El pasado 4 de noviembre se ratificó el Acuerdo de Paris, que fija el compromiso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI en adelante) para limitar el incremento de la temperatura por debajo del límite de los 2ºC marcado por la comunidad internacional. Hasta el momento, lo han ratificado un total de 94 países (de los 197 firmantes), entre los que se encuentra España. Coincidiendo con la entrada en vigor de este acuerdo, PwC ha lanzado su informe Low Carbon Economy Index, que analiza el progreso de las principales economías del mundo en la descarbonización de su economía.
Para cumplir con los objetivos de este acuerdo será necesaria una intensa descarbonización de la economía mundial, que asegure una reducción anual del 6,5% de la intensidad energética –emisiones en relación al PIB- hasta finales de este siglo. Es importante destacar que los compromisos internacionales adquiridos hasta el momento solo ayudarán a reducir esta intensidad en un 3%.
¿Y España? En los últimos años, se ha conseguido desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de GEI, consiguiendo una reducción anual del 2,2% de su intensidad energética para el período 2000/2015. Esta rebaja está por encima de la media mundial de 1,3% y de la de los países del G7, del 2,1%, para el mismo período. De hecho, España cuenta con uno de los valores de intensidad energética más bajos a nivel mundial (174 tCO2/ $m PIB). Este desacoplamiento se debe, en parte, al incremento en la contribución de las fuentes de generación renovable dentro del mix energético nacional.
La evolución de las emisiones en los últimos cinco nos aproxima a los objetivos europeos que nos situarán en la senda de los 2ºC, en el horizonte 2030
La evolución de las emisiones en los últimos cinco nos aproxima a los objetivos europeos que nos situarán en la senda de los 2ºC, en el horizonte 2030. Pero, para ello, todavía debemos reducir nuestra intensidad energética a un ritmo del 3,1% al año. Más allá, y de cara a los objetivos fijados para el año 2100, será necesario que seamos capaces de reducir nuestra intensidad energética hasta un 6,5% anual.
Para pasar de las palabras a la acción, hace falta un mayor compromiso por parte de todos los sectores económicos y administraciones públicas. Desde el sector público es necesario trabajar para concretar los objetivos nacionales más allá del 2020 y decidir cómo distribuir estos esfuerzos entre los sectores regulados y difusos. Por su parte, las empresas deben enfrentarse al reto de asegurar su viabilidad económica en el contexto de un proceso de transición hacia una economía baja en carbono.
El éxito en esta transición, a nivel nacional, necesita de una apuesta importante en la promoción de un modelo energético con menores emisiones de GEI, el desarrollo tecnológico que permita la innovación en todos los sectores consumidores de energía (con especial énfasis en las áreas de transporte y movilidad), así como un cambio en los hábitos y costumbres, que deriven en un mayor ahorro y eficiencia en el uso de recursos y energía.
Avanzar hacia una economía baja en carbono puede traducirse en nuevas oportunidades, tanto en el marco de nuevos instrumentos financieros y fiscales que promuevan comportamientos más sostenibles, como a través de la creación de nuevos servicios y productos que apoyen a los diferentes sectores productivos en sus esfuerzos por reducir su contribución en carbono.
Establecer una senda de crecimiento sostenible y la mejora de la competitividad nacional dependerá de nuestra capacidad para situarnos a la vanguardia en este contexto de nueva economía verde, así como de plantear un entorno adecuado que favorezca su desarrollo.
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