El desarrollo del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), que aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos), no está siendo fácil. El programa de ayudas depende en buena medida de los denominados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), que son los llamados a liderar por las grandes empresas, pero su puesta en marcha está llena de negociaciones, dudas y polémicas. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad recopilamos las historias más interesantes sobre los fondos europeos, su gestión y su impacto en el tejido productivo, en un momento clave para la recuperación económica.
Bruselas, teléfono rojo
El despegue de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) depende de las negociaciones que están llevando a cabo el Ministerio de Industria (con el refuerzo de Moncloa) y la Comisión Europea para flexibilizar la normativa de ayudas públicas. El problema es que Bruselas está poniendo pegas al Perte del vehículo eléctrico porque se sale del paraguas del marco de ayudas de Estado, y hasta tanto no se resuelva esa dura negociación no habrá luz verde para convocar las ayudas, ni para el sector del automóvil ni para los otros Perte que esperan en cola.
Es el caso del proyecto para la salud de vanguardia, recientemente presentado por el Gobierno, que movilizará 1.469 millones de inversión pública y privada. Las cifras son sensiblemente inferiores a las del vehículo eléctrico, pero para un sector como el de la salud el Perte tiene carácter estratégico y supone una lluvia de millones que permitirá la creación de más de 12.000 puestos de trabajo.
Mientras tanto, alguna empresa se queja de que el Gobierno no está suficientemente implicado en sacar adelante el Perte del sector aeronáutico. Otros Perte previstos son el del sector agroalimentario (ya presentado por el Gobierno pero también a la espera de lo que pase en la negociación del vehículo eléctrico con Bruselas) y el de la economía de la lengua española.
¿Retraso? Según se mire
En las últimas semanas se han acumulado reclamaciones para que las Administraciones Públicas agilicen la tramitación de las ayudas del plan Next Generation. Lo pidió la patronal CEOE y la Comisión Europea advirtió de que el reparto de las fondos podría estar menos adelantado de lo previsto, lo que a su vez retrasaría su impacto positivo en la recuperación económica. Ciertas empresas, incluso, acomodan sus planes de inversión a ese presunto retraso.
Frente a estas interpretaciones de lo que está ocurriendo con los fondos europeos, el Gobierno considera que el ritmo de ejecución de las ayudas es el adecuado. Y para demostrarlo acaba de anunciar la convocatoria del llamado kit digital, que es un programa de 3.000 millones de euros para subvencionar con cargo a las ayudas europeas la digitalización de pymes y autónomos. En una primera fase se destinarán 500 millones de euros para que las empresas de entre 10 y 49 trabajadores puedan incorporar soluciones digitales como sitios webs, tiendas para venta online o herramientas para la gestión de clientes, y en posteriores convocatorias las ayudas llegarán a otros colectivos.
En la misma línea, el Consejo de Ministros aprobó esta semana una línea de ayudas de 230 millones a las investigación para el despliegue de las tecnologías 5G avanzada y 6G.
Las reformas pendientes
La entrega de las ayudas europeas está condicionada al cumplimiento de determinados hitos y objetivos en reformas tan cruciales como la de pensiones o la del mercado laboral. En el caso de las pensiones, el Gobierno ya ha amarrado un primer acuerdo parlamentario, como es el que se refiere a la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para rellenar la hucha de las pensiones. Se trata de un mecanismo de equidad intergeneracional que se ha aprobado pese al rechazo de los empresarios, lo cual ha dado lugar a algunas interpretaciones sobre las reticencias de la Comisión Europea a medidas que no tengan el apoyo de todos los agentes sociales, especialmente de cara a la espinosa negociación de la reforma laboral.
Sin embargo, no parece que eso sea un problema mayor y Bruselas se conforma con que el Gobierno negocie con los agentes sociales, aunque al final alguno de ellos se descuelgue. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también lo ha dejado claro: un posible rechazo de la patronal a la reforma laboral no condiciona la recepción de los fondos europeos.
