Las recientes elecciones autonómicas y municipales han supuesto una transformación en el reparto del poder en los diferentes gobiernos locales y regionales. Anticipar cuáles van a ser las consecuencias sobre la fiscalidad local y autonómica resulta un ejercicio extremadamente difícil, y más aún en un contexto en el que no existen mayorías claras y en el que destacan la pluralidad de pactos que se están produciendo. Lo complejo de este ejercicio queda de manifiesto al comprobar las medidas tan heterogéneas que contienen los programas de las formaciones más votadas.
En lo que respecta al IRPF, por ejemplo, nos encontramos con propuestas que oscilan entre la intensificación de la progresividad en el tramo autonómico junto con la sustitución de deducciones autonómicas por programas de gasto público y las que reclaman, en cambio, un descenso de la parte Autonómica del impuesto. Con el Impuesto sobre el Patrimonio parece existir cierto consenso en cuanto a la armonización del límite exento, pero hay quien propone reducirlo de los 700.000 euros actuales a 400.000, y quién propone elevarlo hasta el 1.000.000. En el Impuesto sobre Sucesiones, las coincidencias se limitan a reducir la tributación por razones de parentesco.
Tampoco existen grandes coincidencias en las propuestas relativas con la fiscalidad local. Sin ir más lejos, en relación con el IBI, encontramos medidas como la eliminación de la exención para las confesiones religiosas, la sustitución del valor catastral por otro valor de referencia, el establecimiento de un recargo para las viviendas vacías o la eliminación general de exenciones.
A la heterogeneidad de las propuestas, hay que añadir el interrogante adicional de la reforma pendiente de marco estatal para dichas regulaciones, ya que la tributación autonómica y local ha quedado fuera de las reformas tributarias producidas durante el 2014 y 2015.
Más información | Tendencias Tributarias – Julio 2015
