Contacto: Alberto Calles -

La banca europea ha atravesado en los últimos diez años todo tipo de vicisitudes. La crisis financiera que estalló en 2007 debilitó a numerosas entidades y obligó a los gobiernos a aportar una cantidad ingente de dinero público (según la Comisión Europea, 650.000 millones de euros entre 2008 y 2016, de los cuales la mitad fueron efectivamente utilizados) para recapitalizarlas. La reacción posterior de la autoridades europeas fue crear aceleradamente una nueva arquitectura de regulación y supervisión (lo que se conoce como Unión Bancaria), mucho más exigente que la anterior, con el fin de reforzar sus niveles de solvencia y evitar en lo posible la repetición del recurso al apoyo público. En paralelo, la ralentización de la actividad económica y la consecuente reducción de los tipos de interés golpearon la rentabilidad de las instituciones de crédito, que encontraron serias dificultades para ganar dinero en un contexto de caída de la demanda solvente y de estrechamiento severo de sus márgenes.

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La entrada en vigor de la segunda versión de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2, por sus siglas en inglés), que deberá ser incorporada a las legislaciones nacionales antes del próximo 13 de enero,  supone un importante desafío regulatorio y estratégico para la industria financiera europea, que se enfrenta a un cambio profundo en el statu quo. ¿Está preparado el sector para abordar con garantías a este reto?

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“La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta sino en aprender a bailar bajo la lluvia” (Anónimo)

El 29 de junio de 2012 la Unión Europea emprendió su proyecto más ambicioso desde la introducción del euro. En una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bruselas en medio de una atmósfera enrarecida por la crisis financiera, se aprobó una declaración en la que se sentaron las bases de lo que acabaría siendo denominado Unión Bancaria.

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Si algo se ha puesto de manifiesto durante los últimos años de la crisis es que la relación de dependencia entre los estados y sus sistemas bancarios genera un círculo vicioso que tiene graves consecuencias, tanto desde el punto de vista macroeconómico como empresarial. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Irlanda. En 2008, la crisis de su sistema bancario se trasladó al conjunto de la economía después de que las autoridades tuvieran que recapitalizar el sistema financiero y garantizar así su solvencia.

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La internacionalización de las empresas españolas y el cambio del perfil de ahorro de las familias serán algunos de los factores que impulsarán las fórmulas de financiación alternativas -no bancarias- en nuestro país en las próximas décadas. España es uno de los países desarrollados donde los recursos de las empresas tienen una mayor dependencia de la financiación bancaria tradicional -préstamos o líneas de crédito-, muy superior a la de países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. El informe, sin embargo, considera que en las próximas dos décadas irán ganando peso, poco a poco, otras fórmulas de captación de dinero.

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Las bases de la Unión Bancaria están puestas. Y el esqueleto de su estructura, en torno a un supervisor único -ya en vigor-, y a un Mecanismo Único de Resolución parece sólido. Sin embargo, el camino hacia una Unión Bancaria de facto no ha hecho más que iniciarse y ahora empieza de verdad. El informe, "La Unión Bancaria: ahora empieza de verdad", elaborado por el Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, analiza los retos a los que se enfrenta este proceso, su funcionamiento y el impacto operativo que tendrá en las entidades financieras. El documento fue presentado en un acto que contó con la participación de Iñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía y de José María Roldán, presidente de la AEB.

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