La situación generada por la invasión rusa en Ucrania se ha convertido en otro cisne negro que nos ha vuelto a cambiar el paso a todos en nuestras ya atribuladas vidas. La tragedia humanitaria, sin precedentes en lo que va de siglo, se está traduciendo en innumerables pérdidas de vidas humanas y en más de 2,8 millones de refugiados, a los que podrían sumarse otros cuatro millones adicionales -según las estimaciones de ACNUR, si la guerra se prolonga. Pero a la catástrofe humanitaria se suman, además, los efectos económicos.
El encarecimiento exponencial de los costes de la energía y la escasez de algunas materias primas y alimentos está disparando el incremento de los precios -en febrero, la inflación creció en España un 7,6% interanual, sin recoger todavía el impacto de la guerra-, que amenazan con dañar el crecimiento económico por sus efectos en los sectores productivos con un consumo de energía más intensivo, como el transporte, la industria o la distribución.
Para evitarlo, las autoridades españolas y europeas ya están estudiando un abanico de medidas, todavía sin concretar, para reducir la fiscalidad de los combustibles y frenar el precio de la electricidad.
Todo este contexto deja en un segundo plano -aunque sea temporalmente- a uno de los proyectos estrella de la Unión Europea (UE): el Green Deal o Pacto Verde. Aprobado en diciembre de 2019, su objetivo es transformar la economía europea, promover la inversión en tecnologías bajas en carbono, mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos naturales y convertir a Europa en el primer continente neutral desde el punto de vista de sus fuentes de energía.
Precisamente, para conocer hasta qué punto están preparadas las empresas para los desafíos que plantea el Pacto Verde -y que más temprano que tarde acabarán llegando-, en PwC hemos realizado una encuesta a 300 compañías europeas y hemos recogido sus respuestas en el informe EU Green Deal Survey Report. Las conclusiones son bastante reveladoras: el 60% de las empresas europeas no están familiarizadas con el Pacto Verde y más de la mitad reconocen no estar preparadas para los desafíos que supone la iniciativa. Una situación a corregir, si tenemos en cuenta que el programa va a afectar a prácticamente todos los ámbitos de las compañías, desde los impuestos que paga, pasando por la fabricación, por sus políticas de compras, la gestión de sus cadenas de suministro, las finanzas y el reporting corporativos, por citar solo algunos aspectos.
Teñir de verde la economía europea implica profundos cambios en la forma en la que operan las empresas. El mayor de ellos vendrá del llamado mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). La Comisión Europea tiene previsto [antes de la guerra en Ucrania] ponerlo en marcha en 2023 y que esté totalmente operativo en 2026. El mecanismo penalizará las importaciones intensivas en emisiones de carbono y afectará a las decisiones que tomen las empresas sobre sus cadenas de suministro. Si los impuestos a estas importaciones son altos, podría exigir a las compañías a reconsiderar sus actuales cadenas de suministro y relocalizar centros de producción y distribución.
Pero, además, la UE ha propuesto distintos gravámenes para financiar parte de los 260.000 millones del Pacto Verde, que afectarán a la utilización de los terrenos, el agua, los plásticos y la eliminación de residuos. Por ejemplo, el próximo 21 de julio, entra en vigor la directiva europea que prohíbe la venta de plásticos de un solo uso y se espera, todavía, una mayor regulación para reducir las 29 millones de toneladas de plástico que se genera cada año en la UE, más Noruega, Reino Unido y Suiza. La UE espera cobrar a sus estados miembros 800 euros por cada tonelada de residuos de plástico. Y algunos países como España e Italia ya han anunciado la creación de impuestos sobre este tipo de envases, suponemos que para financiar tales pagos, mientras que otros países todavía tienen que decidir su puesta en marcha o revisar los tributos que ya tienen.
Otra de las novedades que vienen con el Pacto Verde es la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) en línea con el objetivo de alcanzar una reducción de las emisiones netas de carbón en 2030 de, al menos, el 55% comparado con los niveles de 1990. Desde su puesta en marcha, en 2005, este sistema ha reducido las emisiones en más de un 40% en los sectores afectados. La Comisión propone, ahora, incluir además al transporte marítimo, por carretera y al de la edificación.
La UE también tiene previsto modificar, como parte del Pacto Verde, su Directiva sobre la Fiscalidad de la Energía para promover las energías limpias y desalentar el uso de los combustibles fósiles en línea con sus objetivos de reducción de emisiones en 2030. El cambio principal será el paso de una fiscalidad basada en el volumen a otra basada en el tipo de energía y su efecto en el medio ambiente. Aquellas que tienen un peor impacto estarán sujetas a mayores tipos impositivos. Por ejemplo, el uso de los combustibles fósiles para el transporte aéreo, marítimo y para la pesca dejarán de estar exentos.
Parece claro que las economías europeas han de atender ahora a las terribles consecuencias de la guerra en Ucrania. Mitigar el desastre humanitario y desplegar con tino la regulación adecuada para evitar el ahogamiento de la actividad productiva son ahora las dos prioridades principales. No sabemos por cuánto tiempo se prolongará la situación actual, pero una vez que acabe la guerra y las aguas vuelvan a su cauce, las empresas deberán afrontar una transformación sin precedentes, que afectará especialmente a los responsables de sus departamentos fiscales, pero también a los directores financieros, de recursos humanos, de compras, de operaciones… No lo perdamos de vista.
