¿Quién dijo que sería fácil? La ejecución del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), que aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos), podría complicarse. Las dudas de Bruselas sobre la legalidad de las ayudas públicas de los proyectos más importantes está retrasando su puesta en marcha, y el encarecimiento de la energía amenaza las inversiones asociadas a los fondos. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad recopilamos las historias más interesantes sobre los fondos europeos, su gestión y su impacto en el tejido productivo, en un momento clave para la recuperación económica.
El atasco en los Perte
La sensación de urgencia que se transmite desde el Gobierno (y desde otras instancias) sobre la ejecución de las ayudas europeas contrasta con la lentitud en el despliegue de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), que son las palancas más importantes del fondo de recuperación. El Perte del sector del automóvil se aprobó en julio, pero sigue sin realizarse la oportuna convocatoria formal para ponerlo en marcha, y ahora hemos sabido por qué.
Lo que está retrasando el proyecto son las dudas de la Comisión Europea, que no acaba de encajar los fondos previstos en el marco de ayudas públicas y entiende que pudieran ser contrarios a la normativa comunitaria. Un problema que, por cierto, ya fue detectado hace unos meses por las grandes empresas, que expresaron sus temores de que las ayudas pudieran ser consideradas ilegales. En cualquier caso, el Gobierno está pidiendo a Bruselas flexibilidad para desatascar el procedimiento, en un contexto en el que también hay negociaciones para ampliar hasta el 30 de junio el marco temporal de ayudas estatales para las empresas afectadas por la pandemia.
El conflicto ha llevado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Bruselas para entrevistarse con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Las conversaciones con la Comisión Europea no solo son fundamentales para que el Perte del automóvil tenga vía libre, sino que deben servir de base para lanzar los otros Perte que hay en la recámara, que son los de la industria agroalimentaria, la salud digital, el hidrógeno verde, el sector aeroespacial y la inteligencia artificial.
La conexión con la transición energética
La celebración de la cumbre climática de Glasgow y el subidón de los precios de la energía han puesto sobre la mesa la importancia de los fondos europeos, que suponen una oportunidad para acelerar la transición energética de una manera ordenada. En sentido inverso, sin embargo, el elevado coste de la energía y los problemas derivados del rebrote inflacionario pueden suponer un obstáculo para las inversiones asociadas a las ayudas europeas.
En este punto hay interpretaciones de todo tipo. Hay expertos que piensan que la escalada energética estrechará los márgenes empresariales y desalentará los proyectos de inversión, mientras otros consideran que se trata de un repunte puntual con un impacto limitado en el despliegue de los fondos. El debate es importante en un momento en el que el ritmo de recuperación de la economía española se está debilitando. Las últimas previsiones de la Comisión Europea, que suponen una reducción drástica de las expectativas de crecimiento para 2021 y 2022, son particularmente preocupantes.
Un contrato de 346 páginas y 415 compromisos
Tras muchos dimes y diretes, la Comisión Europea ha publicado esta semana el contrato (Operational Agreement) firmado con España para la concesión de las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación. Son 346 páginas en las que se detallan los compromisos que adquiere España a cambio de recibir las ayudas. El documento, firmado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, incluye 415 hitos y objetivos que hay que cumplir y justificar, con especial atención a las reformas laboral, de pensiones y fiscal.
Los medios de comunicación han destacado sobre todo el compromiso de alargar en 2022 el periodo de cómputo para la jubilación, que ahora está fijado en 25 años. La medida es polémica por su eventual impacto en la cuantía de las pensiones, pero la vicepresidenta Nadia Calviño ha asegurado que puede beneficiar a determinados colectivos. Otra de las novedades es que fija, casi hasta el céntimo, los desembolsos periódicos de las ayudas. Si España cumple las condiciones establecidas, recibirá 11.494.252.874 euros en diciembre, 13.793.103.448 euros en junio y así semestre a semestre hasta 2026 para completar un total de 69.512.589.611 euros. Ni más ni menos.