En un contexto global cada vez más marcado por la incertidumbre, la competitividad de los países no solo depende del talento, la innovación, la productividad o de la estabilidad institucional, sino que exige contar con infraestructuras modernas, resilientes y bien conectadas. Los conflictos bélicos abiertos, la transición energética, la disrupción tecnológica o los problemas en la cadena de suministros –por mencionar algunos de los desafíos actuales más acuciantes– están obligando a repensar la planificación de las infraestructuras del futuro.
No basta con invertir en carreteras, redes eléctricas o puertos de forma aislada: las infraestructuras deben planificarse de forma integrada e interconectada, pensando cómo se relacionan entre sí y cómo responden a las nuevas necesidades de la economía. Si antes las inversiones se planificaban principalmente en función de necesidades físicas de conexión, ahora hay que incorporar en el análisis temas como la digitalización, la demografía, la planificación urbana, la escasez de recursos básicos como el agua o el estado de las redes existentes.
El informe Global Infrastructure Outlook 2025-2050 de PwC estima que en los próximos años será necesario invertir 151 billones de dólares hasta 2050 para mantener y modernizar las infraestructuras de todo el mundo, lo que implicaría que el gasto anual pase de 4,4 billones en 2024 a 6,9 billones en 2050. Una parte creciente de ese esfuerzo se concentrará en infraestructuras digitales. De hecho, el propio informe prevé que la inversión anual en centros de datos se multiplicará por 2,2 entre 2024 y 2027. La irrupción de la Inteligencia Artificial, la economía del dato, la electrificación, el cambio climático o las nuevas necesidades urbanas muestran que estas inversiones no solo deben ser eficientes, sino también seguras, sostenibles y capaces de adaptarse a un entorno cambiante.
En España, según datos de la patronal Seopan, la inversión pública en infraestructuras se ha reducido del 5,2% del PIB en 2009 al 2,7% en 2024. En una economía como la nuestra, donde la mejora de la competitividad sigue siendo una de las tareas pendientes desde hace décadas, es más urgente reforzar el esfuerzo inversor. Quizás no se trate de volver a esquemas de gasto público demasiado expansivos –algo insostenible con una deuda pública que supera el 100% del PIB–, sino de orientar mejor el capital, tanto público como privado, hacia proyectos bien enfocados y con capacidad de transformación, con el foco puesto en la conservación y el mantenimiento. España tiene ante sí la oportunidad de impulsar una nueva generación de infraestructuras, aunque, para aprovechar esta oportunidad, habrá que invertir más y hacerlo pensando en el largo plazo, superando el cortoplacismo clásico de los ciclos políticos.
Según las proyecciones de PwC a partir del modelo de Oxford Economics, la inversión anual en infraestructuras en España aumentará un 51% entre 2024 y 2050, desde 49.000 millones de dólares hasta 73.000 millones, elevando el peso de nuestro país en el mercado europeo del 7,6% al 8,1%. El informe realiza una proyección de cómo podría evolucionar la inversión en función de las necesidades de modernización de la economía, coherente con otros diagnósticos sobre el volumen de capital que España deberá movilizar en los próximos años. Por ejemplo, Seopan estima que el país necesita 150.833 millones de euros en infraestructuras de transporte de elevada rentabilidad socioeconómica para ejecutar actuaciones ya identificadas y cumplir con la normativa europea, de los que solo 85.083 millones corresponden a proyectos ya planificados con horizonte 2024-2035. El Instituto de Estudios Económicos apunta que es necesario destinar unos 11.000 millones de euros adicionales al año para mejorar y modernizar las infraestructuras españolas.
Más allá de las cifras concretas, es importante tener en cuenta que este salto inversor no se producirá por inercia. Si queremos aprovechar de verdad las oportunidades que se abren en el campo de las infraestructuras, tenemos que impulsar cambios regulatorios que faciliten la entrada de financiación y que permitan impulsar, con mayor ambición, modelos de colaboración público-privada. En este proceso, los fondos europeos han sido una ayuda clave, convirtiéndose un catalizador de proyectos de calado en movilidad sostenible, transición energética, agua, rehabilitación o digitalización. El reto a partir de ahora es aprovechar ese impulso para mantener un marco de inversión estable.
En el ámbito de las infraestructuras España cuenta con una gran ventaja competitiva que no se destaca lo suficiente. Nuestro país cuenta con empresas líderes en sectores como la construcción, las concesiones, la movilidad, la energía o la gestión del agua, que son referentes en los mercados más exigentes del mundo. Esta experiencia acumulada, unida a su capacidad para diseñar, financiar, construir y gestionar proyectos complejos, es una fortaleza que debemos ser capaces de llevar a la práctica en nuestro país. En los albores de la era de la inteligencia artificial, este capital empresarial debe ser un acicate, no sólo para conservar y modernizar nuestras propias redes sino también para reforzar la posición de España en la economía global. España es la decimoquinta economía del mundo, pero todavía ocupa el puesto 27 en calidad de sus infraestructuras, según el Ranking Mundial de Competitividad 2025 del IMD. Debemos convencernos de que no puede sostenerse ningún modelo económico competitivo en ausencia de infraestructuras sólidas y adecuadamente dimensionadas.