En noviembre se cumplen diez años de la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), lo que dio lugar al nacimiento operativo de la Unión Bancaria. El balance de esta primera década del nuevo modelo europeo de supervisión es abiertamente positivo. La actividad del MUS a lo largo de los años ha permitido crear un marco común y armonizado, redundando en última instancia en el fortalecimiento del sistema bancario europeo.
Las cifras no dan opción a la duda. La calidad de los balances de las entidades ha mejorado sustancialmente (el porcentaje de préstamos morosos ha pasado de más del 7% a menos del 2%), los indicadores de capital han engrosado (el CET1 se ha movido del 12,7% al 15,6%) y la ratio de liquidez se ha ampliado (la LCR, el escudo a corto plazo, ha aumentado del 138% al 158%). Desde un punto de vista cualitativo, ha habido, asimismo, avances en materia de gobernanza y de gestión del riesgo.
Todo ello ha contribuido a hacer un sistema financiero más resistente frente a las tormentas (y ha habido algunas bien violentas durante la década). También los bancos han recuperado una rentabilidad sobre el capital de dos dígitos (el ROE se situó en el tercer trimestre de 2023 en el 10,9%, frente al 3,5% de diciembre de 2014), tras muchos años de sequía de beneficios.
La mejora de la cuenta de resultados ha sido provocada, fundamentalmente, por la subida de los tipos de interés oficiales, que ha facilitado el aumento de los márgenes, y ha llevado a muchas entidades, sobre todo en España, a obtener beneficios récord en 2023, con el consiguiente efecto negativo en parte de la opinión pública, que considera que la rentabilidad de la banca es excesiva. Si tu objetivo principal es distinto de la rentabilidad -por ejemplo, ser grande o crecer rápido o convertirte en líder- acabarás por tener problemas.
El sector bancario arrastra desde la crisis financiera de 2008 (y su corolario, el rescate de muchas entidades, en su gran mayoría cajas de ahorro) un problema de reputación, que solo se pudo mitigar en parte con su gestión solidaria de la pandemia de coronavirus. El fuerte aumento de los beneficios en 2023 (un 26,8% para las cinco mayores entidades) no ha hecho más que resucitar la controversia, alimentada también en parte por la supuesta justificación que dichos resultados suponen para el mantenimiento del impuesto especial sobre la banca.
¿Rentabilidad suficiente?
Frente a esta corriente de opinión, los inversores creen que la rentabilidad de la banca no es suficiente. Al menos, eso se deduce del hecho de que el precio de la acción de la mayor parte de los bancos españoles y europeos sigue por debajo de su valor en libros, lo cual es un síntoma de falta de confianza en la capacidad del sector para seguir generando beneficios en el futuro. Pese a que en 2023 la cotización de las acciones de los principales bancos españoles subió más de un 25%, solo Bankinter tenía a principios de 2024 un precio por encima de su valor en libros, mientras BBVA se situaba muy cerca del equilibrio. El resto estaba por debajo. En Europa, la situación era aún peor.
Otra forma de medir la rentabilidad es poner en relación el ROE (el retorno sobre el capital) con el coste de capital: se considera que la rentabilidad es suficiente cuando el primero es superior al segundo. Aquí también hay discrepancias, derivadas del hecho de que el coste del capital no es un indicador observable, sino que debe ser estimado en función de distintas variables. Según algunos estudios privados, la mayor parte de los bancos españoles tenían en 2023 un ROE superior a su coste de capital.
El Banco de España respalda esta tesis. De acuerdo con sus estimaciones, ya en 2022 el ROE de la banca española fue del 10,2%, mientras el coste de capital se situó en el 6,3%. En 2023, el supervisor nacional interpreta que el coste del capital subió alrededor de dos puntos (hasta el 8,5% en agosto), pero siguió claramente por debajo del ROE. Sin embargo, los bancos refutan las estimaciones del Banco de España sobre su coste de capital (algunos de ellos hablan de porcentajes del 15% o superiores) y creen que en la mayoría de las entidades el sorpasso del ROE todavía no se ha producido, lo cual indica que su rentabilidad continúa siendo exigua.
Con todo, las preocupaciones de la banca van más allá de la rentabilidad y las valoraciones. En 2023, el supervisor europeo siguió presionando a las entidades financieras en diferentes frentes. El más obvio es el de los resultados del examen anual (SREP, por sus siglas en inglés) que el MUS pone a los bancos europeos, que se saldó con un aumento de los requerimientos mínimos de capital, por la aplicación de colchones anticíclicos en algunos países.
Estrategia de presión
Pero además el supervisor está endureciendo su estrategia de presión. Hasta el momento, su política estaba más basada en la persuasión que en el castigo. A partir de ahora, las sanciones van a jugar un papel relevante. La cabeza de puente de este enfoque más agresivo es la política de sostenibilidad. El MUS está insatisfecho con el ritmo de cumplimiento de las entidades en materia de valoración del riesgo climático y por primera vez ha amenazado a un grupo de ellas con multas diarias si infringen sus obligaciones. Esa estrategia punitiva se puede extender a otras áreas, como la gobernanza, el reporting o la sostenibilidad del modelo de negocio, donde también se han detectado debilidades.
Las continuas referencias a la necesidad de utilizar “todos los instrumentos de la caja de herramientas”, incluyendo por supuesto las sanciones, es la expresión retórica que resume el nuevo enfoque del supervisor.
De forma más sutil, pero también significativa, la autoridad supervisora está asimismo apremiando a las entidades financieras para que extremen la vigilancia sobre el riesgo de crédito. Aunque las tasas de morosidad están contenidas, tanto en España como en la Unión Europea, el MUS ha incrementado su presión para ajustar la política de las entidades a través de diferentes vías. Propone, en ese sentido, traspasar más créditos a la categoría de vigilancia especial (o stage 2), reducir la diferencia que hay entre la definición de los préstamos dudosos contables y la más estricta consideración del default prudencial, y gestionar mejor la activación de los ajustes postmodelo, dotándolos de un sistema de gobernanza adecuado.
Otro frente que las entidades financieras han de atender es el de los cambios en la regulación y la supervisión relacionados con las tensiones en los tipos de interés y la liquidez, dos de los principales riesgos estructurales a los que se exponen las instituciones de crédito. El sistema financiero aguantó a pie firme la tormenta desatada en 2023 por el colapso de varios bancos en Estados Unidos y Suiza, pero la crisis ha dejado unas cicatrices muy visibles en el sistema financiero y las autoridades se han dado cuenta de que hay grietas profundas en el modelo global de regulación y supervisión.
Aprender y corregir
Ahora de lo que se trata es de aprender de los errores, sacar conclusiones y corregir los fallos detectados para evitar que se vuelvan a producir. En este marco de reflexión, es de esperar que se produzcan reformas y novedades en aspectos como la regulación y la supervisión de la liquidez, que ha quedado demostrado una vez más que es el detonante final de muchos de los procesos de quiebra bancaria. En particular, es posible que se recalibren las principales métricas de la liquidez. Asimismo, hay cierto consenso sobre la necesidad de que los bancos creen sistemas de control sobre las redes sociales para prevenir la potencial vinculación de sus contenidos con las salidas de depósitos.
También puede haber novedades en la normativa sobre el riesgo de tipos de interés. En este sentido, se ha abierto un debate sobre la contabilización de las pérdidas no realizadas o latentes de la cartera de bonos, teniendo en cuenta que fueron dichas pérdidas las que contribuyeron a la caída de varios bancos regionales de Estados Unidos en 2023. En todo caso, los bancos europeos están menos expuestos que los estadounidenses a este riesgo, como demostró la Autoridad Bancaria Europea (EBA) al publicar en el verano de 2023, en un singular ejercicio de transparencia, las pérdidas latentes de casi cien entidades.
En este contexto de incertidumbre, el sistema financiero tiene ante sí desafíos (nuevos y no tan nuevos) que son ajenos en principio a la propia esencia de su negocio de intermediación financiera, pero que determinan su desarrollo y viabilidad en el futuro. La política de sostenibilidad y en especial los riesgos medioambientales ocupan un año más un lugar elevado de su lista de prioridades. Y no solo porque el supervisor haya amenazado con multas diarias a las entidades que incumplan su plan de reducción de emisiones. Además, está en marcha un ambicioso test de estrés climático, en el que los bancos han de desnudar la exposición de clientes y sectores, y ya está en vigor la nueva directiva europea sobre información corporativa de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que también va a suponer un esfuerzo considerable de transparencia.
Otro riesgo no financiero de creciente relevancia es el de los delitos contra la seguridad cibernética. Las incidencias son cada vez más frecuentes y la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación de primer nivel para reguladores y supervisores, así como para las propias entidades. La respuesta normativa es DORA, un reglamento que será aplicable desde principios de 2025 y que pretende garantizar la capacidad del sector financiero para hacer frente a los riesgos tecnológicos y de seguridad de la información. La adaptación no va a ser nada sencilla, porque DORA incluye numerosas obligaciones en materia de gobernanza, gestión del riesgo, notificaciones e intercambio de información. Por otra parte, para conocer las debilidades y fortalezas del sector el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado en 2024 el primer test de ciberresiliencia, cuyos resultados son esperados con cierta inquietud por la banca, si bien las notas individuales no se harán públicas.
La ruptura que viene
A esta amalgama de riesgos financieros y no financieros se ha unido en los últimos tiempos la explosión de la inteligencia artificial (IA), cuyo desarrollo tiene un impacto potencial de transformación o ruptura de los modelos de gestión, en especial en términos de productividad. La IA no es un concepto nuevo para los bancos. Lo que sí es nuevo es la eclosión de la inteligencia artificial generativa, cuyos modelos pueden comunicarse como un ser humano, lo cual les permite abordar una gran cantidad de tareas hasta ahora reservadas a las personas. Pero las inmensas posibilidades que abre la IA generan también incertidumbres sobre la manera eficiente de utilizarla, dónde hay que invertir y cuáles son sus contraindicaciones en aspectos como la gobernanza, la ética o la privacidad.
El décimo aniversario de la puesta en marcha de la Unión Bancaria es una buena justificación para poner énfasis en los éxitos del nuevo modelo supervisor, que pese a sus limitaciones (el tercer pilar sigue en el aire y hay lagunas normativas en algunos ámbitos) ha conseguido crear el marco necesario para superar las deficiencias afloradas en la crisis financiera de 2008 y robustecer el sistema bancario europeo. La mejora de la rentabilidad del sector, tras una larga etapa de mediocres beneficios, es también un motivo para el optimismo. Pero para lo que no hay motivo es para la complacencia. Los próximos diez años de Unión Bancaria serán distintos (el modelo está consolidado) pero seguramente no más fáciles, ante la concurrencia de los múltiples desafíos, amenazas e incertidumbres que se vislumbran en el horizonte.
