La reforma laboral ha entrado de golpe en la ejecución del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), que aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos). El debate en el seno del Gobierno ha puesto todos los focos sobre un proyecto que es considerado un test clave para el cumplimiento de los compromisos de España con la Comisión Europea y por tanto también para el desembolso de las ayudas. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad recopilamos las historias más interesantes sobre los fondos, su gestión y su impacto en el tejido productivo, en un momento clave para la recuperación económica.

Retrato de una batalla interna, con Bruselas al fondo

La semana ha estado entretenida con la ruidosa polémica entre los dos partidos del Gobierno por ver quién y cómo se dirigen las negociaciones de la reforma del mercado laboral con los agentes sociales. Al final, ha habido un pacto sobre el método, con un calendario negociador preciso, pero no sobre los contenidos, que deberán ser consensuados la próxima semana entre el presidente Sánchez y las vicepresidentas Calviño y Díaz.

En medio de la batalla se sitúan los fondos europeos, ya que del resultado final de la reforma dependerá en parte el próximo desembolso de las ayudas, que debería ser de 10.000 millones en diciembre, aunque hay interpretaciones distintas sobre el nivel de riesgo que asume España en la negociación de la nueva legislación. Hay quien cree que las ayudas estarán amenazadas si la reforma es radical o si la patronal CEOE no firma el pacto, mientras otras versiones sostienen que se está utilizando a la Unión Europea como falsa coartada para evitar la derogación de la actual regulación.

Y a todo esto, ¿qué piensan en Bruselas? El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha estado en España, y como buen italiano ha dicho que el debate puede ser útil para conseguir una buena reforma. En todo caso, ha dejado claro que lo que espera la Comisión Europea es que haya equilibrio entre la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad de las empresas, y ha sugerido cambios para combatir la elevada segmentación del mercado laboral (entre trabajadores temporales y fijos), reducir la precariedad en el empleo y modernizar la negociación colectiva.

La estrategia para los préstamos y los dulces antes que las espinacas

España espera usar cuanto antes las transferencias de 70.000 millones (que no hay que devolver) para propulsar la recuperación económica, pero el Gobierno ya está pensando en los otros 70.000 millones en préstamos (que sí habrá que devolver a partir de 2028) que tenemos adjudicados en el programa de ayudas. La estrategia pasa aquí por presionar en Europa para conseguir que dichos préstamos no computen como deuda, a los efectos de evitar que el futuro ajuste presupuestario no sea excesivamente doloroso.

En tanto eso se dilucida, la idea del Gobierno es que la ejecución de los fondos tome “velocidad de crucero” en 2022. Por si acaso, el presupuesto de 2022 incluye una modificación legal para habilitar la ejecución plurianual de los planes ya iniciados y que se puedan ejecutar remanentes en ejercicios posteriores. ¿Servirá esta estrategia para transformar la economía española?

Eso es lo que se pregunta Financial Times en un macroanálisis en el que se resalta lo mucho que se juega España, pero también Europa, porque el ambicioso programa de ayudas (del que España es el segundo receptor) es un test del que depende en buena parte el futuro del proyecto europeo. En el análisis se describe la estrategia española como “los dulces antes que las espinacas”, en referencia a la preferencia del Gobierno por gastar deprisa los fondos antes de ajustar su política fiscal.

La banca se apunta

La lista de potenciales sectores beneficiarios de las ayudas europeas es larga: la automoción, las energías renovables, la rehabilitación de viviendas, la agroindustria, el turismo, el sector aeroespacial… La novedad ahora es que los bancos también esperan , vía indirecta, aprovechar las ventajas de los fondos de recuperación y confían en que aumente la hasta ahora decaída demanda de crédito, tanto por parte de las empresas como de los particulares.

El problema para que esas expectativas se materialicen es que los procedimientos para conseguir las ayudas son demasiado complejos. Al menos, eso es lo que creen en el sector industrial, donde temen que muchas empresas, sobre todo pymes, se queden fuera del reparto por dificultades burocráticas.

Polonia sigue dando guerra (la tercera mundial)

Una sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, que contradice la tradicional supremacía de la legislación europea sobre la nacional, y la multa de un millón de dólares diarios impuesta al Tribunal Supremo del país han vuelto a abrir una brecha en las relaciones del país con la Unión Europea.

¿Hará Polonia un Polexit y se saldrá de la UE? No es probable. Más parece que se quedará, pero dando guerra. Eso es al menos lo que dijo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cuando se le mencionó la posibilidad de que como castigo por su insubordinación la Comisión Europea congele las ayudas prometidas a Polonia en el Plan Europeo de Recuperación: “Eso sería empezar la tercera guerra mundial“. Los fondos europeos son importantes, pero aun así la declaración sonó un tanto hiperbólica, como un día después reconoció el Gobierno polaco.

Operación Centinela contra el fraude

La Europol ha lanzado la llamada Operación Centinela, dirigida a prevenir fraudes y estafas contra el Plan Europeo de Recuperación. En la operación, que durará al menos un año, intervienen también la Fiscalía Europea, la Oficina Europea Antifraude y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Por lo que parece, la magnitud de las ayudas ha llamado la atención de las organizaciones criminales (incluyendo la mafia italiana) y la Europol ha decidido abrir una línea de investigación nueva. De hecho, la organización intervino en junio pasado en el desmantelamiento en Francia de un red criminal para apropiarse de fondos europeos dirigidos al desempleo. 

La Europol es una organización policial europea en la que participan 19 países europeos, entre ellos España. Carece de funciones operativas (no puede, por ejemplo, hacer detenciones), pero sí las tiene informativas y de coordinación, por lo que a menudo colabora en operaciones en varios países.