La Unión Europea ofrece muchas ventajas como lugar para hacer negocios: una economía estable, un comercio transfronterizo fluido y una mano de obra cualificada. Pero estos beneficios suelen ir acompañados de retos como un crecimiento más lento, un mercado energético complejo y un aumento de las emisiones de carbono. Obstáculos como estos han motivado los esfuerzos de Europa por acelerar su transición hacia una economía neutra en carbono, con pocos recursos y socialmente integradora. En el centro de estos esfuerzos se encuentra el Pacto Verde Europeo. Aprobado en 2020, pone en marcha más de 175 directivas e iniciativas regulatorias que establecerán o impulsarán la inversión en energías limpias, la innovación en tecnología climática, las exigencias que deberán cumplir la cadena de suministro, el precio del carbono, y las obligaciones en materia de información sobre sostenibilidad, entre otras cuestiones. Para las empresas, estos mecanismos crearán nuevas oportunidades de crecimiento, así como nuevas obligaciones.
La transformación que el Pacto Verde Europeo está generando en el entorno empresarial no es un cambio a largo plazo que el próximo equipo de dirección de tu empresa pueda dejar para más adelante; está ocurriendo ya. Consideremos, a modo de ejemplo, el caso reciente de una empresa que opera en Francia: esta compañía acababa de instalar una línea de producción para packaging cuando descubrió que uno de los materiales clave se prohibirá en un plazo de dos años. La restricción obligará a la empresa a asumir pérdidas por su inversión en la línea de producción o a realizar una inversión adicional para reorientar el activo. Situaciones como esta serán cada vez más habituales.
Además, muchas de las políticas del Pacto Verde se aplican tanto a empresas con sede o actividad en Europa como a aquellas que venden productos y servicios en el mercado europeo, independientemente de su ubicación. Aunque algunos directivos de multinacionales puedan preferir que sus filiales en la UE desarrollen planes de cumplimiento de forma autónoma, hemos observado casos en los que un enfoque coordinado a nivel transcontinental ha ayudado a las empresas a obtener ventajas y a mitigar los riesgos regulatorios.
Efectos normativos como éstos están impulsando a los ejecutivos de todo el mundo, no sólo a los de Europa, a revisar sus visiones y enfoques de gestión tradicionales. Estos líderes son conscientes de que reinventar sus modelos de negocio para una economía europea sostenible puede preservar el valor, mejorar los márgenes e impulsar el crecimiento de los beneficios. De hecho, los estudios de PwC indican que las empresas que toman más medidas relacionadas con las oportunidades y los riesgos del clima también obtienen mejores resultados económicos. A continuación, analizamos cómo los directivos están aprovechando el Pacto Verde como una oportunidad para tomar decisiones más inteligentes sobre estrategia, gasto de capital, innovación y otros motores fundamentales del éxito.
Una agenda política transformadora
En todo el mundo, los gobiernos están orientando sus economías hacia la descarbonización, la eficiencia energética y de recursos y otros objetivos de sostenibilidad. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EEUU, la Estrategia de Crecimiento Verde de Japón y el XIV Plan Quinquenal de China son buenos ejemplos, cada uno de ellos moviliza miles de millones de dólares para apoyar la transición global a las cero emisiones netas. La UE ha ido tan lejos como los demás, o más, en cuanto al alcance y la ambición de su labor política; sus requisitos legales contrastan con planteamientos menos ambiciosos en otros lugares. Para muchos empresarios, el Pacto Verde convierte a Europa en un referente de la transición a la energía neta cero y en una incubadora de prácticas empresariales sostenibles.
Entre las partes centrales del Pacto Verde Europeo se encuentra la Ley Europea del Clima, que establece la meta de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, con una reducción del 55% en las emisiones para 2030 (en comparación con los niveles de 1990). El Pacto Verde también incluye políticas dirigidas a desafíos específicos de sostenibilidad. El Mecanismo de Transición Justa, por ejemplo, busca movilizar unos 55.000 millones de euros para asegurar, en palabras de la propia Comisión Europea, que “nadie se quede atrás”, y la Estrategia De la Granja a la Mesa promueve una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles. El Plan de Acción para la Economía Circular se centra en minimizar los residuos y fomentar el reciclaje, con objetivos para sectores como los textiles, la electrónica y los plásticos. El Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles exige que las empresas utilicen materiales respetuosos con el medio ambiente, diseñen productos pensando en su reparación y reciclaje, y limiten las emisiones en su fabricación.
Las numerosas políticas derivadas del Pacto Verde -incluyendo las leyes y regulaciones transpuestas por los estados miembros de la UE- crean un entorno complejo para los responsables de la toma de decisiones en las empresas, al imponer múltiples requisitos de cumplimiento, pero también generan nuevas señales de demanda que pueden traducirse en oportunidades de negocio. Para entender este escenario, los directivos pueden encontrar útil clasificar la regulación incluida en el Pacto Verde en tres amplias categorías: políticas con impacto económico directo, aquellas que exigen transparencia e información, y las que tienen un impacto directo en la cadena de valor.
Políticas con impacto financiero directo
¿Palo o zanahoria? El Pacto Verde utiliza ambos enfoques: impulsa el cambio con incentivos financieros y bajo la amenaza de sanciones. El Plan Industrial del Pacto Verde permite flexibilizar ciertas directrices de ayudas públicas para ampliar las categorías de financiación y aumentar las oportunidades de inversión en proyectos de descarbonización y de tecnologías limpias. Estas medidas refuerzan la capacidad de financiación existente de la UE, que incluye 40.000 millones de euros en subvenciones del Fondo de Innovación de la UE para apoyar tecnologías innovadoras de descarbonización, el programa REPowerEU, de 300.000 millones de euros, que respalda proyectos de energías renovables y eficiencia energética, y el paquete de financiación de infraestructuras InvestEU, de 372.000 millones de euros.
Otros programas aplican tasas para desincentivar determinados comportamientos. El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión, por ejemplo, fija un precio a las emisiones de carbono. Sin embargo, la perspectiva de pagar el precio del carbono ha llevado a algunas organizaciones a trasladar sus operaciones fuera de la UE, un fenómeno conocido como fuga de carbono. Para contrarrestar esta tendencia, la UE introdujo el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera (CBAM), que a partir de 2026 impondrá aranceles a las mercancías importadas de jurisdicciones que tengan precios del carbono más bajos que los de la UE. El ajuste está vinculado al volumen de gases de efecto invernadero generados por la fabricación de productos importados como el cemento, el acero y los fertilizantes. Los estudios de PwC sugieren que la CBAM podría multiplicar por cinco o por más el coste del carbono para determinados bienes.
Políticas de transparencia e información
Casi todos los consumidores preocupados por la sostenibilidad han sentido la frustración de buscar información en las etiquetas de los productos y no saber qué significan realmente términos como “verde”, “respetuoso con el medio ambiente” o “comercio justo”. La Directiva de Reclamaciones Verdes de la UE, aún en tramitación, obligará a las empresas a justificar cualquier alegación medioambiental explícita mediante una evaluación en profundidad que implique el uso de pruebas científicas ampliamente reconocidas y normas internacionales pertinentes, entre otros requisitos. Además, la directiva podría introducir normas que especifiquen que las reclamaciones ecológicas y el diseño del etiquetado medioambiental deben cumplir determinados requisitos, que podrían estar sujetos a verificación, en función del resultado de las negociaciones.
Esta directiva es emblemática de cómo el Pacto Verde busca garantizar que las empresas describan de manera clara los aspectos ambientales y sociales de sus programas de sostenibilidad y sustenten las afirmaciones que realizan. Se teoriza que una mayor transparencia promoverá un comportamiento más sostenible. Asimismo, la rendición de cuentas es fundamental: bajo varias regulaciones del Pacto Verde, las empresas pueden ser consideradas responsables.
En una aplicación particular del impulso hacia la transparencia, las normativas incluidas en el Pacto Verde están ampliando el alcance de los informes de las empresas para incluir asuntos sobre sostenibilidad. La CSRD requerirá que aproximadamente 50.000 empresas no solo publiquen detalles sobre su evolución y planes relacionados con temas ambientales, sociales y de gobernanza, sino que esta información sea auditada.
Un reflejo del amplio alcance de la CSRD lo tenemos en una reciente encuesta de PwC, en la que un gran número de empresas reconocía que ya estaban involucrando a múltiples funciones dentro de sus organizaciones en sus esfuerzos por cumplir con la directiva. Los encuestados también señalaron que la CSRD podría generar beneficios empresariales: alrededor de un tercio espera que su implementación lleve a un crecimiento de ingresos y ahorros de costes.
Políticas relacionadas con las cadenas de valor
Un tercer grupo de normas del Pacto Verde establece lo que las empresas pueden y no pueden hacer en relación con toda su cadena de valor, lo que afecta tanto a sus propias operaciones como las de sus clientes y proveedores. Tal vez la norma más significativa sea la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), cuya entrada en vigor está prevista que sea entre 2027 y 2029. Aplicable a las empresas que alcancen determinados umbrales de tamaño, la CSDDD les exige identificar y mitigar los impactos adversos sobre el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor.
A través del Plan de Acción para la Economía Circular, el Pacto Verde hace especial hincapié en el uso de los principios de circularidad para reducir el despilfarro de materiales y recursos y preservar su valor. Diversos mecanismos de responsabilidad ampliada del productor obligan a los fabricantes de envases, artículos de plástico de un solo uso, pilas, aparatos electrónicos y equipos eléctricos a asumir parte de los costes de la gestión de estos bienes al final de su vida útil. El Reglamento sobre Diseño ecológico de Productos Sostenibles establece requisitos relacionados con la durabilidad, la reutilización, la eficiencia energética y el contenido reciclado de diversos productos.
Otras regulaciones de la cadena de suministro tienen un enfoque más específico. El Reglamento de Deforestación de la UE, por ejemplo, tiene como objetivo prohibir que las empresas vendan, comercialicen o exporten productos que contribuyan a la deforestación o degradación forestal, o que hayan sido producidos de maneras que violen las leyes de protección forestal de otros países. Por su parte, la Ley de Materias Primas Críticas busca asegurar las cadenas de suministro europeas para tecnologías e industrias vitales, proporcionando incentivos financieros para proyectos que apunten a desarrollar recursos de materias primas y capacidad de procesamiento.
Catalizar la reinvención empresarial
El Pacto Verde marca el comienzo de una nueva era para las empresas europeas. Y cómo las políticas pretenden acelerar las soluciones a los problemas de sostenibilidad, el cambio a un modelo económico más sostenible se está produciendo más rápido de lo que las empresas creen. Algunas normativas ya están en vigor, y muchas lo harán dentro de dos o tres años, lo que deja a las empresas poco tiempo para preparar sus respuestas. Por ello, merece la pena conocer las formas en que los pioneros han empezado a seguir la evolución de la regulación y a incorporarlas en sus decisiones empresariales, adelantándose así a sus rivales. A continuación se ofrecen varios ejemplos de lo que están haciendo algunas empresas líderes.
Un enfoque integral para cumplir con la regulación
Para una empresa de bienes de consumo, la necesidad de mantenerse al día con la regulación e identificar las normas más relevantes se hizo evidente cuando los gerentes se dieron cuenta de que la información sobre la composición de uno de sus productos no había sido incluida en el envoltorio, como exigen los reguladores. Corregir esta omisión supuso un trabajo considerable, costes adicionales de almacenamiento, multas para los distribuidores y pérdidas de ingresos.
Al revisar el problema, los directivos se dieron cuenta de que los especialistas funcionales de la empresa en toda Europa no habían sido informados sobre la regulación de sostenibilidad que se había introducido ni sobre cómo podría aplicarse a su trabajo. Tampoco estaba claro quién era el principal responsable de garantizar el cumplimiento y gestionar el riesgo de que estas cuestiones paralicen la actividad. En ambos aspectos, la experiencia de la compañía no es una excepción y muchas empresas se enfrentan a retos similares.
Finalmente, la respuesta de la empresa de bienes de consumo fue involucrar a muchas más personas en el cumplimiento normativo en materia de sostenibilidad. Los gerentes organizaron talleres en su sede de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), e invitaron a una variedad de grupos de interés para analizar temas legislativos relacionados con la sostenibilidad que deberán gestionar a lo largo del tiempo. Los grupos de interés revisaron la regulación que podría afectar las decisiones que se estaban tomando en toda la organización y en su cadena de valor. Además, establecieron un comité de sostenibilidad multifuncional para reunirse periódicamente y coordinar sus respuestas a problemas comunes.
En un paso adicional para ayudar al personal a comprender las obligaciones regulatorias relacionadas con sus áreas específicas del negocio, la empresa comenzó a desarrollar un panel digital específico y fácil de usar. Este panel incluye información sobre nuevas regulaciones y la simplifica en un lenguaje que no requiere conocimientos legales para entenderla. Al iniciar sesión, los usuarios pueden filtrar las regulaciones por países, temas y productos para identificar rápidamente las normas que afectan sus actividades. Esta tecnología tiene el potencial de agilizar las comunicaciones sobre la regulación y asegurar que lleguen a las personas adecuadas dentro de la organización.
Alinear los movimientos comerciales con los plazos reglamentarios
Cuando los directivos de una importante empresa de servicios medioambientales empezaron a estudiar la posibilidad de construir una planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos (VE), ya eran conscientes de que la normativa afectaría a las perspectivas comerciales de la planta. El Reglamento de la UE sobre baterías, en particular, influiría tanto en el suministro de baterías usadas como en la demanda de materiales reciclados. La empresa también era consciente de que las condiciones del mercado y la normativa variarían de un lugar a otro, por lo que algunas ubicaciones serían favorables para la nueva instalación y otras supondrían un reto. Con el fin de elaborar un argumento comercial sólido para la planta de reciclado, la empresa trató de desarrollar una visión detallada del entorno normativo de cada posible emplazamiento e integrar este conocimiento en las consideraciones comerciales.
El equipo realizó un estudio que abarcó las complejas responsabilidades ampliadas del productor en relación con los automóviles y las baterías, el Reglamento sobre Baterías y su aplicación en varios países, la legislación sobre traslado de residuos y las autorizaciones medioambientales para empresas de reciclaje. Su trabajo reforzó una hipótesis inicial sobre el proyecto: que, dado que se preveía que la oferta de baterías usadas sería escasa a corto y medio plazo, la planta tendría más éxito si se centraba, en sus primeros años, en el reciclado de residuos procedentes de la fabricación de baterías -en lugar de baterías al final de su vida útil- y sólo más adelante pasaba al reciclado. El estudio confirmó que el marco normativo mejoraría el acceso a las baterías usadas a medida que crecieran las ventas de vehículos eléctricos y un número significativo de baterías llegara al final de su vida útil.
Después de un análisis más profundo, los directivos utilizaron estos conocimientos para afinar sus proyecciones de ventas de vehículos eléctricos, suministro de baterías y reciclaje de baterías. De este modo, pudieron elegir el lugar en el que la producción de baterías, la aceptación de los vehículos eléctricos y las condiciones normativas se combinarían para garantizar la viabilidad de la planta.
Introducir la previsión normativa en las decisiones empresariales
La primera anécdota de este artículo se refiere a una empresa francesa que se vio obligada a reevaluar el uso de una línea de producción de su packaging recién construida cuando se dieron cuenta de que uno de los insumos materiales estaba sujeto a una prohibición inminente.
El alarmante descubrimiento mostró a la dirección que el Plan de Acción de Economía Circular de la UE y otras normas del Pacto Verde tienen importantes implicaciones comerciales y operativas. La dirección decidió incorporar los factores normativos a sus decisiones a largo plazo sobre el packaging mix, los materiales que utiliza y su huella operativa.
La dirección de la empresa pidió medidas urgentes para suplir lagunas de conocimiento críticas. Pidieron a los directivos que revisaran la legislación sobre el Pacto Verde y su aplicación en cada país, lo que dio lugar a un mapa detallado del panorama jurídico actual y futuro. También trataron de entender cómo podrían organizar las operaciones regionales de la empresa para reflejar el cambiante entorno empresarial europeo. Los directivos analizaron la competencia y los consumidores, estudiaron los mercados de los territorios cercanos y revisaron las operaciones ya en marcha.
Por último, juntaron todos su análisis regulatorios y comerciales para explorar ideas de cambio en sus estrategias de packaging. Este enfoque multidimensional ha proporcionado a la empresa una valiosa experiencia con nuevos procesos de investigación y toma de decisiones que la ayudarán a evitar el tipo de situación que se había producido en Francia.
La visión tradicional de los asuntos regulatorios es asignar la responsabilidad a las funciones jurídicas o de cumplimiento, que revisan la letra pequeña y garantizan el cumplimiento de las normas mínimas. Sin embargo, en el contexto de un programa tan amplio como el Pacto Verde, un enfoque excesivamente jurídico puede impedir a los directivos ver el panorama completo. Las empresas líderes reconocen que el Pacto Verde supone algo más que una prueba de resistencia al cumplimiento: crea la necesidad imperiosa de reinventar su negocio. Al incorporar los factores normativos a las decisiones empresariales básicas, estas organizaciones están encontrando nuevas formas de crear valor en la cambiante economía europea.