La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios de hoy. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Los cambios en la regulación son especialmente significativos y tienen una gran repercusión en las decisiones empresariales. Así queda demostrado con el conflicto de las subvenciones de Estados Unidos a las tecnologías verdes, que está alterando la planificación de las inversiones en el sector y que amenaza con degenerar en una guerra comercial con la Unión Europea. Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.
REGULACIÓN
La IRA de la discordia
Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) pocos repararon en sus efectos colaterales en la industria mundial de las tecnologías verdes. En medio de un conjunto de medidas fiscales para contener los precios, la ley, que entra en vigor el 1 de enero, prevé 369.000 millones de dólares (importe similar en euros) de inversiones en seguridad energética y cambio climático. Una buena parte de esa cantidad de dinero se utilizará para subvencionar proyectos ecológicos en territorio estadounidense.
Lo cierto es que la IRA está cambiando la dirección de las decisiones de inversión, tanto dentro de Estados Unidos (con un aumento notable de los planes para promover la transición energética) como fuera (el grupo surcoreano LG ya ha anunciado la construcción de una planta de baterías en Tennessee). El problema es que esa desviación de inversiones afecta a otros países, y en concreto la Unión Europea ha manifestado su oposición a un paquete que en su opinión excluye a las empresas europeas y vulnera las normas comerciales internacionales.
La disputa amenaza incluso con provocar una guerra comercial, ya que ni Washington parece dispuesto a cambiar la ley ni Bruselas a ceder en su rechazo. Una posible solución sería que la Unión Europea aprobara un paquete similar de subvenciones, como han sugerido Francia y Alemania, pero la Comisión Europea no es proclive a adoptar decisiones que van en contra de su propia filosofía de defensa de la competencia, además de enajenar a otros bloques comerciales. Parte del desenlace del conflicto se decidirá en la reunión que se celebrará la próxima semana entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Luz verde definitiva a la Directiva de Información de Sostenibilidad
Tras un largo proceso legislativo, esta semana ha recibido la definitiva luz verde la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés). El Consejo de la Unión Europea aprobó el texto, que actualiza una directiva de 2014. La nueva normativa amplía notablemente el perímetro de las empresas que están obligadas a divulgar información (de 12.000 a más de 50.000) y también es mucho más exigente en cuanto a los requerimientos de indicadores sobre el impacto de su actividad en materia medioambiental, social y de gobernanza.
Un primer paquete de criterios de información ha sido ya remitido a la Comisión Europea por parte del Grupo Asesor de Información Financiera Europea (EFRAG, en inglés). El calendario establece que la directiva estará vigente a partir del 1 de enero de 2024 para las empresas cotizadas con más de 500 empleados; un año más tarde, obligará a las que tengan más de 250 trabajadores o 40 millones de ingresos, y en 2026 afectará también a las pymes cotizadas. Una legislación similar acaba de ser aprobada en Suiza.
La otra COP se celebra en Montreal
Tras la conclusión de la COP 27, la cumbre climática que se celebró en Egipto con resultados mixtos, la próxima semana se inicia en Montreal (Canadá) la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, conocida como COP 15 o la otra COP, que reúne a representantes de 195 países.
Aunque su repercusión en la opinión pública es mucho menor, la COP 15 intentará acordar un conjunto de objetivos vinculados a la preservación de la naturaleza para la próxima década. El impacto potencial de la degradación de la biodiversidad es elevado en sectores económicos como la pesca, la agricultura o el turismo, y también tiene implicaciones para la industria financiera.
INVERSIÓN
Alianza europea contra el ‘greenwashing’
Las autoridades de supervisión europea de banca (EBA, por sus siglas en inglés), seguros (Eiopa) y mercados (ESMA) han iniciado una investigación para reunir información sobre las prácticas de lavado ecológico (greenwashing) en los productos y servicios financieros. La iniciativa, adoptada a petición de la Comisión Europea, ha sido calificada de cruzada, en tanto en cuanto pone la bases para regular y perseguir este tipo de conductas engañosas, que hacen pasar por sostenibles productos que no lo son.
Al otro lado del Atlántico, el supervisor de los mercados de Estados Unidos (la SEC, en inglés) ha tomado ya medidas para combatir el greenwashing, incluyendo la imposición de distintas multas. La última sanción ha recaído sobre una gestora de fondos del banco de inversión Goldman Sachs, que ha aceptado pagar cuatro millones de dólares tras ser acusada por la SEC de incumplir los compromisos de varios fondos de inversión en materia de ESG.
Gestoras de fondos, contra la confusión
Las gestoras de fondos europeas están que trinan contra la confusión regulatoria que, en su opinión, impera en materia de sostenibilidad y que está afectando a la clasificación de sus productos. El problema es que el pasado verano la Comisión Europea aumentó las exigencias para que un producto financiero sea considerado dentro del artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (el denominado verde oscuro, que es la categoría de sostenibilidad más pura, en tanto en cuanto requiere objetivos sostenibles). Como consecuencia de ese cambio, numerosas gestoras de fondos (incluyendo BlackRock, Amundi o Axa) se han visto obligadas a degradar la calificación de sus fondos a la categoría del artículo 8 (o verde claro), reservada para productos que no tienen objetivos sostenibles explícitos pero que fomentan características ESG. De lo contrario, las gestoras hubieran podido ser acusadas de greenwashing.