El prestigio de Mario Draghi (Roma, 77 años), desborda el ámbito económico. Ha sido presidente de Italia entre 2021 y 2022, además de dirigir el Banco Central Europeo de 2011 a 2019, cuando salvó al euro, y quizá a la Unión Europea. Con este bagaje recibió el encargo de elaborar un informe titulado Competitividad de la UE: mirando hacia el futuro, que sirviera de referencia a la nueva Comisión Europea, que ahora se forma.
A lo largo de las 328 páginas del escrito, Draghi propone una serie de recetas para acortar la brecha de productividad y de renta que tiene el Viejo Continente con Estados Unidos, dentro de poco gobernado por Donald Trump. El estudio propone fórmulas para reactivar la economía, así como identificar los desafíos a los que se enfrentan la industria y las empresas europeas, tras dos décadas desacelerándose. El Informe Draghi reclama que se fortalezca la cooperación y se fomente la integración, así como que se reduzcan barreras y burocracia.
En PwC hemos dedicado la edición de nuestro Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, a conocer la opinión de los expertos, empresarios y directivos sobre el futuro modelo económico para Europa. La amplia mayoría de nuestros expertos, un 89%, está de acuerdo con el diagnóstico y las recomendaciones del informe, y el 48% piensa, además, que se llevarán a cabo “porque es lo que le hace falta a Europa”. Sin embargo, otros no son tan optimistas: un 31% apunta que “los Estados no lo pondrán en marcha porque supone admitir una pérdida de soberanía”, mientras que el 21% cree que la “fragmentación y la polarización política del Parlamento de Bruselas impedirán que las propuestas se lleven a cabo”.
Una de las claves del informe es la reclamación de caminar hacia un mercado realmente único en Europa, superando las fronteras nacionales de los 27 países, y flexibilizar las reglas de Competencia para poder crear nuevos gigantes que puedan competir con los de EE. UU. o China. El 82% de los encuestados está de acuerdo en que se flexibilicen estas normas “porque su rigidez ha frenado mucho a la industria europea”. Son muy pocos, solo el 14%, los que creen que relajar estas normas provocará que se aglutine un control excesivo del mercado en cada uno de los países de origen.
Un buen ejemplo es el éxito de la creación de Airbus, que supuso la formación de un gigante europeo de la aeronáutica gracias a la unión de dos grandes compañías de Alemania y Francia. Pero son casos aislados. En la Unión Bancaria, sin ir más lejos, ha sido imposible lograr acuerdos legislativos que faciliten las fusiones transnacionales de bancos, capaces de formar entidades financieras que compitan con las de Estados Unidos.
El desafío es enorme porque los Gobiernos quieren mantener a sus campeones nacionales dentro del territorio y dificultan que las sedes sociales de las grandes compañías emigren a otras capitales europeas. Y esta tendencia no solo sucede en el sector bancario. Para lograr este cambio, la Dirección General de Competencia, DG Comp, que se encuentra en Bruselas, debe considerar toda la Unión Europea como un solo mercado, mientras que las diferentes Autoridades de la Competencia nacionales deben legislar teniendo en cuenta un horizonte, a medio plazo, de un mercado de 27 países, algo que ahora no sucede.
En línea con esta cuestión, Mario Draghi manifestó que era partidario de los aranceles a productos de países o áreas competidoras de la Unión que hayan generado “una ventaja injusta en el mercado a través de políticas industriales y devaluaciones del tipo de cambio”, en referencia a los coches chinos. A los empresarios y expertos se les preguntó si eran partidarios de imponer los aranceles a estos vehículos, y un 58% dijeron que sí, “porque China está actuando con medidas que atacan la libre competencia” o porque “hay que defender la industria europea”. Para un 35% la medida es negativa porque “va a generar una guerra comercial con malas consecuencias para todos”. Solo un 3% considera que será una medida nociva “porque perjudicará a los productores europeos afincados en China”.
Resulta llamativo que hasta hace poco tiempo los europeos parecían contrarios a los aranceles y ahora, ante el empuje de los productores chinos y el ambiente proteccionista mundial, justifican las medidas defensivas, aunque vayan contra el libre comercio. En el fondo, Europa está defendiendo su mercado laboral porque es el sustento del Estado de Bienestar y de la democracia liberal, que tiene enemigos fuera de nuestras fronteras.
La defensa del sector del automóvil sugiere el debate sobre qué hubiera pasado si se hubiera protegido con la misma fuerza al mercado de las telecomunicaciones europeo. Así, por ejemplo, Nokia o Ericsson podrían ser ahora empresas mundialmente relevantes frente a las competidoras estadounidenses o asiáticas que dominan este mercado estratégico. Europa ha comprobado cómo sus sistemas de libre comercio pueden frenar la creación de campeones mundiales europeos en negocios, como la tecnología o las telecomunicaciones, que son estratégicos.
El informe Draghi abría un abanico de recetas para implantar en Europa para impulsar la economía. Los encuestados han elegido como más prioritarias acelerar la innovación y fomentar la inversión. De esta forma, han quedado más relegadas otras medidas como revitalizar la competencia, reducir el gap de habilidades/capacidades y, por último, reforzar la gobernanza de la Unión Europea. No deja de ser curioso que no se otorgue más importancia a mejorar la gobernanza cuando es un factor clave para modificar las reglas actuales y adaptarlas a los nuevos tiempos, con Donald Trump en el poder en Estados Unidos.
Todos estos cambios implican, según el informe Draghi, una inversión público-privada de entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año. El 46% de los que respondieron a la encuesta considera que es factible invertir esta cifra, realizando emisiones de deuda conjuntas y movilizaciones de capital privado. El 35% indica que no es posible, y el 18% cree que no se conseguirá “porque las empresas no están en condiciones de invertir tanto dinero”. Para una mayoría, exactamente el 58%, el mayor riesgo es que estas inversiones solo sirvan para elevar la deuda pública europea sin obtener resultados tangibles a medio plazo.
Otra clave para mejorar la competitividad europea es reformar el programa de la UE para la I+D+i en su enfoque, destinando más inversión a la innovación disruptiva y reduciendo la burocracia. Al 61% de los encuestados les pareció prioritaria esta cuestión “porque la UE se ha quedado atrás en la investigación, patentes, etc.”. Un 37% también lo ve importante, pero son pesimistas: “No creo que se vaya a implementar”, afirman.
En otra de las cuestiones del informe se preguntaba por la reducción de los obstáculos regulatorios ante la posibilidad de que fueran los factores que más frenan el funcionamiento práctico de la UE y que provoca que los ciudadanos vean a Bruselas como una institución alejada de sus problemas. Un 70% aseguró que este exceso de regulación hace que la UE “sea poco operativa”, mientras que un 18% apuntaba que es lo que “está detrás de la mala imagen ciudadana de la Unión”.
Por último, a modo de conclusión, se interpelaba a los encuestados por los principales obstáculos que tendrá el informe Draghi. Una amplia mayoría apuntó los “problemas políticos a escala nacional” y las dificultades políticas propias de Bruselas. En tercer y cuarto lugar indicaron la falta de recursos públicos y privados. Con el tiempo se verá quién está más acertado.
