El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Sus efectos no son una entelequia sino una realidad cada vez más patente: desertificación, subida del nivel del mar, temperaturas extremas, fenómenos meteorológicos adversos… Esta es la razón por la que la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha el Pacto Verde, una hoja de ruta que aspira a reducir las emisiones de gases invernadero un 55% en 2030, en comparación con los valores de 1990, y alcanzar la neutralidad climática en 2050 (es decir, que haya cero emisiones netas a partir de ese año).
Aunque es evidente que son necesarias medidas para frenar los efectos del cambio climático, también lo es que las empresas se están enfrentando a una ingente cantidad de normas, restricciones y cargas administrativas que amenazan su productividad y competitividad. Según datos de EuroCommerce, en la próxima legislatura europea se abordarán, sólo en el ámbito comunitario, 600 regulaciones relacionadas con sostenibilidad que afectan a las empresas.
El sector de centros y parques comerciales se enfrenta, por tanto, a una elevada carga regulatoria, ya que se ve afectado tanto por las normativas y restricciones relacionadas con el desempeño de su actividad comercial, como la que afecta a la gestión de sus activos inmobiliarios. De hecho, lleva años tomando medidas y fijándose objetivos para mejorar la eficiencia energética de sus edificios, integrar las fuentes de energía renovables y el autoconsumo, fomentar la movilidad sostenible, optimizar la gestión de residuos y las economías circulares y reducir el consumo energético e hídrico, entre otras iniciativas.
Sin embargo, en los próximos años el sector va a tener que redoblar estos esfuerzos para hacer frente a las nuevas exigencias regulatorias en materia medioambiental. Precisamente el último Observatorio de Centros y Parques Comerciales en España, que trimestralmente elaboran PwC y Apresco, se dedica a analizar en detalle tres principales directivas comunitarias relacionadas con la sostenibilidad más relevantes para el sector en el medio y largo plazo. Las explicamos, brevemente, a continuación:
1. Eficiencia energética de edificios. En marzo de 2024 se aprobó la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), que busca acelerar la renovación de los edificios existentes y garantizar que cumplan los más altos estándares de eficiencia energética. Esta norma se centra en la descarbonización del parque inmobiliario, la reducción del consumo energético y la promoción de fuentes de energía renovables. La directiva introduce el concepto de edificios de cero emisiones, con el objetivo de que todos los nuevos alcancen ese estándar en 2030 y los existentes en 2050. La directiva entrará en vigor en el segundo semestre de 2024, tras su publicación oficial. A partir de esa fecha, se establecerá un plazo de 24 meses para que los Estados Miembros transpongan las medidas al ordenamiento jurídico nacional, fijando marzo de 2026 como límite. Los Estados miembros determinarán el régimen sancionador aplicable en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la Directiva. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
2. Información corporativa en materia de sostenibilidad. A finales de 2022 se publicaba la Directiva de Información Corporativa en materia de Sostenibilidad Europea (CSRD, por sus siglas en inglés), que ya tiene un calendario concreto de implantación que obligará a un gran número de las compañías (también pymes) a cumplir con el nuevo reporting no financiero antes de 2028. La directiva tiene en cuenta tanto temas de gobernanza; estrategia; gestión de impactos, riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos. Para poder responder a todas las exigencias, será necesario cumplir con 12 normas europeas de información sobre sostenibilidad (NEIS), divididas en cinco de carácter ambiental, cuatro de carácter social, una relativa a gobernanza y dos de carácter transversal. Estas normas se verán complementadas en un futuro por normas sectoriales específicas. La complejidad de la CSRD y su nivel de profundidad en cuanto a la información requerida supone un gran reto para las empresas, las cuales tienen un tiempo limitado para prepararse y adaptarse a los nuevos requerimientos.
3. Debida Diligencia. La Directiva de Diligencia Debida (“CS3D”) fue publicada el 5 de julio de 2024 y entró en vigor el día 25 siguiente. Los Estados miembros deberán realizar su transposición en un plazo de dos años. No obstante, su aplicación se llevará a cabo de forma escalonada en periodos de entre 3 y 5 años en función del tamaño de la empresa. En términos generales, la norma obliga a las empresas a detectar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos adversos, reales y potenciales, para los derechos humanos y el medio ambiente que causen sus actividades empresariales, así como las de sus filiales y las de los socios comerciales del grupo en su cadena de actividades (que engloba tanto los eslabones previos de producción del bien como los eslabones posteriores de la cadena con la distribución, el transporte y el almacenamiento del producto). Aunque el ámbito subjetivo se delimite en función del volumen de negocios o el número de empleados, la realidad es que todas aquellas empresas que no superen los umbrales fijados por la CS3D también se verán afectadas por sus disposiciones en la medida en que formen parte de la cadena de actividades de empresas obligadas, como contratistas o subcontratistas.