La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Los desastres de la gota fría en España han sido portada en todos los periódicos y televisiones europeas, colocando el problema del cambio climático encima de la mesa de la nueva Comisión Europea que se formará en noviembre, tras las audiencias de los nuevos comisarios. Bruselas tiene en una lista de los desastres de los últimos 30 años, solo en la UE, con inundaciones que han afectado a 5,5 millones de personas, han causado 3.000 muertos y daños económicos por 170.000 millones.

Bélgica, Alemania, Eslovenia, Austria, Italia y Francia, además de España, lo han sufrido por lo que la nueva Comisión deberá integrar este asunto en sus previsiones de riesgo, aunque las luchas políticas frenen parte de los esfuerzos para combatirlo. La clave es qué medidas se tomarán y cómo afectará a la regulación.

Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.

GOBERNANZA

Tras la dana de España, la UE analiza el cambio climático como uno de los grandes riesgos económicos
Europa se calienta al doble de velocidad que otros continentes. El último ejemplo de la capacidad de destrucción del cambio climático ha sido la gran tragedia vivida en España provocada por una dana (acrónimo de depresión aislada de gran altitud) que ya ha causado alrededor de 210 muertos. Ese calentamiento europeo está causando inundaciones repentinas que han asolado el sur y el este de España y han puesto de relieve la amenaza letal que supone el aumento de las temperaturas porque están convirtiendo el mar Mediterráneo en un “bidón de gasolina”, dicen los expertos recogidos por Financial Times.

Ahora que comienzan los exámenes de los nuevos comisarios para la futura Comisión Europea, el tema de la seguridad estará presente en muchas conversaciones. Bruselas relaciona el cambio climático como un factor clave de riesgo social, económico y hasta geopolítico. El último informe casi coincidió con la dana; se presentó el miércoles, 30 de octubre, y fue elaborado por el expresidente finlandés Sauli Niinisto sobre cómo reforzar la preparación civil y militar de Europa. El término cambio climático aparece 123 veces en 165 páginas, como recogió El País en un artículo.

De hecho, en la Agenda Estratégica que establece las prioridades de la UE de cara al ciclo institucional 2024-2029, se apunta “el refuerzo de la resiliencia, la preparación y la capacidad para prevenir las crisis y darles respuesta con objeto de proteger a la ciudadanía y a las sociedades frente a crisis diversas, incluidos los desastres naturales y las emergencias sanitarias”.

“En solo unos pocos meses, las inundaciones han afectado a Europa del Este y Central, a Italia y ahora a España. Esta es la dramática realidad del cambio climático“, dijo, la recién elegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar junto a Sauli Niinisto el estudio que, como tantos otros antes, alerta de la falta de preparación de Europa ante una naturaleza cada vez más imprevisible y terrible como consecuencia de la acción humana. La Comisión Europea ha advertido de que no actuar ya contra el cambio climático puede costarle a la UE el 7% del PIB hasta finales de siglo.

El problema es que no existe consenso político en cómo actuar para atajar esta cuestión, negada por los partidos que sostienen que es un asunto cíclico, no relacionado con la acción humana. Estos partidos tienen ahora más influencia en el Parlamento Europeo y en la Comisión. La cuestión de fondo pasa por un rediseño de los planes urbanísticos y analizar las viviendas situadas en zonas inundables. Solo España tiene unos 25.000 kilómetros de zonas inundables, en las que viven unos 2,7 millones de personas y siendo las cuencas del Ebro, Júcar y Duero las que tienen más territorio anegable, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), recogidos por EFEVerde.

Francisco Martín León, meteorólogo de la red meteorológica mundial Meteored, afirmó que el Mediterráneo estaba actuando como un “depósito de gasolina” al introducir vapor de agua (el combustible de las lluvias) en la atmósfera. Los científicos afirman que ese proceso se ha visto exacerbado por el cambio climático. “Entonces el fuego que lo provoca es un frente frío o zona de bajas presiones” que choca con esa humedad, como ocurrió esta semana, indicó.

En septiembre, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron los 20,83 °C, un nivel casi récord para ese mes. Pero el aumento en el mar Mediterráneo ha sido especialmente pronunciado: las temperaturas alcanzaron algunos de los valores diarios más altos registrados durante el verano y alcanzaron un máximo de 28,45 °C el 13 de agosto.

Fuera de Europa, el siguiente paso se dará en la COP29 sobre el Clima, que se celebrará en  Bakú del 11 al 22 de noviembre. La UE aborda la cota con el objetivo de acordar el sistema de financiación climática de países ricos a pobres y vulnerables a partir de 2025 y de conseguir que China acepte colocarse en el grupo de donantes, ya que la realidad socioeconómica del gigante asiático ha cambiado profundamente en las últimas décadas, publicó EFE.

Incluso la ONU se posicionó tras la gota fría de Valencia. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), portavoz de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, lanzó hace días una llamada a la comunidad internacional a dar “prioridad máxima” a la lucha contra el cambio climático para “salvar vidas”, después de las “lluvias récord y las inundaciones repentinas mortales que han azotado España esta semana”.

BIODIVERSIDAD

La cumbre de Cali acaba sin un acuerdo mundial para financiar la protección de la naturaleza
En ocasiones, las conferencias internacionales concluyen con comunicados descafeinados porque no han sido posibles acuerdos de calado. Sin embargo, lo que no es habitual es que en la última jornada, cuando se estaba negociando un consenso para el texto final, se tuviera que levantar la sesión por la falta de quórum ya que habían abandonado la sala un gran número de representantes de los países.

Esto es lo que sucedió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de Cali, en Colombia, en la COP16, que no logró el objetivo de alcanzar un pacto para financiar y estimular los esfuerzos de la humanidad para detener la destrucción de la naturaleza, a pesar de contar con una noche adicional de negociaciones, según recogió La Vanguardia. Muchos  delegados se fueron a dormir o habían tomado su vuelo de regreso a casa.

“Se acabó”, sentenció Susana Muhamad, la ministra colombiana de Medio Ambiente, que presidió la conferencia, desde el podio cuando observó la situación. “Por supuesto, esto debilita y ralentiza el potencial” del proceso de la ONU, afirmó Muhamad.

Por tanto, el cierre formal de los trabajos de la COP16 se pospone para una fecha posterior, explicó David Ainsworth, portavoz del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

La mayor COP sobre biodiversidad, con una asistencia récord de 23.000 participantes, tenía una misión central: estimular la tímida aplicación del acuerdo Kunming-Montreal, sellado hace dos años para salvar al planeta y a los seres vivos de la deforestación, la sobreexplotación, el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. contaminación.

Este acuerdo prevé proteger el 30% de las tierras y mares, entre 23 objetivos que se deben alcanzar de aquí a 2030. Para lograrlo, el acuerdo apuntaba aumentar el gasto anual mundial en naturaleza a 200.000 millones de dólares. Sin embargo, los países desarrollados sólo se han comprometido a proporcionar 30.000 millones de dólares para 2030.

Lo que sí adoptaron los países en Cali fue la creación de un fondo multilateral que supuestamente se nutrirá de los recursos obtenidos por empresas que obtengan ganancias con los recursos genéticos de las plantas (derivadas de la información genética) o animales de países en desarrollo.

La eficacia de este Fondo de Cali sigue siendo incierta debido a la falta de obligaciones claras. Pero responde a una fuerte exigencia histórica de los países en desarrollo de pagar la deuda contraída por el Norte y sus empresas farmacéuticas o cosméticas.

LEGISLACIÓN

El Gobierno prepara una nueva Ley de Consumo que limita el uso de las etiquetas “verde” o “sostenible” en los productos
El lavado de imagen ecológica (greenwashing) está creciendo a medida que los consumidores valoran más los productos respetuosos con el medio ambiente. Cada vez es más frecuente leer etiquetas como bio, eco, sostenible, verde, ecológico en multitud de productos de la cesta de la compra, textiles, cosmética o incluso combustibles. Sin embargo, no todos son tan ecológicos como dicen. Por eso, el Gobierno prepara una nueva Ley de Consumo Sostenible, que podría estar lista en los próximos meses, como recogió Expansión.

El plan es, por un lado, luchar contra el eco blanqueo es decir, contra aquellas técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por algunas empresas para publicitar sus marcas como sostenibles. Y, en segundo lugar, potenciar la reparabilidad, es decir, fomentar que los productos se puedan reparar cuando se estropeen. La medida quiere acabar con la costumbre actual de comprar un producto nuevo, sobre todo aparatos electrónicos, porque resulta más fácil o barato que repararlo.

El Gobierno está trabajando en el borrador del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aunque todavía se desconocen cuestiones como la repercusión en las empresas, el régimen sancionador o qué beneficios tendrá para los consumidores. Según declararon fuentes de la dirección general de Consumo a Expansión “se prohibirán alegaciones medioambientales genéricas, como verde o sostenible”.

Sí se podrán introducir en las comunicaciones comerciales alegaciones que sean veraces y se certifiquen. De hecho, la utilización de alusiones medioambientales que no cumplan los criterios marcados será considerada como una práctica comercial desleal con los consumidores, de manera que estarán sometidas al mismo régimen de inspección y sanción que cualquier publicidad desleal. De acuerdo con la Ley General de Publicidad y la de Competencia Desleal, el delito de publicidad engañosa está castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.

En cuanto a la reparabilidad, se impulsará un índice que permitirá al consumidor comparar las características de circularidad de los productos, que podrá consultar en el propio etiquetado. Además, se fomentará la reparación de un producto cuando se estropee durante su garantía, e incluso, posteriormente.

La patronal del gran consumo, Aecoc, valora positivamente que exista un marco común para todas las empresas que utilizan este tipo de alegaciones medioambientales en sus etiquetas y mensajes aunque, apuntan, “implicará inversiones importantes como las certificaciones de terceros reconocidos”.

OCÉANOS

Bruselas utilizará inteligencia artificial para combatir la pesca ilegal
La pesca ilegal es un problema mundial que amenaza la vida en los océanos, aunque también tiene un gran impacto económico. En el mundo, se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado cada año, lo que se traduce en pérdidas de hasta 23.000 millones de dólares, alrededor del 20% de la captura de productos marinos, según la organización Plataforma Costera.

Ante esta situación, Europa está intensificando su lucha contra la pesca ilegal, tanto en casa como en el resto del mundo, mediante sistemas de alta tecnología, según publicó EuroNews. Se trata de avanzar en innovaciones tecnológicas en materia de seguimiento, control y vigilancia de la pesca.

El escáner de capturas forma parte de EveryFish, un proyecto europeo que desarrolla herramientas inteligentes de registro de capturas. Para que los escáneres de capturas sean realmente útiles, deben ser muy fiables y precisos. Pescadores, controladores y científicos deben confiar en los datos producidos por la IA a bordo. Para alcanzar este objetivo, los investigadores de EveryFish han desarrollado métodos de Inteligencia Artificial de código abierto para identificar las especies de peces y estimar su peso.

Los ingenieros colaboran estrechamente con los pescadores para garantizar que sus soluciones respondan a las necesidades del mundo real y funcionen bien en embarcaciones que se balancean en mares fríos y salados.

Las cámaras de vigilancia a bordo se utilizan a menudo para combatir la pesca ilegal y otras infracciones. En lugares como las Seychelles, los agentes de vigilancia revisan periódicamente las imágenes de a bordo para asegurarse de que los pescadores respetan las normas. En Europa, la video vigilancia tendrá que cumplir una estricta legislación sobre privacidad y protección de datos.

La UE exigirá cámaras de vigilancia en los buques de alto riesgo, así como sistemas de seguimiento por satélite en todos los barcos pesqueros. Estas herramientas ayudarán a los funcionarios de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) en Vigo, España, a supervisar la pesca y coordinar las inspecciones.

CONTAMINACIÓN URBANA

París aborda una segunda restricción al tráfico en el centro tanto para los residentes como los viajes puntuales
Con la medida, en fase de pruebas hasta enero, se busca reducir el tráfico en un 30%, mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido en esta concurrida área. El tráfico en el centro de París había descendido considerablemente en los últimos tiempos. El aumento de los carriles bici y la pérdida de espacio para el automóvil habían complicado la circulación disuadiendo, de paso, a muchos conductores. También la reducción de la velocidad o la nueva zona de bajas emisiones. Sin embargo, el Ayuntamiento de París, liderado por Anne Hidalgo, ha decidido dar un paso más y cumplir su promesa electoral y restringir la circulación en los cuatro distritos más céntricos a los vehículos de residentes y de quienes vayan a hacer algo concreto a esa zona: compras, cenas, copas, visitar amigos, familia o cuidados médicos, según recogió El País.

Tras seis meses de avisos sin multas, se aplicarán las restricciones que buscan reducir el tráfico en un 30%, mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido en esta concurrida área, según el Ayuntamiento. Junto con Lyon, París está entre las ciudades donde los niveles de contaminación aún superan los límites, pese a varias condenas a Francia por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea y del Consejo de Estado.

La idea es evitar el tráfico que utiliza la ruta del centro para dirigirse a otra punta de la ciudad, evitando los habituales atascos de la periferia. El problema es que la ley francesa no permite la imposición de sanciones a través de cámaras dentro de la ciudad por lo que tendrán que colocar controles policiales.

La medida se considera un complemento de la zona de bajas emisiones, que se lanzó en París en 2016 y se amplió a toda la metrópoli en 2019, con el objetivo de restringir progresivamente la circulación de vehículos más antiguos y contaminantes (diésel y gasolina).