Inmersos en una enorme incertidumbre, que es la peor de las situaciones para la evolución económica, los fondos europeos suponen una enorme oportunidad para España. Pero no hay oportunidad sin reto. Las cifras del Plan Europeo de Recuperación son asombrosas, especialmente para España, a la que se le han concedido casi un 20% del total: 72.700 millones de euros en subvenciones a fondo perdido que deberán asignarse en su mayoría en los próximos dos años y ejecutarse en un máximo de seis.
La oportunidad es relevante, pero el desafío para su gestión lo es aún más. Estos volúmenes son casi 8 veces superiores a las ayudas europeas distribuidas por la administración española en el pasado, exceptuando las agrícolas.
No es posible, a la fecha, asegurar que se va a hacer un buen uso de estas ayudas en toda su extensión y a todos los niveles, y es comprensible, por tanto, la desconfianza inicial. Sin embargo y a tenor de volumen relativo de esta ayuda, es razonable también querer prestarles la atención que merecen.
El éxito del plan se evaluará en función de dos vectores: de la capacidad de consumir el montante pre-concedido y de multiplicarlo con fondos privados (el cuánto) y de la eficacia para conseguir que los fondos se destinen a inversiones relevantes y necesarias para la transformación de nuestra economía (el cómo).
Empezando por el cómo, estos fondos no sólo deberían permitir atenuar los efectos devastadores que la pandemia está causando y relanzar la economía española, sino posibilitar su avance hacia un modelo productivo mucho más competitivo, sostenible y resiliente.
La Unión Europea exige aplicar las ayudas a tres pilares: la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. El Gobierno español debe validar con la Comisión su Plan Nacional en el marco de estos grandes objetivos y posteriormente los proyectos deben responder a estos paradigmas.
En el Borrador del Plan Español se concretan cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial, y la agenda feminista.
En transición ecológica, se incluye (1) el despliegue del parque de generación renovable, (2) el impulso de una movilidad urbana sostenible, segura y conectada (250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga en 2023), (3) un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, (4) la inversión en infraestructuras eléctricas y promoción de redes inteligentes, y (5) el hidrógeno renovable y su integración sectorial.
En transformación digital, (6) la política industrial España 2030 que incluye un plan de digitalización de 4 sectores como salud, automoción, turismo y comercio o la Estrategia de Economía Circular en especial en el sector de construcción, textil, agroindustria y electrónica, (7) el impulso a la pyme con el plan de digitalización para 2,5 millones de pymes o el refuerzo de la estrategia de España Nación Emprendedora, o también (8) la estrategia nacional de inteligencia artificial.
En cohesión, se introducen prioridades de inversión de carácter más territorial como (9) el plan de modernización, competitividad y diversificación del sector turístico, (10) la conectividad digital, fomento de la ciberseguridad y despliegue del 5G (con un objetivo de que el 75% de la población disponga de tecnología de comunicación inalámbrica 5G), y (11) la estrategia de transición justa.
Habrá eficacia para tener éxito en el cómo, si se trabaja en tres aspectos clave:
- Participación de la empresa: El grueso de los fondos debería destinarse al sector privado, que es el más dañado por la crisis. Las empresas tendrían que liderar los proyectos para favorecer su efecto multiplicador y su aprovechamiento óptimo. La experiencia positiva de países como Alemania, Holanda o Polonia demuestra que se debe contar con ellas desde el principio.
- Equilibrio entre lo táctico y lo estratégico: Ha de existir un arbitraje entre proyectos de ejecución y retorno rápidos y otros más transformadores con resultados a medio y largo plazo. Es comprensible que se quiera destinar parte de estos fondos a asegurar la inversión pública necesaria (para las infraestructuras tradicionales o para la digitalización de la administración), pero es más crítico aún dotar del peso y de la relevancia necesaria a los proyectos de inversión que modernicen nuestra economía y mejoren la competitividad del tejido productivo.
- Inversiones pensadas para el futuro: Es vital realizar un buen ejercicio de identificación y selección de proyectos. Los proyectos deben responder también a las necesidades del tejido empresarial español del futuro. Es complicado consumir una ingente cantidad de fondos en digitalizar o reducir emisiones de una industria de pequeño peso específico.
La segunda reflexión es sobre el cuánto seremos capaces de ejecutar. Estamos ya con tiempos muy ajustados. Los más de 70.000 millones deben consumirse con cargo a reformas e inversiones a ejecutar en sólo 6 años (2021-2026) y su definición debe hacerse en los primeros 3 años, con un 70% aprobado en los primeros 2 años (2021-2022).
Este calendario es muy exigente, considerando el calado de algunas de las reformas que deberán plantearse, así como la complejidad de ejecución de los proyectos que necesariamente deberían incluirse.
Será fundamental contar con un modelo de gobernanza extraordinario que aporte la agilidad necesaria. Los mecanismos tradicionales son claramente insuficientes.
1. Será clave utilizar a la “empresa privada como colaboradora necesaria”. Los programas deben dotarse de un modelo de canalización ágil. Organismos intermedios, como Red.es o IDAE, deberán jugar un papel fundamental, y se hará necesario reforzar sus estructuras.
Su labor debería ser complementada por empresas que cuenten con recursos para la canalización, con la capilaridad y cercanía a los receptores necesaria. Otros países como Francia ya están planteando modelos similares a éste donde, por ejemplo, se plantea que las entidades financieras jueguen un papel importante.
2. Hay que afrontar cambios en la legislación de distribución de fondos públicos y CPP para asegurar una elevada ejecución, se debe ser innovador y valiente en el enfoque de los cambios. No sólo modernizando la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Subvenciones, sino también potenciando de forma práctica la colaboración público-privada, reforzando figuras como los consorcios o los vehículos de inversión directa en equity. Países como Polonia o Luxemburgo están más avanzados en algunos de estos instrumentos y son mejores prácticas a seguir.
3. Debemos mejorar el modelo de control de inversiones para asegurar que se haga un buen uso de las inversiones concedidas. Existe enorme experiencia en auditorías de gasto y en análisis de inversiones que debe aplicarse, también para estos fondos.
España tiene un reto muy importante y hacerlo bien apuntalaría la economía creando oportunidades para las empresas y empleo para los ciudadanos. En este objetivo todos, y no sólo la administración, deben participar. Toca ayudar y confiar.