El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos), sobre un total de 750.000 millones de euros para el conjunto de los países de la Unión Europea. El desafío es gestionar adecuadamente esa importante cantidad de dinero y asegurar que los fondos llegan a tiempo para apuntalar la recuperación de la economía. La semana pasada hubo buenas noticias. Los 27 países miembros terminaron de refrendar la Decisión de Recursos Propios, que permite financiar el programa de las ayudas. Cuando los parlamentos de Austria y Polonia, los más morosos y tardíos, aprobaron el proyecto, los suspiros de alivio se oyeron en todos los confines de Europa.  En esta serie quincenal de informaciones de actualidad ofrecemos una recopilación de historias para entender cuándo, cómo, por qué y para qué llegarán los fondos.

Un día histórico

La aprobación (final, definitiva e imprescindible) de la Decisión de Recursos Propios por parte de todos los países de la Unión Europea fue calificada por la  emisora de radio griega Athina 9.84 como “un día histórico”, porque por primera vez permite la emisión masiva de deuda europea común y hace posible la financiación del programa de ayudas Next Generation.

Con menos aspavientos, muchos otros medios de comunicación europeos y españoles también han resaltado la importancia de la noticia, ya que cualquier obstáculo en el proceso de aprobación país a país (en Polonia las negociaciones estuvieron a punto de romper la coalición de gobierno) hubiera podido retrasar la entrega de los fondos europeos.

Hay un trámite paralelo que está todavía por resolver en su totalidad, como es el envío de los planes nacionales de recuperación. Hasta el momento de escribir estas líneas, lo han entregado 23 países (el último ha sido la República Checa), y faltan por tanto 4 (Países Bajos, Estonia, Malta y Bulgaria), que debían haberlo hecho antes de finales de abril. Pero ese retraso no afecta a la totalidad del proceso, sino solo a los países impuntuales, que previsiblemente recibirán las ayudas más tarde.

80.000 millones de emisiones de deuda para abrir boca

La consecuencia de la aprobación por todos los países de la Decisión de Recursos Propios es la inminente emisión de deuda por parte de la Comisión Europea. En lo que queda de año está previsto que se pongan en el mercado bonos (a largo plazo) por un valor de 80.000 millones de euros y letras (a corto plazo) por varias decenas de miles de millones más. El Confidencial y Bloomberg cuentan los detalles de calendario. El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung va más allá y augura una fuerte demanda de estos activos y un tipo de interés próximo a cero, aunque algo más alto que el del bono alemán, que está en negativo. En el ajo estarán Santander y BBVA, que forman parte de la red de bancos colocadores que ayudarán a la Comisión Europea a vender las emisiones.

¿El nombre de la nueva deuda europea común? De momento no ha sido bautizada, pero la opción más facilona (los coronabonos) no gusta en las cancillerías europeas. El secretario de Estado para Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune, dice que lo de coronabonos le suena a expresión radioactiva.

El primer pago, antes de septiembre

Con el dinero que la Comisión Europea recaude con las emisiones, se harán los primeros desembolsos para que los países financien sus proyectos de recuperación. Según el calendario previsto, la Comisión Europea tiene dos meses para evaluar los planes nacionales (a contar desde su remisión a Bruselas, que en el caso de España fue a finales de abril) y el Consejo Europeo dispone de otro mes para dar su aprobación a los mismos. Eso nos lleva hasta finales de julio, que era el mes previsto para que la Comisión Europea hiciera los primeros pagos.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha reconocido un cierto retraso en el proceso y espera que el dinero  empiece a llegar “antes de septiembre”.

Y ahora toca cumplir con las reformas

A la espera de que las ayudas europeas fluyan, España necesita rematar las reformas estructurales incluidas en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algunas solo están esbozadas. De su materialización depende que vayan llegando los fondos, como recuerda Expansión. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo tiene claro. En una entrevista con El Economista, el ministro insiste en que el compromiso de España con la Unión Europea es tener aprobaba la nueva ley de pensiones antes de finales de año, lo cual exige llevarla al Parlamento cuanto antes, en una aparente llamada de atención a los agentes sociales para que no dilaten los últimos flecos de la negociación.

Y si de reformas hablamos, el debate sobre la mochila austriaca sigue coleando. Sin embargo, la idea lanzada por el Banco de España, que ha propuesto financiar los costes de transición del sistema con los fondos europeos, no cuenta con apoyos suficientes, según la vicepresidenta Calviño. Punto y ¿final?

Beneficios y riesgos

La polémica sobre el impacto de las ayudas europeas en la recuperación económica sigue muy viva. Una tesis decididamente optimista es la que defiende el economista portugués, y antiguo vicepresidente de la Comisión Europea, Vitor Constancio. En una entrevista en Il Sole 24 Ore, Constancio dice que los fondos procedentes de Bruselas permitirán a la zona del euro contener la fragmentación pospandémica hasta 2026, a pesar de que algunos países, en alusión sobre todo a España e Italia, han sufrido más que otros el castigo económico infligido por el coronavirus.

En la otra cara de la moneda, la nueva fiscal general europea (un cargo recién creado), Laura Codruta Kövesi, advierte sobre el mal uso de las ayudas europeas: “Con la gran cantidad de dinero y su flexibilidad hay un alto riesgo de más corruptelas en Europa, especialmente en el sistema de sanidad, agricultura, investigación y en los contratos públicos”.