerta cerrada, es que cualquier incumplimiento (especialmente si se trata de la reforma laboral o la de pensiones) puede provocar la suspensión o el aplazamiento de los pagos previstos (dos cada año).
El Español ofrece una versión algo distinta, según la cual los altos funcionarios de Bruselas están dispuestos a ser flexibles en fechas y objetivos. Nada parecido a los temidos hombres de negro de la crisis financiera de 2008. Y para que no se escape ni un detalle, el Gobierno ultima la firma de un contrato con la Comisión Europea en el que se especifica cómo hay que cumplir con las inversiones y reformas comprometidas. El contenido de ese documento se considera material sensible, y de momento no se va a hacer público.
Un presupuesto marcado por los fondos
Los Presupuestos Generales del Estado que entraron en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles están marcados por la inyección de los fondos europeos. En total se han presupuestado 27.633 millones, de los cuales las mayores dotaciones serán para política industrial (3.184 millones), rehabilitación de vivienda (2.839), movilidad sostenible (2.185), impulso a la pyme (2.140) y modernización de las Administraciones Públicas (1.795). Gracias a ese impulso, la inversión pública alcanzará niveles históricos.
Un detalle curioso: de esos más de 27.000 millones, 1.270 millones lo serán en concepto de crédito, es decir, que habrá que devolverlos. Será la primera vez que España recurre a ese mecanismo, ya que hasta ahora todo lo que se ha solicitado ha sido como transferencia. Ese primer crédito se dedicará íntegramente a financiar el Perte del vehículo eléctrico, que está dotado con una inversión pública de 4.300 millones de euros. Todo esto es lo que aparece en el proyecto de presupuestos enviado al Congreso de los Diputados. Ahora el Gobierno deberá trabajarse su aprobación y negociar con unos y con otros a fin de conseguir los votos necesarios para sacarlos adelante.
La enorme importancia de la letra pequeña
A primeros de octubre entraron en vigor dos órdenes ministeriales que regulan la gestión de los fondos europeos. Ambas órdenes vienen a ser la letra pequeña, pero no por ello menor, de la tramitación de las ayudas, ya que establecen un sistema robusto para dar cumplimiento a las obligaciones de verificación y control que requiere el sistema.
Especial importancia reviste el plan de medidas antifraude, si bien su ámbito de aplicación se extiende a temas como el seguimiento y acreditación de los hitos y objetivos, los posibles impactos negativos en el medio ambiente o la compatibilidad con las ayudas de Estado. Y mientras se van afinando los mecanismos para tramitar los fondos, desde el patronal turística se denuncia que el sector privado haya quedado fuera de la gestión, lo que en su opinión choca con el criterio de la Unión Europea.
La emisión de bonos verdes más grande del mundo
El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) se financia con emisiones de deuda lanzadas por la Comisión Europea, que tiene previsto poner en el mercado títulos por valor de 800.000 millones de euros hasta 2026. De ellos, 250.000 millones lo serán en bonos verdes, y esta semana ya se han lanzado los primeros 12.000 millones, con vencimiento a 15 años, en una operación que ha tenido una demanda récord de 135.000 millones de euros. Se trata de la emisión de bonos verdes más grande del mundo en toda la historia, y el dinero recaudado servirá para financiar gastos verdes y sostenibles en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Entre las inversiones elegibles figuran una plataforma de investigación para la transición energética en Bélgica, o la construcción de plantas de energía eólica en Lituania. Lo de endeudarse masivamente en los mercados para financiar transferencias y créditos (sobre todo a los países del sur) puede parecer ahora una cosa normal, pero es un acontecimiento extraordinario en la historia reciente de la Unión Europea, por la tradicional oposición de Alemania a operaciones de esta naturaleza. Aquí se explica cómo fue la transformación germana.