Transcurridos cuatro meses desde la toma de posesión del presidente Trump, mucho se ha dicho y escrito acerca de las notables diferencias entre el arranque de este segundo mandato en comparación con el primero. En materia tributaria, sin embargo, y con la muy relevante salvedad de la política arancelaria, las semejanzas son significativas.
Al igual que hace ocho años, el partido republicano controla la Casa Blanca y las dos cámaras legislativas con mayorías muy ajustadas y de durabilidad incierta porque 2026 vuelve a ser año electoral en EEUU, con la celebración de las conocidas como midterm elections, en las que se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes y que suelen favorecer al partido que no está en el poder.
Por si lo anterior no fuera suficiente, buena parte de las bajadas de impuestos a personas físicas de la anterior reforma fiscal se aprobaron en 2017 con una vigencia temporal de, muchos de ustedes ya lo habrán adivinado, ocho años.
Confluyen, así, poderosos incentivos políticos para que el Congreso americano apruebe en 2025 una nueva reforma fiscal.
Principales medidas propuestas
El foco este año está en la tributación de personas físicas y, más concretamente, en extender o hacer permanentes las rebajas fiscales aprobadas en 2017. En comparación, los cambios en tributación empresarial son relativamente modestos, pero, potencialmente, de gran impacto para las empresas españolas con presencia en EEUU.
Empezando por las propuestas procontribuyente, en la norma recientemente aprobada por la Cámara de Representantes se extiende la vigencia de la regla de amortización acelerada y se mejora el tratamiento fiscal de los gastos vinculados a actividades de I+D. También se propone regresar, temporalmente, al 30% del EBITDA como umbral máximo de deducibilidad de gastos financieros, frente al 30% del EBIT hoy en vigor. Decimos temporalmente porque estas tres medidas estarían vigentes solo hasta finales de 2029 (en enero de ese año el presidente Trump habrá concluido su segundo y último mandato).
No obstante, decirse que hasta aquí las buenas noticias para las empresas españolas ya que, para sufragar, en parte, las rebajas fiscales a personas físicas, se plantea un recorte significativo de los créditos fiscales “verdes” de la era Biden. Ahora bien, no todos los incentivos aprobados en 2022 se ven afectados por igual, por lo que cada empresa deberá evaluar de forma individualizada el impacto de estos posibles recortes.
La nueva sección 899
Con todo, la modificación más preocupante para los grupos españoles sería la inclusión de una nueva norma en el código de impuestos americano, la sección 899, que permitiría a los EEUU adoptar represalias tributarias contra los contribuyentes de aquellas jurisdicciones que apliquen normas fiscales extraterritoriales o discriminatorias para los contribuyentes americanos, entre las que se citan expresamente los impuestos sobre servicios digitales (en vigor en nuestro país) o la regla de beneficios insuficientemente gravados que forma parte del impuesto mínimo global, también recientemente aprobado en España.
La sección 899 elevaría la tributación sobre determinadas rentas de fuente americana obtenidas por contribuyentes domiciliados en las jurisdicciones ofensoras (la lista de territorios la publicaría trimestralmente el departamento del Tesoro) hasta en 20 puntos porcentuales, a razón de un 5% anual.
Adicionalmente, a los grupos domiciliados en jurisdicciones sujetas a represalias bajo la sección 899 les aplicaría una versión más estricta del BEAT, la norma fiscal americana que limita la deducibilidad de ciertos pagos intragrupo. En la actualidad, esta norma aplica únicamente a contribuyentes con una cifra de ingresos en EE.UU. superior a los 500 millones de dólares y un porcentaje de pagos potencialmente sujetos a BEAT superior al 3%. La sección 899 propuesta eliminaría ambos umbrales por lo que, si España fuera incluida en la lista, el número de grupos españoles que tendrían que calcular y, en su caso, ingresar el BEAT aumentaría de forma muy considerable. Todo parece indicar que, con la sección 899, el Congreso pretende dotar a la Casa Blanca de un arma que pueda blandir en las negociaciones que actualmente están teniendo lugar con la OCDE y la UE para eximir a sus contribuyentes de la aplicación del impuesto mínimo global.
Sin perjuicio de todo lo anterior, lo cierto es que estamos aún en pleno proceso legislativo y el proyecto aún puede sufrir alteraciones relevantes tras su paso por el Senado. Toca pues, monitorizar la tramitación parlamentaria, prever distintos escenarios y empezar a articular planes de respuesta.
Y, además, los aranceles.