Durante más de un año, la sostenibilidad corporativa en Europa ha estado atrapada en un interregno regulatorio. Normas aprobadas, obligaciones en vigor y, al mismo tiempo, la sensación generalizada de que todo podía cambiar. Empresas, consejeros y directivos han trabajado con un marco que existía, pero que nadie sabía si sobreviviría intacto. La publicación en el DOUE, el pasado 26 de febrero de 2026, de la directiva conocida como Ómnibus I pone fin a ese paréntesis. No resuelve todas las incógnitas, pero sí las esenciales: quién está dentro y cuando aplica.

Ómnibus revisa dos de los pilares del marco europeo de sostenibilidad: la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y la Directiva de diligencia debida en sostenibilidad corporativa (CS3D). El objetivo declarado es simplificar y reforzar la competitividad europea. El resultado, sin embargo, implica una redefinición consciente del perímetro regulatorio, que reduce de forma significativa el número de empresas obligadas.

A partir de los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2027, solo estarán obligadas a reportar conforme a los estándares europeos de sostenibilidad las empresas y grupos con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros. Desaparecen del perímetro las pymes cotizadas y la mayoría de las empresas medianas que, conforme a la Directiva CSRD original, se preparaban para reportar ya en 2025. En España, las estimaciones sitúan entre 600 y 1.000 las compañías finalmente afectadas, muy lejos de las cifras iniciales.

Para muchos, este giro llega después de más de un año de trabajo preparatorio. Pero, más allá de la comprensible frustración, el nuevo marco aporta algo que faltaba: certeza en el calendario. Los Estados miembros deberán transponer las modificaciones antes del 19 de marzo de 2027, lo que obligará a España a reformar la Ley de Información No Financiera. Con la actual fragmentación parlamentaria, no sería extraño que la transposición se apurase hasta el final del plazo, o incluso que se superase. Además, queda por despejar si el legislador español optará por ceñirse estrictamente a los umbrales europeos o si tratará de extender el perímetro a empresas más pequeñas como ya hace la Ley de Información no Financiera.

A ello se suma la revisión de los estándares de reporte. La CE aprobará en los próximos meses unos ESRS simplificados, con menos requerimientos obligatorios, menor peso de narrativos y sin estándares sectoriales obligatorios. Para las empresas fuera de alcance, se consolidará además un estándar voluntario que facilite cierta homogeneización.

Por otro lado, la CS3D eleva los umbrales de aplicación hasta los 5.000 empleados y los 1.500 millones de euros de facturación y retrasa su aplicación hasta julio de 2029. Junto a ello, se abandona la expectativa, poco realista, de cartografiar cadenas de suministro enteras y se apuesta por un enfoque basado en el riesgo y en la información razonablemente disponible. Se refuerzan las salvaguardas para proveedores de menor tamaño y se reduce la exposición jurídica, desapareciendo el régimen de responsabilidad civil armonizado a nivel europeo y limitándose el régimen sancionador al 3 % del volumen de negocio global.

Llegados a este punto, la cuestión relevante no es solo qué ocurre con las empresas que quedan dentro del perímetro, sino qué deberían hacer las que quedan fuera. Porque quedar fuera no equivale a quedar al margen. Clientes, bancos e inversores seguirán trasladando exigencias a lo largo de la cadena de valor. Según la última encuesta global de PwC sobre reporting en sostenibilidad, más de dos tercios de las empresas que ya han reportado bajo CSRD afirman haber obtenido un valor significativo más allá del mero cumplimiento normativo, tales como mejor gestión del riesgo, mejor acceso a financiación y una posición competitiva más sólida frente a clientes sujetos a obligaciones formales. Un 38% utiliza esa información directamente para definir su estrategia y gestionar riesgos, y cerca de un 30% para transformar su cadena de suministro. No es casualidad que, pese a la reducción del perímetro, muchas empresas hayan decidido seguir reportando de forma voluntaria.

Esta simplificación regulatoria no cierra el debate sobre sostenibilidad corporativa, pero sí pone fin a una etapa de indefinición que no beneficiaba a nadie. Habrá menos empresas obligadas, pero las reglas del juego son, por fin, comprensibles. Para quienes están dentro, el reto es ejecutar bien. Para quienes están fuera, la pregunta ya no es si la sostenibilidad importa, sino si conviene adelantarse y convertirla en una palanca estratégica y no solo en un ejercicio de compliance.