El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU, en el argot de Bruselas) tiene previsto inyectar en los próximos seis años 750.000 millones de euros en las economías de la Unión Europa. De esa cantidad, a España le corresponden según el plan inicial 140.000 millones de euros (72.700 en subvenciones a fondo perdido y 67.300 en préstamos). Son cifras extraordinarias nunca conocidas en la historia europea reciente, y el calendario para recibir el dinero ya se ha puesto en marcha. Comunidades autónomas y empresas se han apresurado a presentar innumerables proyectos que aspiran a recibir los fondos, en una carrera en la que no todos serán ganadores. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad ofrecemos una recopilación de historias para entender cuándo, cómo, por qué y para qué llegarán las ayudas.
Por pedir, que no quede
Una vez que ha echado a andar el calendario de concesión de las ayudas europeas (los gobiernos nacionales tienen hasta el 30 de abril para presentar sus planes definitivos), comunidades autónomas y grandes empresas han lanzado sus planes para captar el mayor número posible de ayudas. Sin ánimo de ser exhaustivos, Cataluña ha presentado proyectos por valor de 41.000 millones; Andalucía reclama 28.000 millones; Madrid, 22.000 millones; Galicia, 9.400 millones; País Vasco, 5.700 millones; Baleares, 5.000 millones, y Canarias, 3.500 millones. En las empresas pasa algo parecido. Las compañías del Ibex-35 optan a más 100.000 millones, con Iberdrola (21.000 millones) a la cabeza.
Evidentemente, no todos los proyectos van a salir adelante, por mucho que se estiren los 140.000 millones a los que tiene derecho España (más de la mitad en transferencias hasta 2023). La primera criba la tendrá que realizar la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se ha rodeado de un comité de técnicos que la asesorarán en el proceso de selección y tramitación de los proyectos. Trabajo no les va a faltar.
Pero no, no hay barra libre para las empresas
Así lo ha dejado dicho Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20, adscrito al gabinete de Presidencia del Gobierno y una de las personas que más mandan en España en la gestión de los fondos europeos. Seguramente abrumado por la avalancha de solicitudes de ayuda, De la Rocha ha dejado claro que los fondos no son para tapar los agujeros de la crisis ni para financiar proyectos de bajo valor añadido.
El alto cargo de La Moncloa considera que la Comisión Europea será muy estricta y no permitirá financiar de forma artificial la actividad de empresas obsoletas o no viables, para evitar los errores de otras ayudas que acabaron enterradas en proyectos sin futuro. Un sector que está especialmente preocupado es el de la construcción, que teme que no le dé tiempo a ejecutar los múltiples planes que tiene entre manos y ha pedido al Gobierno que interceda para ampliar los plazos de ejecución de los proyectos.
El BOE publicó la semana pasada el reglamento europeo que desarrolla el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y establece la normas para la concesión de su financiación
Ya tenemos reglamento
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada el reglamento europeo que desarrolla el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y establece la normas para la concesión de su financiación.
El MRR es con gran diferencia el fondo con mayor dotación de los que componen el paquete europeo para la recuperación. A él están asignadas ayudas por valor de 672.500 millones de euros, de los cuales 312.500 serán subvenciones y 360.000 millones préstamos. De ellos, a España le corresponderán 69.528 millones de euros en transferencias y 71.600 millones en préstamos, según estimaciones del Instituto Elcano.
El reglamento recientemente publicado detalla el proceso de presentación de proyectos, los trámites de evaluación y aprobación, cómo se van a pagar las ayudas y el calendario de actuaciones (ver gráfico). Lo explican muy bien en este artículo de Periscopio Fiscal y Legal de PwC.
Pendientes del presupuesto de la UE
Las manifestaciones de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, del pasado lunes casi sonaron a súplica: por favor, países miembros, ratifíquenme cuanto antes el aumento del presupuesto anual de la Unión Europea, porque, si no, no hay manera de emitir deuda (tiene previsto sacar al mercado emisiones por valor de entre 150.000 y 200.000 millones cada año) y por tanto tampoco puede haber ayudas europeas.
La petición de la presidenta redunda en otras manifestaciones realizadas por altos cargos europeos en las últimas semanas, pero hasta ahora con poco éxito. Los países miembros se lo están tomando con tranquilidad, y solo 7 de los 27 ya han culminado el proceso de ratificación, que la presidencia de la Comisión espera (necesita, para que no haya retrasos) que esté completado a mediados de abril. España, por cierto, es de los que todavía no lo han hecho. Que no nos pase como con la fabricación de las vacunas.
Y las reformas, ¿para cuándo?
Mucho se ha hablado de la condicionalidad de los fondos europeos, es decir, de que hasta qué punto su concesión está sometida a condiciones por parte de las autoridades europeas. Evidentemente, las ayudas tienen que dedicarse a las prioridades establecidas (digitalización, transición ecológica, etc…), pero al margen de eso no hay exigencias concretas.
España, por ejemplo, solo tiene que cumplir con las muy genéricas recomendaciones semestrales del Consejo Europeo, que son de sentido común y no comprometen la acción de gobierno. Con todo, en la Comisión Europea están esperando reformas estructurales que impulsen la economía, especialmente en el mercado laboral. Y para ya.
Por eso, según cuenta La Información, el Gobierno está presionando a los agentes sociales con el fin de acelerar las negociaciones y poder ofrecer a los señores de Bruselas acuerdos concretos como, por ejemplo, en materia de la lucha contra la temporalidad del empleo.
