El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) aportará a España en los próximos seis años 140.000 millones de euros (repartidos a partes casi iguales entre subvenciones a fondo perdido y préstamos), sobre un total de 750.000 millones de euros para el conjunto de los países de la Unión Europea. El desafío es gestionar bien esa importante cantidad de dinero y asegurar que los fondos llegan a tiempo para ayudar a consolidar el rebote de la economía europea. Esta semana se ha producido un nuevo avance, con la aprobación por parte del Ecofin (los ministros de Economía de los 27 países miembros) de 12 planes nacionales de recuperación, incluido el de España. Por tanto, el primer cheque (de 9.000 millones en el caso de España) ya viene de camino. En esta serie quincenal de informaciones de actualidad ofrecemos una recopilación de historias para entender cuándo, cómo, por qué y para qué llegarán los fondos.

Luz verde, un año después

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo dio su aprobación (pdf), en una decisión histórica, al programa Next Generation EU. Un año después, las primeras ayudas están a punto de llegar a 12 países miembros, incluyendo España. El procedimiento ha sido largo e intenso, con múltiples negociaciones y trámites intermedios.

Finalmente, los ministros de Economía de la Unión Europea han desbloqueado los primeros 50.000 millones de euros, 9.000 de ellos correspondientes a España. Un anticipo que según el comisario Gentiloni llegará en las próximas semanas para impulsar la confianza de los mercados y sostener la recuperación de la economía. Será entonces cuando la pregunta que hizo recientemente el primer ministro portugués, António Costa (¿ya puedo ir al banco?, le inquirió, medio en broma, medio en serio, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen) podrá ser respondida positivamente.

Uno de los países que todavía no ha recibido el nihil obstat europeo para recibir los primeros fondos es Hungría, pese a que el plazo ha expirado. Aquí se vislumbra un conflicto de origen político, porque Hungría, al igual que Polonia, está enfrentada con el resto de los países de la UE por su legislación en contra del colectivo LGTBI.

Y ahora, ¿qué?

Una vez que el cheque esté en la cuenta corriente, lo cual ocurrirá previsiblemente antes de que termine julio, los distintos gobiernos empezarán a gestionar y repartir las ayudas, que irán fluyendo con arreglo a un calendario y siempre que se cumplan los compromisos asumidos por cada país miembro (léase reformas) en su plan de recuperación.

En el caso de España, el siguiente tramo de ayudas (10.000 millones) llegará en diciembre de este año, y no parece que vaya a haber problemas para cobrarlo. El Gobierno se ha comprometido a cumplir con 50 hitos antes de fin de año, y muchos de ellos ya están cubiertos. En particular, se considera que el pacto para la reforma de las pensiones, firmado por el Gobierno y los agentes sociales a principios de julio, es un aval suficiente para esa segunda entrega.

Mucho más complicado se presenta el tercer cheque, previsto para junio de 2022 y que es además el de mayor cuantía de toda la serie: 12.000 millones de euros. En este caso, entrará previsiblemente en juego el compromiso del Ministerio de Trabajo de aprobar la reforma laboral antes de fin de año, y las posiciones previas de los agentes sociales están muy distantes.

Para las entregas posteriores (6.000 millones en diciembre de 2022, 10.000 millones en junio de 2023 y 7.000 millones en diciembre de 2023) será necesario activar otros dos compromisos importantes: la segunda parte del cambio en el sistema de pensiones (con el factor de sostenibilidad, o como se le llame, en el centro del debate) y la reforma fiscal. Más a corto plazo, un hito importante es la próxima Conferencia de Presidentes. Ya tiene fecha (30 de julio) y en ella el presidente del Gobierno debatirá con los presidentes autonómicos el reparto de los fondos. No se esperan caricias.

El primer Perte: algunas certezas y bastantes dudas

En abril, el Gobierno identificó las seis áreas incluidas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (los llamados Pertes), que son programas prioritarios, de especial complejidad y en los que los fondos públicos pueden ser determinantes para involucrar a la iniciativa privada. Son la automoción, el hidrógeno verde, el sector aeroespacial, la agricultura sostenible, la inteligencia artificial y un sistema de salud innovador.

El primero, el del vehículo eléctrico y conectado (VEC), ya ha sido aprobado por el Gobierno. Algunas cosas están claras: la inversión pública será de 4.295 millones y los proyectos que se sumen deben englobar a dos comunidades autónomas, un 40% de pymes y tres bloques de actividad (fabricación de coches eléctricos, baterías y ensamblaje). También está clara la intención del grupo Volkswagen de incorporarse al proyecto.

Pero otras cosas quedan en el aire. El Gobierno entiende que el Perte movilizará casi 20.000 millones de inversión privada, lo cual está por ver. El asunto de las fábricas de baterías, que es central al proyecto, también presenta dudas. Volkswagen quiere construir una en Martorell, que sería la tercera de las suyas en Europa. Pero el Gobierno aspira a que haya más de una, y, aunque hay distintas muestras de interés por parte de grupos automovilísticos, no se ha materializado ninguna.

En Extremadura sí hay planes concretos para construir una fábrica de baterías, pero para acceder al Perte necesitará adherirse a un proyecto de producción de coches eléctricos, que no existe en la comunidad autónoma. La complejidad del programa, que requiere la coordinación de diversos ministerios y administraciones, es también motivo de incertidumbre. Quizás por todo eso la respuesta del sector ha sido precavida.

Una crisis de Gobierno con mucho fondo

Los cambios del pasado fin de semana en la composición del Gobierno han subrayado la importancia de los fondos europeos en el nuevo rumbo del Ejecutivo. La gestión de las ayudas es una de las principales prioridades, si no la mayor, de lo que queda de legislatura.

En ese mismo marco de estrategia se inscribe la promoción de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, a la vicepresidencia primera. Su buena conexión con la Comisión Europea, de donde procede -fue directora general de Presupuesto-, da una cierta garantía de que no habrá sobresaltos en la tramitación de los fondos. El indiscutible liderazgo de Nadia Calviño en el equipo económico puede también ayudar a acelerar la ejecución de las ayudas, que tradicionalmente es uno de los puntos débiles de España en la gestión del dinero que llega de Europa.