La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Los organismos económicos internacionales están cada vez más preocupados por las consecuencias del cambio climático y estrechan el cerco sobre bancos y empresas para que declaren y asuman sus riesgos medioambientales. El Banco Central Europeo (BCE) ha recordado que consideran que las entidades tienen capacidad para determinar los riesgos climáticos que asumen al realizar préstamos a empresas y particulares y que habrá multas importantes si no lo hacen, según declaró Claudia Buch, nueva presidenta del Mecanismo Único de Supervisión europeo en Financial Times.
Por otro lado, la SEC ha adoptado nuevas reglas diseñadas para mejorar la divulgación de las compañías cotizadas relacionadas con los riesgos e impactos de los temas relacionados con el clima, como recogió el documento oficial.
Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas y la sociedad, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.
TRANSPARENCIA
Empresas y bancos deberán explicitar más sus riesgos climáticos
La subida de la temperatura puede afectar a la producción agrícola, a los movimientos migratorios y a las costumbres sociales. La falta de agua también será un factor que origine daños materiales, además de escasez para el hombre en algunas áreas, problemas que se añadirán a los de las inundaciones. Las empresas y los bancos se verán afectados por esta situación y los organismos económicos internacionales quieren que confiesen sus riesgos reales con más detalle y los conozcan los inversores.
Claudia Buch, quien asumió la presidencia del brazo de supervisión del Banco Central Europeo en enero, dijo en una entrevista con el Financial Times que los bancos europeos deben prepararse para el aumento de las insolvencias, los mayores riesgos geopolíticos y climáticos y los problemas en las industrias por el uso intensivo de energía.
Los bancos se quejan en privado de la reciente amenaza del BCE de imponer multas diarias a quienes no cumplan sus expectativas para afrontar los riesgos del cambio climático, alegando que las empresas no les facilitan la información que necesitan.
Claudia Buch aseguró que era “realista” que los bancos cumplieran esos requisitos, y puso el ejemplo de los certificados de eficiencia energética para las hipotecas, como recogió Expansión de la citada entrevista en Financial Times. “Es algo que, en la mayoría de los países, se puede conseguir fácilmente a un precio determinado”, reconoció. Pero, añadió, “incluso en ese ámbito estamos viendo deficiencias, por lo que los bancos no están obteniendo la información que deberían para evaluar estos riesgos”. La amenaza de multas diarias, aunque aún no se ha aplicado, es “una herramienta que utilizaríamos para otros problemas”, dijo Buch.
Desde fuera del BCE, también ha habido advertencias climáticas para el sector financiero. Según la directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Leena Ylä-Mononen, la UE corre un riesgo “cada vez mayor” de sufrir shocks financieros sistémicos debido al cambio climático, advirtió el jefe de la agencia ambiental de Europa, ya que las investigaciones mostraron que el continente debería prepararse para temperaturas al menos 3°C más cálidas que las de la época preindustrial para 2050.
“Esta es una llamada de atención para la industria financiera y la industria de seguros”, dijo al Financial Times.
Por otro lado, la SEC ha adoptado reglas diseñadas para mejorar las divulgaciones de las compañías públicas relacionadas con los riesgos e impactos de asuntos relacionados con el clima.
Las nuevas reglas incluyen lo que tienen que divulgar sobre los riesgos climáticos y la gestión de riesgos, así como la gobernanza de dichos riesgos por parte de la junta de accionistas. Además, las normas incluyen requisitos para divulgar los efectos financieros de eventos meteorológicos severos y otras condiciones naturales en los estados financieros auditados, según consta en el documento de la SEC.
Las divulgaciones se requerirán prospectivamente, con información de períodos anteriores requerida solo en la medida en que previamente fue divulgada en un archivo de la SEC, lo cual puede ayudar a facilitar la transición. Sin embargo, las reglas finales de la SEC difieren en muchos aspectos de otras nuevas regulaciones y estándares, como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, los Estándares de Divulgación de Sostenibilidad de IFRS y las leyes de divulgación climática de California. Es posible que esta situación conlleve a que las empresas reclamen una uniformidad legal para evitar distorsiones y más carga burocrática.
NUEVA NORMATIVA
La guía de la comunicación sostenible del Gobierno contempla multas de 100.000 euros por ‘greenwashing’
El Gobierno ha elaborado una guía con decenas de ejemplos prácticos para que las empresas mejoren su publicidad verde sin caer en el greenwashing, el llamado blanqueo ecológico, para el que contempla sanciones.
Bajo la denominación ‘Guía de comunicación sostenible: cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas’ es el título del documento de 60 páginas en el que se resalta que el impacto ecológico se ha convertido ya en un factor determinante de las pautas de consumo, informa EFE Verde.
La mayor conciencia medioambiental de los consumidores ha favorecido que algunas empresas apuesten por prácticas comerciales engañosas, con referencias a que sus productos o servicios son ecológicos, pero de forma vaga o no fundamentada.
Por ello, la publicidad verde que no tenga una base real puede ser considerada una práctica desleal, según ha recordado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que edita la guía.
Las empresas que caigan en esas prácticas desleales podrán tener sanciones de hasta 100.000 euros, o incluso más, hasta de un cálculo de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que se haya podido conseguir a partir de esa publicidad engañosa, informó Expansión.
En la guía se advierte de que están a punto de aprobarse dos directivas de la Unión Europea para proteger a los consumidores ante las alegaciones medioambientales publicitarias, que fijarán obligaciones para todas las empresas, salvo las microempresas.
Según un estudio de la Red de Cooperación para la Protección al Consumidor hecho en 2020 y citado en la guía, el 42% de las alegaciones eran dudosas y el 57% no ofrecían información suficiente para verificar su veracidad.
Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de los productos son “vagas, engañosas o sin fundamento“. Hasta un 40% incluso carece totalmente de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente.
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
La calidad del aire ha mejorado en Europa en los últimos 20 años
La calidad del aire en Europa ha mejorado de manera considerable en las dos últimas décadas, aunque esto no impide que todavía estemos lejos de los niveles que serían deseables, según las recomendaciones de la OMS de 2021. Por eso, pese a todo, el 86% de la población europea vive en zonas que superan los límites anuales recomendados por la OMS para el dióxido de nitrógeno (NO2), contaminante causado principalmente por el tráfico, según publicó La Vanguardia. Los británicos redujeron en un 5,7% sus emisiones contaminantes el año pasado mientras que el conjunto de la UE lo hizo en un 8%.
Los resultados de estudio ponen de relieve, pues, mejoras significativas de la calidad del aire en lo que respecta al NO2 (debido al tráfico) y a las partículas de mayor tamaño, mientras que las mejoras son menores en el caso de las partículas ultrafinas. Los contaminantes que más bajaron fueron las partículas y el NO2 de los coches
La mejora de la calidad del aire ha sido confirmada en un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, y el Barcelona Supercomputing Center. En él se analizaron los niveles de contaminación en 35 países europeos (543 millones de personas) entre el 2003 y el 2019.
Xavier Querol, investigador del CSIC (pero que no ha participado en este estudio), considera que hay cuatro factores que explican esta mejora en la calidad del aire. El primero es la implantación de la normativa Euro5 para los vehículos, que incluye filtros de partículas. El segundo es la entrada en vigor de la directiva sobre emisiones industriales y de las grandes instalaciones de combustión, que ha supuesto drásticas disminuciones en las emisiones del carbón, por ejemplo.
El tercero es una mejor planificación de las obras públicas, que permite reducir el polvo y las partículas. Y el cuarto es la extensión de las zonas de bajas emisiones en las ciudades, lo que restringe el tráfico más contaminante.
Por otro lado, el Reino Unido registró en 2023 las emisiones a la atmósfera más bajas de dióxido de carbono de los últimos 145 años, según los datos provisionales del Gobierno que ha podido analizar Carbon Brief, la página web especializada en ciencia y políticas de cambio climático
MOTOR
Los fabricantes españoles de puntos de carga de coches eléctricos facturaron 339 millones en 2023
Poco a poco, la red de puntos de carga en España va aumentando, tanto en los domicilios como en los centros públicos. Esto enchufes han vivido un crecimiento exponencial en dos años: en 2022 aumentaron un 38%, pasando de 13.300 a 21.500, según informó El País, y el año pasado subieron aún más: un 41% hasta los 30.350. No obstante, el segundo Anuario de la Movilidad Eléctrica afirma que los equipos de acceso público tienen un tiempo de uso medio de solo el 6,3%.
El crecimiento de puntos de carga va en paralelo a las matriculaciones de vehículos electrificados en España se impulsaron un 39% el año pasado y alcanzaron casi 140.000 unidades, un 12,2% del total (el año anterior fue el 13%). Ahora, España cuenta con un parque móvil de casi 467.000 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).
Durante el año pasado, empresas españolas como Ingeteam, Wallbox, Veltium o Circontrol alcanzaron una facturación de 339 millones de euros, como publicó Expansión, lo que se traduce en una subida del 13% en comparación con 2022, cuando se logró superar la barrea de los 300 millones, según datos recogidos en el Anuario 2023-2024, elaborado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal (Aedive).
La expansión de la movilidad eléctrica está motivando un aumento del negocio vinculado al ecosistema del vehículo eléctrico, tanto en lo relativo a la fabricación de automóviles, autobuses, furgonetas, motos o autobuses como al respecto de puntos de recarga. Las mayores ventas durante el año pasado motivaron que también creciera la industria de producción de infraestructura de recarga.
CONTAMINACIÓN ELECTRÓNICA
La generación de residuos electrónicos crece cinco veces más rápido que su reciclado y reutilización
La generación mundial de residuos electrónicos está aumentando cinco veces más rápido que su reciclaje y reutilización lo que implica que materiales recuperables, valorados en miles de millones de dólares, se queden en un cajón o, lo que es peor, en la basura y sin tratamiento adecuado, como informó EFE Verde.
Además de elevar el riesgo de contaminación, el tratamiento inadecuado de estos desechos también pone en peligro el desarrollo de tecnologías necesarias para la transición ecológica como, por ejemplo, las renovables o el vehículo eléctrico, dada la escasez de recursos y los pocos países en que éstos se encuentran.
Según el cuarto Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de la ONU, en 2022 generamos la cifra récord de 62 millones de toneladas de desechos electrónicos, un 82% más que en 2010, y sólo se recogió y recicló adecuadamente el 22,3%, es decir, menos de una cuarta parte.
Con esa baja tasa de reciclaje, el mundo desperdició en 2022 recursos naturales recuperables por valor de 91.000 millones de dólares, según el informe, en el que han participado el Instituto de la ONU para la Formación e Investigación (UNITAR) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).