El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) tiene previsto inyectar en los próximos seis años 750.000 millones de euros en las economías de la Unión Europa. De esa cantidad, a España le corresponden según el plan inicial 140.000 millones de euros (72.700 en subvenciones a fondo perdido y 67.300 en préstamos). Son cifras extraordinarias. El desafío ahora es gestionarlas bien, y no parece cosa fácil, a tenor de los intensos debates que se suceden sobre el control, la selección y el reparto autonómico de los fondos europeos. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad ofrecemos una recopilación de historias para entender cuándo, cómo, por qué y para qué llegarán las ayudas.

Un decreto con truenos de fondo

La publicación a principios de marzo del informe del Consejo de Estado (pdf) sobre el decreto ley de control de los fondos europeos ha destapado la caja de los truenos.

Aunque el informe dictaminaba favorablemente el texto del decreto, que había sido aprobado por los pelos en el Congreso de los Diputados, sus observaciones advertían sobre la supresión de controles y otros trámites, lo cual dio pie a la oposición parlamentaria para criticar el diseño de los mecanismos de gestión y Vox dijo estar arrepentido de haber favorecido la aprobación del decreto con su abstención.

La presidenta de la Airef se sumó a las críticas al declarar al diario El Mundo que “toda rebaja en el control previo tiene que ir unida necesariamente a un refuerzo del control posterior”. La patronal CEOE, por su parte, reclamó que se aceleren los trámites y se acorten los procedimientos.

El diario El País intentó apagar el fuego con un análisis realizado en colaboración con juristas anónimos de la Administración que concluía que el texto final había recogido las observaciones esenciales del dictamen del Consejo de Estado, restituyendo buena parte de los procedimientos de fiscalización y de informes preceptivos, y que por tanto no ha lugar a tanta algarada. En cualquier caso, el decreto se está tramitando como proyecto de ley y los partidos tienen la oportunidad de mejorarlo en las próximas semanas.

El regalo de ser ministro de Economía en 2022

El proceso de tramitación de las ayudas europeas implica que su impacto favorable en la coyuntura económica se producirá no tanto en 2021 como en 2022. Además (vacunas mediante), la recuperación económica se espera tome velocidad en el segundo semestre de 2021 y se consolide en 2022, tal y como apunta el último informe de la OCDE. La conclusión es que ser ministro de Economía en España el año que viene será un paseo entre vivas y aplausos, sobre todo si se compara con las angustias de 2020 y de la primera mitad de 2021.

Además, la Comisión Europea ha anunciado que pretende mantener en suspenso las reglas fiscales en 2022, lo que significa que seguirá sin haber corsé para el déficit y para la deuda pública, en lo que La Razón entiende que es un regalo para el Gobierno español. A partir de 2023 la cosa seguramente cambiará, porque Bruselas ya ha advertido que se acabará la barra libre del gasto público y habrá que ajustarse el cinturón, so pena de un recorte del 25% en la cuantía de las ayudas.

Las baterías y el diablo

El anuncio de que el Gobierno, Seat e Iberdrola construirán “cerca” de Martorell (Barcelona) la primera fábrica de baterías de España, comunicado con trompetería la semana pasada, ha generado una gran controversia entre las comunidades autónomas.

“Rebelión de comunidades contra el enchufe catalán en la fábrica de baterías“, titulaba esta semana La Voz de Galicia. El proyecto, que se financiará en su mayor parte con las ayudas europeas, ha interferido en las aspiraciones de hasta a diez comunidades autónomas que pretendían ser sede de plantas similares. La presión de los dirigentes regionales ha llevado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a asegurar que la decisión sobre el lugar de instalación de la fábrica no está tomada.

Por si fuera poco, parece que el proyecto catalán no cuenta con la autorización de Bruselas ni ha seguido los procedimientos pertinentes. De acuerdo con las fuentes consultadas por Voz Pópuli, un proyecto de esa envergadura hay que presentarlo ante la Comisión Europea, ha de ser autorizado y posteriormente se debe realizar un proceso competitivo para abrir el consorcio a las empresas interesadas. Como dice Las Provincias, las baterías las carga el diablo.

España aprueba; Polonia y Hungría recurren

El Senado ha completado esta semana la aprobación por parte de España de la denominada decisión de recursos propios, que es un trámite imprescindible para elevar el techo presupuestario de la Unión Europea y en consecuencia permitir a la Comisión Europa emitir la deuda que servirá para financiar los fondos europeos. Además, de España, también han ratificado la decisión Francia, Croacia, Bulgaria, Italia, Malta, Chipre, Portugal y Eslovenia, pero hasta que no la aprueben los restantes 18 países no podrá emitirse deuda.

Por su parte, Polonia y Hungría, los pepitos grillo de los fondos europeos, siguen poniendo trabas en la tramitación de los fondos, y acaban de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la normativa que permite a la Comisión Europea condicionar la entrega de las ayudas europeas a los países que no respeten los principios del Estado de Derecho.

A todo esto, ¿cómo afecta el terremoto político a los fondos?

La tensión política, multiplicada con la moción de censura anunciada en Murcia y el presumible adelanto de las elecciones autonómicas en Madrid, no es la mejor noticia para la gestión de los fondos europeos.

Los buenos propósitos de cogobernanza con las comunidades autónomas pueden saltar por aires en el nuevo escenario político, a pocas semanas de que el Gobierno envíe a Bruselas su plan definitivo de Recuperación y Resiliencia, que debe ser remitido como muy tarde el 30 de abril. Al menos, esa es la tesis que sostiene El Confidencial, que entiende además que el acercamiento del PSOE a Ciudadanos puede provocar fricciones importantes en la coalición del Gobierno y dificultar las reformas estructurales que la Comisión Europea está esperando para validar las ayudas.

Según cuenta La Información, la preocupación es especialmente intensa entre los empresarios de Madrid, que temen se haya quedado “en el limbo” el trozo de la tarta de las ayudas que le corresponde a la comunidad autónoma.