Hace algo más de una semana, los 27 miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que es un verdadero hito, tanto por su dimensión (1,8 billones de euros de los cuales 750.000 son del fondo de reactivación para paliar los daños de la Covid-19) como porque por primera vez las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda conjunta. Hablamos de un pacto histórico que es bueno para España y para Europa porque será un verdadero impulso a la reactivación del tejido productivo y del conjunto del país.
Como analizamos en nuestras últimas Claves Económicas, se trata de un acuerdo ciertamente “histórico” y positivo, pero es preciso tener en cuenta que ahora se pone en marcha un proceso complejo y no exento de altibajos. El siguiente paso es la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que probablemente no será un obstáculo. A continuación, lo tendrán que aprobar los parlamentos nacionales y, por último, se entraría en la etapa de implementación, que incluye trámites y gestiones que se pueden dilatar en el tiempo. El último paso sería el desembolso de los fondos, un proceso que puede ser lento, que involucra a distintas administraciones y que exige controles exhaustivos.
A pesar de la complejidad y lentitud de los procesos relacionados con fondos y si analizamos el acuerdo alcanzado desde la perspectiva empresarial, creemos que es preciso abordarlo teniendo en cuenta dos variables fundamentales para el futuro de las compañías. En primer lugar, es crucial que asumamos la urgencia y la necesidad de pasar a la acción cuanto antes. Las grandes cifras y la complejidad de los fondos europeos pueden suponer un freno, pero urge ponerse a trabajar sin perder un minuto.
Es crucial asumir que la “condicionalidad” no debería ser un corsé, sino una guía para crecer más y mejor
No hay que perder de vista que el Plan de Recuperación debe implementarse en su totalidad en los próximos seis años y que se pedirá una mayor intensidad en los tres primeros ejercicios. Además, estos fondos están sujetos a la puesta en marcha de reformas estructurales y el 70% de las transferencias deberían comprometerse en los dos próximos años, llegando al 100% en los tres próximos ejercicios. Por tanto, conviene activarse con urgencia para aprovechar los 140.000 millones de euros (72.00 en ayudas directas) que corresponden a España.
El acuerdo debería ser interpretado como un punto de encuentro entre partes “enfrentadas” pero capaces de lograr consensos que construyan una Europa común. La “condicionalidad”, término que se ha utilizado como arma arrojadiza, debería entenderse como una monitorización constante del uso de los fondos y como un elemento de rigor que impulse una planificación y ejecución modélica. Las condiciones acordadas y asumidas también por España no deberían ser un freno, sino una oportunidad para ajustarse a los grandes ejes estratégicos que compartimos con nuestros socios europeos.
En este punto, cabe preguntarse qué tienen que hacer las empresas españolas y cómo deberían interpretar el acuerdo. La respuesta es clara: es preciso activarse lo antes posible y adaptarse a un nuevo modelo productivo que, sin dejar a nadie atrás, pivote sobre la transición ecológica y la digitalización. Es fundamental informarse con celeridad para conocer el complejo mapa de fondos, saber en qué medida se puede conseguir financiación y alinearse con unas prioridades y un marco en el que habrá que avanzar en las próximas décadas. Iniciativas de apoyo e información como las que han puesto en marcha la CEOE y otras organizaciones empresariales son muy útiles para abordar una materia, que no siempre resulta sencilla.
A partir de un buen análisis de sus necesidades, de su estrategia y de sus recursos, las empresas tienen que asumir que estamos en un nuevo entorno en el que es preciso articular proyectos innovadores que fortalezcan la competitividad y nos permitan hacer una verdadera transición verde y digital. Se necesita tiempo y los cambios relevantes no se improvisan, pero también es crucial asumir que la “condicionalidad” no debería ser un corsé, sino una guía para crecer más y mejor.
Creemos que tanto empresas como administraciones deben avanzar juntas con una agenda compartida porque, ahora más que nunca, es necesaria una colaboración público-privada abierta y constructiva. España se encuentra ante una verdadera oportunidad porque ayer no se aprobó una partida de emergencia, sino un fondo de reactivación realmente ambicioso y un nuevo marco financiero que apuntalarán el futuro de la nueva generación de europeos.