La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. La industria es consciente desde hace décadas de la necesidad de reducir la emisión de CO2 de combustibles fósiles y trabaja para ello. Ahora se empiezan a ver las buenas consecuencias de estos esfuerzos con datos esperanzadores. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles en la Unión Europea cayeron en 2023 un 8% respecto al año anterior y se situaron en el nivel más bajo en seis décadas, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). En opinión de otros dos centros de análisis del medioambiente, España también redujo su emisión contaminante en un 7,5% en 2023 sobre las cifras de 2022.
Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.
CONTAMINACIÓN
Las emisiones de C02 de combustibles fósiles caen con fuerza en 2023 en Europa y en España
No todo son malas noticias en relación a la lucha del ser humano contra el cambio climático. En los últimos meses hemos vivido dos acontecimientos importantes: los acuerdos de la COP28 en la que se firmó que la mayoría de países abandonarían las combustibles fósiles como fuente de energía para 2050 y se conoció el dato de que la potencia instalada en energía renovable en todo el mundo creció en 2023 un 50%, gracias al impulso de China.
La consecuencia de la implantación de las instalaciones verdes, que cada día cuentan con más financiación, es que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles en la Unión Europea (UE) cayeron en 2023 un 8% respecto al año anterior y se situaron en el nivel más bajo en seis décadas, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), un instituto de investigación sin ánimo de lucro que examina la energía y la contaminación atmosférica. CREA se fundó en Helsinki en 2019 con el objetivo de seguir los impactos de la contaminación del aire. Se trata de la segunda reducción más amplia registrada, por detrás de la de 2020, que estuvo influida por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, como recogió El Periódico.
El dato llega después de saber que las emisiones de CO2 de la Unión Europea en 2022 habían caído un 2,8% respecto a 2021, pero habían subido un 3,5% en España, según una estimación publicada por Eurostat. Sin embargo, el año pasado, España redujo sus emisiones en un 7,5% según un estudio del Basque Centre for Climate Change (BC3) y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA). El dato español es especialmente relevante teniendo en cuenta que el PIB creció un 2,5%, según datos del INE.
En el conjunto de la Unión Europea más de la mitad del descenso de emisiones proviene de un mix eléctrico más limpio, con un aumento de la capacidad eólica y solar, y de un repunte en las energías nuclear e hidráulica.
El resto obedece a las reducciones de emisiones en la industria y el transporte y a un descenso en la demanda, motivado por condiciones meteorológicas favorables.
Según el informe, citado también por EfeVerde, la UE logró reducir también el año pasado un 25% las emisiones de CO2 procedentes de la producción eléctrica, la misma cifra que las de carbón, que han caído a la mitad respecto a 2015. Las emisiones vinculadas al gas cayeron un 11% el año pasado y las procedentes del petróleo, un 2%, de acuerdo con este instituto con sede en Helsinki.
España en el mínimo de la serie histórica
España contribuyó también decisivamente a este descenso de las emisiones durante el año pasado. El auge de las energías renovables permitió cerrar 2023 con el mínimo histórico de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un 7,5% menos que el año anterior. Los centros de análisis, BC3 y OTEA recuerdan que el descenso a la vez que se incrementa el PIB “implica que las emisiones siguen bajando intensamente”, según el estudio titulado ‘Emisiones adelantadas de gases de efecto invernadero en España 2023’.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en España se situaron al cerrar 2023 en el mínimo de la serie histórica, que comienza en 1990, por debajo incluso de las de 2020, cuando descendieron un 12% debido a que la movilidad y la actividad económica estuvieron muy condicionados por la pandemia. Se situaron también por primera vez por debajo de los niveles de 1990, un 5,6% menos.
Pese a ello, España tiene el objetivo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de reducir en 2030 un 23% las emisiones de GEI con respecto a 1990, mientras que en la actualización de ese plan elaborada este año se propone aumentar aún más esa meta, hasta el 32%. “Por tanto, en los próximos 7 años todavía queda un largo camino por recorrer” y serán necesarias “unas tasas de reducción de emisiones más sostenidas en el tiempo”, recoge el estudio de BC3 y OTEA.
LEGISLACIÓN
Una propuesta de ley del Partido Republicano de EEUU plantea penas de cárcel por invertir con criterios ESG
La inversión de los fondos de los Estados siguiendo los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) está en la batalla política de Estados Unidos. Desde el Partido Republicano se combate seguir este criterio sostenible porque se considera que son una limitación a la inversión y, por tanto, una posible pérdida de rentabilidad que se podría lograr apoyando las industrias contaminantes. En opinión de los defensores de esta iniciativa, los criterios ESG son embustes de capitalismo woke, como lo denominan despectivamente, en referencia a quienes supuestamente han despertado (woke) ante las injusticias y los problemas sociales y se disponen a combatirlos.
Estas tesis nunca habían llegado tan lejos como para pedir cárcel a los gestores de recursos públicos que se atrevieran a seguir los criterios ESG. Una iniciativa republicana en New Hampshire prevé penas de hasta 20 años por guiarse por criterios medioambientales, sociales y de gobernanza al gestionar fondos públicos, según publicó El País.
Numerosas empresas, primero, estadounidenses, y luego de todo el mundo, han abrazado criterios de sostenibilidad y gobernanza en su gestión. El Partido Republicano ha emprendido una ofensiva contra el uso de esas pautas en las decisiones de inversión porque lo considera activismo político progresista.
El proyecto de ley de New Hampshire prohíbe que la inversión de fondos del Tesoro estatal, las agencias de la rama ejecutiva, y el sistema de jubilación estatal en inversiones tengan en cuenta criterios ESG. Según uno de los promotores de la iniciativa, la diferencia entre invertir en el mejor fondo del mercado y hacerlo limitándose al mejor gestionado con criterios ESG acaba produciendo una “enorme brecha que debe ser compensada a los contribuyentes”.
Y continúa: “¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes de New Hampshire cantidades demenciales de dinero solo para subvencionar las creencias de lujo de las clases parlanchinas con diplomas, pero realmente no muy inteligentes?”.
Esta postura ya es una realidad en algunos Estados, aunque sin llegar a las penas de cárcel. Los gobiernos republicanos de Florida, Texas, Luisiana y Carolina del Sur han castigado a firmas de inversión por abrazar esos criterios. Más de una docena de Estados republicanos están promoviendo leyes “antiESG” que impiden que se gestionen fondos públicos con esos criterios o que se concedan licitaciones a empresas que los apliquen de forma que consideren discriminatoria. El último caso ha sido de Texas, que ha prohibido a Barclays asegurar la emisión de bonos por sus políticas ESG.
RENOVABLES
Filipinas construye el mayor parque fotovoltaico del mundo que cubrirá el 12% de la demanda eléctrica
La lucha contra el cambio climático es mundial, va más allá de Europa, Estados Unidos o China, aunque habitualmente los focos se centran en estas regiones. Filipinas se ha colocado en primera línea mundial entre los récords de potencia instalada y tamaño de los parques fotovoltaicos al anunciar la inminente construcción del que será “el mayor proyecto solar del mundo”, según publicó El Periódico de España.
Ya han comenzado las obras de movimiento de tierras en la isla de Luzón para crear este mega parque que debe estar listo dentro de dos años y que incluirá 5 millones de paneles solares. Terra Solar, que así se llamará la instalación, tiene un diseño para 3.400-3.500 MW de paneles solares y 4.000 Mwh de almacenamiento en baterías, según han informado diversos medios estadounidenses, citados por Xataka.
La inversión prevista es de 3.300 millones de euros y, en conjunto, el complejo podría generar más de 5.000 millones de kilovatios hora al año. La empresa que hay detrás de todo esto es la Solar Philippines New Energy Corporation (SPNEC), que con su proyecto cubrirá de golpe buena parte de la demanda energética del país: un 5% del volumen total de su red eléctrica y un 12% de la demanda. Este parque superará en tamaño y potencia los más grandes que actualmente existen en el mundo, como el Bhadla de la India o el Golmund, de China.
La superficie que ocupará Terra Solar es también impresionante: 3.500 hectáreas en un paraje forestal ubicado en las zonas de Nueva Écija y Bulacán, en Luzón Central. La mayor planta fotovoltaica de España tiene 1.300 hectáreas (menos de la mitad) y es la Francisco Pizarro, situada en la provincial de Cáceres, con 1,6 millones de módulos de placas solares.
Sin embargo, los expertos alertan de que estos megaparques tienen efectos negativos sobre la biodiversidad, pues al ocupar semejantes extensiones de terreno, la fauna y flora silvestre, necesarias para el equilibrio de los ecosistemas (de los cuales depende la salud humana) se ven profundamente afectados.
TRÁFICO PESADO
El ambicioso objetivo europeo de electrificar el transporte por camión para 2040
Los camiones eléctricos sólo representan el 1,5% del mercado en la UE. El 95,7% de las matriculaciones de camiones en 2023 fueron diésel, según el Diario del Transporte. Pese a estos dos hechos, que reflejan que el sector tiene una enorme dependencia de los combustibles fósiles, las ambiciones de la Unión Europea siguen adelante. Su objetivo es que los más de seis millones de vehículos pesados matriculados en su territorio –unos 400.000 de ellos en España– reduzcan a prácticamente cero sus emisiones de gases de efecto invernadero en menos de dos décadas.
Bruselas ha dado luz verde a la legislación más ambiciosa del mundo, un desafío que obligará a gobiernos y empresas a movilizar grandes inversiones -unos 1.400 millones solo en electrolineras-, replantear toda la cadena logística de mercancías por carretera y afrontar el siempre incómodo debate de hasta qué punto la factura ecológica puede trasladarse al ciudadano, según recogió El Mundo.
El Consejo y el Parlamento alumbraron hace unos días un acuerdo político sobre los nuevos objetivos de reducción de emisiones para el parque europeo de vehículos pesados. Al recorte ya vigente, del 15% para 2025, se incorporarán los del 45% para 2030, el 65% para 2035 y el 90% para 2040. El reto es enorme, no sólo porque este segmento acapara hoy más del 25% de las emisiones de todo el transporte terrestre del continente, sino porque el diseño de la norma, prácticamente, empuja a la electrificación como única vía para cumplir con estos hitos, un proceso para el que faltan infraestructuras y certezas, logísticas y económicas, como se indicaba en el citado artículo.
El nuevo marco sólo tiene en cuenta las emisiones por tubo de escape y no las generadas durante todo el ciclo de vida del vehículo. Esta es la crítica más repetida entre fabricantes y operadores logísticos, que reivindican que existen hoy otras alternativas renovables más maduras y asequibles. Es el caso de los biocombustibles, que se fabrican a partir de materia y restos orgánicos (desde algas o caña de azúcar hasta purines del ganado).
En España, desde Repsol, Cepsa o Naturgy sus directivos afirman que la electrificación no es viable para descarbonizar sectores como la industria o el transporte pesado. Al otro lado se encuentra, por ejemplo, Iberdrola o la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha apostado por una transformación energética mucho más exigente, en ocasiones más que la propia Europa.
