En solo cuatro décadas, España ha pasado de ser una economía cerrada y rezagada a uno de los destinos más atractivos para la inversión en Europa, impulsada por el acceso a fondos comunitarios y al mercado económico más atractivo del mundo. De hecho, según el Real Instituto Elcano, desde la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986 a 2020, España ha recibido más de 200.000 millones de euros en fondos europeos, sin contar con los NextGen, una inyección histórica que ha modernizado infraestructuras, impulsado el empleo y consolidado su modelo productivo.

Con estos datos se entiende que, en la primera pregunta de nuestra encuesta, en la que han participado expertos, empresarios y directivos, asociaciones empresariales y centros de investigación, el 98% conteste que “ha sido positiva la integración de España en la UE”.

Casi nadie parece tener dudas sobre esta cuestión; quizá por eso España es uno de los países más pro europeos de la UE. Los encuestados consideran, en un 52%, que lo que más nos ha aportado la Unión Europea ha sido poder participar en un mercado económico amplio y potente. En segundo lugar, se escoge la fortaleza institucional y, en tercer lugar, el acceso a los fondos comunitarios.

Desde el grupo de expertos que soporta la elaboración de esta encuesta, se resalta lo importante que ha sido la fortaleza institucional de Bruselas para que en España, Gobiernos de uno y otro signo, mantengan una ortodoxia económica y se hayan evitado políticas populistas que hubieran hecho descarrilar la economía.

Para que este encarrilamiento sea efectivo, España ha tenido que ceder parte de su soberanía en cuestiones políticas, económicas y de fiscalidad. El 64% está de acuerdo con esta afirmación, que ha sido una de las claves del éxito para un país como España, que se incorporó al club europeo después de una larga dictadura y un golpe de Estado. Quizá por eso, el 81% de los que están de acuerdo en que ha sido positivo ceder soberanía.

En la otra cara de la moneda está lo negativo, que en el caso de Bruselas siempre hace referencia a la burocracia. Para el 55% de los participantes en la encuesta, esta rémora administrativa ha provocado una mayor carga fiscal para los ciudadanos. No obstante, pese a esta leyenda negra, basada quizá en el desconocimiento sobre la labor de Europa, los datos desmienten esta creencia: la Unión Europea es una de las administraciones más pequeñas y eficientes del mundo en proporción a la población que sirve; emplea aproximadamente 32.000 funcionarios para una población de más de 447 millones de ciudadanos (datos de 2023). Eso equivale a 1 funcionario por cada 14.000 ciudadanos. En comparación, el Gobierno federal de EE. UU. tiene alrededor de dos millones de empleados civiles para unos 330 millones de personas —1 por cada 165 ciudadanos.

Cuando se pide bajar al detalle y se pregunta por los aspectos que han supuesto una mayor ayuda a España en estas cuatro décadas, las respuestas con más apoyos hacen referencia a la capacidad exportadora (uno de los pilares de la economía actualmente), la modernización del tejido productivo y la integración del tejido industrial español en las cadenas de suministro europeas. El consenso es amplio cuando se pregunta por los grandes beneficios que ha tenido España por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC); el 72% está de acuerdo en que ha supuesto un gran empuje, y eso explica la buena situación de muchas explotaciones agrícolas.

Europa está buscando su sitio en el nuevo mapa geopolítico creado tras la llegada de Donald Trump al poder. La cuestión es cuál debería ser el lugar de España dentro de la UE. Un 55% dice que “debería ser más influyente”, pero no cree que tenga capacidad para hacerlo y un 38% apunta que “debería ser reconocido como un país líder, una posición que no tiene todavía”. El momento es idóneo, dicen, porque en este instante la UE demanda líderes. En este contexto, el 95% afirman que España debería aprovechar su papel para impulsar un liderazgo en las relaciones con Latinoamérica.

Abordando el nuevo diseño de la Unión Europea, que busca más integración de sus países miembros, un 73% de los encuestados indican que “España debe impulsar una unión fiscal y la emisión de deuda conjunta permanente europea y terminar con los vetos en política exterior, lo que supone avanzar hacia una unión política”. Un 20% pide menos integración: “España debe avanzar hacia una unión fiscal, pero la política exterior debe quedar en manos de los Estados miembros y, como mucho, coordinarse cuando haya consenso”. Para un 5% lo mejor es “no apoyar estos avances porque suponen una cesión inaceptable de soberanía”. La conclusión es que existe un sentir mayoritario que pide más cesiones políticas y financieras a Bruselas, en una demostración manifiesta de europeísmo.

En cuanto a los retos que España debe superar en este contexto europeo, destaca la productividad, el principal factor para un 55% de los encuestados, seguido del endeudamiento público, el envejecimiento, la sostenibilidad de las pensiones, la falta de vivienda y la inmigración. Parece claro que, para los encuestados, empresarios y directivos, la inmigración no es una cuestión candente, como tampoco lo es la carestía de la vivienda.

Y ¿por cuáles sectores debería apostar más España? Los participantes en el panel destacan a la industria y la inteligencia artificial, como las grandes prioridades, seguida del impulso “a políticas transversales en lugar de sectores concretos”, el turismo, la agricultura y la defensa. Es probable que el papel poco brillante desde el punto de vista social que ha tenido el sector de la defensa en España hasta hace poco tiempo explique que los encuestados lo releguen al último lugar. También es cierto que España no cuenta con grandes empresas públicas o privadas de este sector, al que ahora van a llegar grandes inversiones desde todos los lados.

En cuanto a la lista de asuntos pendientes que tiene la Unión Europea, los encuestados tienen claro la falta de “una infraestructura tecnológica e investigadora”, en primer lugar, seguido de “una fuerza de defensa común”, clara apuesta por ejércitos coordinados, así como la creación de una “autoridad fiscal y un tesoro común”. Estas elecciones denotan un interés por una mayor integración política y económica. En el cuarto lugar y siguientes están la “integración de los mercados energéticos”, “conseguir empresas que sean campeones mundiales”, mejorar las redes de transporte, la educación y el mercado laboral.

Con la situación actual de la economía española, en lo que más podemos aportar, dicen los participantes, es en asuntos relacionados con la transición verde/energías renovables, la transformación digital, la reindustrialización, la industria de defensa y aumentar el tamaño de las empresas.

Como cierre del cuestionario, se ha preguntado si consideraban que los nuevos fondos Next Generation (unos 163.000 millones entre subvenciones y préstamos, entre 2021 y 2026) se están aprovechando con la misma utilidad que los recibidos en el pasado. El 80% responde que no, y solo el 17% cree que sí. No cabe duda de la mala prensa que han tenido estas ayudas, quizá porque han actuado más como lluvia fina para miles de pymes que como reparto de grandes cantidades a pocas empresas. También se apunta que han tenido un diseño muy garantista, es decir, se han pedido muchos trámites burocráticos para evitar problemas y se han convertido en farragosos y lentos procesos para los ciudadanos.

En cualquier caso, los participantes en la encuesta reconocen la gran fuerza transformadora que ha supuesto Europa para España y reclaman continuar en la cesión de soberanía política y económica hacia la Comisión Europea, como garantía de un mayor control de las cuentas públicas.