La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios de hoy. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Los cambios en la regulación son especialmente significativos y tienen una gran repercusión en las decisiones empresariales. Es el caso del conflicto de las subvenciones de Estados Unidos a las tecnologías verdes, que puede llegar a provocar una guerra comercial con la Unión Europea. La buena noticia es que ninguna de las dos partes quiere esa guerra, y menos cuando hay plena sintonía a ambos lados del Atlántico sobre la guerra de Ucrania. La mala, que no es fácil encontrar una solución. Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.
REGULACIÓN
Condenados a entenderse
El conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea por la subvenciones del presidente Biden a las energías renovables (369.000 millones de dólares destinados a inversiones en suelo estadounidense) sigue con las espadas en alto. La reunión del pasado 5 de diciembre en Washington, donde estaba previsto que se debatiera la disputa, no sirvió para mucho. Las posiciones están muy distanciadas y la amenaza de una guerra comercial sigue ahí.
Sin embargo, nadie la quiere. Un conflicto de esa naturaleza debilitaría la alianza occidental en la guerra de Ucrania y además sería un contrasentido en el marco de la política de sostenibilidad europea, ya que las ayudas de Estados Unidos, aun discutibles desde el punto de vista de la libertad comercial, son positivas, ya que pretenden fomentar las energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
La sensación es que las dos partes están condenadas a entenderse. La dificultad está en encontrar una solución aceptable para ambas. Alemania ha hecho un amago de responder por su cuenta, al estudiar un paquete de subvenciones propio de 10.000 millones de euros, pero la oposición de otros países, incluyendo España, parece decantar la opción en favor de una reacción europea coordinada.
Las opciones de la UE son múltiples, pero todas tienen aristas: crear un megafondo especial para promover energías renovables, utilizar el paquete de transición energética, relajar las normas internas de la competencia, exigir una tratamiento especial para que las empresas europeas se beneficien también de la subvenciones de Estados Unidos… Una dificultad no menor para suavizar la disputa es el acuerdo europeo para exigir un impuesto al carbono a las importaciones industriales, que ha sido tachado de proteccionista por Estados Unidos, entre otros países.
Acuerdo en Europa para el primer impuesto al carbono
Los ministros de Energía y los reguladores medioambientales europeos han llegado a un acuerdo para establecer el primer gran impuesto fronterizo del mundo al carbono. El elemento clave del nuevo sistema es el mecanismo de ajuste del carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), que obliga a los importadores a comprar certificados de emisiones con el precio de CO2 fijado en la UE si los productos que pretenden comprar superan la normativa medioambiental europea.
El nuevo impuesto ha sido firmemente rechazado por los países no europeos, especialmente Estados Unidos, China y Sudáfrica, que entienden que se trata de una medida proteccionista que penaliza de forma injusta a sus fabricantes. Además, el acuerdo pretende acelerar el ritmo de reducción de emisiones de CO2 eliminando progresivamente los derechos gratuitos para contaminar que tiene la industria.
INVERSIÓN
‘Greenwashing’ made in USA
Las prácticas de greenwashing (lavado ecológico) siguen acaparando titulares en los medios de comunicación, sobre todo, en relación con las actividades de inversión. La situación es especialmente tensa en Estados Unidos. Las medidas de la SEC de Estados Unidos para vigilar el greenwashing han provocado que una gran cantidad de activos hayan dejado de ser catalogados como sostenibles. Y no sin razón.
Según un informe de la revista académica Review of Finance que cita el semanario The Economist, las prácticas de maquillaje verde son mucho más frecuentes entre los inversores institucionales de Estados Unidos que en Europa y en otras partes del mundo. El estudio desvela algunos datos especialmente llamativos. Por ejemplo, los gestores de fondos estadounidenses que son firmantes de los Principios de Inversión Responsable (una guía de obligaciones en materia de sostenibilidad) tienen peor puntuación en la aplicación de los criterios ESG que los del resto del mundo que no los han firmado.
Estas prácticas no son fáciles de controlar, como demuestran las dificultades de la Unión Europea para acordar una legislación sobre el mercado de bonos. La polémica alcanza incluso a eventos aparentemente lejanos como el Mundial de fútbol.
Las gestoras de fondos, bajo el fuego
Los grandes fondos de inversión siguen bajo presión por su posición sobre los criterios de sostenibilidad. Un destacado inversor británico ha exigido la dimisión de Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora del mundo. Le acusa de hipocresía por no cumplir los compromisos en materia de ESG que defiende públicamente. BlackRock es un abanderado de la aplicación de los criterios de sostenibilidad en la estrategia de inversión, pero su enfoque se ha ido matizando en los últimos meses.
Vanguard, otro gigante del sector, también está sometido a fuertes presiones. A principios de mes, Vanguard admitió ante las autoridades australianas haber incurrido en prácticas de greenwashing y aceptó una pequeña multa por dar información errónea sobre tres de sus fondos. Poco después, anunció su retirada de la Iniciativa de Gestoras de Fondos Cero Neto, una organización integrada en la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, cuyos miembros se comprometen a cumplir el objetivo de cero emisiones netas en 2050, entre otras obligaciones. Nada más conocerse el abandono de Vanguard, el estado de Texas la liberó de testificar ante un comité que acusa a las gestoras de fondos y a los bancos de prácticas para perjudicar a la industria de combustibles fósiles.
INSTITUCIONES
El éxito de la otra COP
La Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, conocida como COP 15 o la otra COP, concluyó esta semana en Montreal (Canadá) con un notable éxito, según la gran mayoría de los participantes. El acuerdo final, que compromete a los representantes de los 195 países firmantes, establece que en 2030 el 30% de las zonas terrestres y marinas deben estar protegidas.
Actualmente, están bajo protección el 17% de la superficie terrestre y el 10% de los ecosistemas marinos. El acuerdo también incluye la obligación de movilizar hacia los países menos desarrollados 20.000 millones de dólares anuales en 2025 y 30.000 millones en 2030. Asimismo, se establece el compromiso de reducir los subsidios a actividades económicas que dañan la naturaleza. Los resultados de la cumbre permiten su comparación con el Acuerdo París de 2015, que fue un punto de inflexión en la batalla contra la crisis climática.