A primera vista puede parecer que las empresas que forman parte de la economía colaborativa tienen muchas cosas en común: tratan de provocar un efecto disruptivo entre los operadores tradicionales con un acceso directo a los consumidores y una oferta más cómoda, más flexible, y a menudo, más económica que la de sus rivales tradicionales. Han desarrollado una nueva generación de microemprendedores capaces de generar valor, al liberar recursos no utilizados —ya sea en viviendas, en vehículos o en otro tipo de activos—. Otros permiten a los clientes contratar a alguien para hacer pequeñas tareas, alquilarle la bicicleta al vecino o pedirle dinero prestado. Estas empresas han dado respuesta a una serie de necesidades no cubiertas por el mercado, han sorteado a los reguladores y se han afirmado en su derecho a dar servicio a los clientes de la manera en que ellos han elegido.

Estos emprendedores consideran que sus nuevos modelos de negocio van más allá de lo previsto en los reglamentos y normativas de los gobiernos; los operadores tradicionales, por contra, creen que estos nuevos participantes—simple y llanamente— ignoran lo que no les interesa o lo que les resulta demasiado costoso. Estos desencuentros han estado muy presentes en los medios de comunicación y han generado enfrentamientos en sectores como el hotelero y el de los taxis. En algunas ciudades, las protestas han sido muy intensas, traduciéndose incluso en episodios de violencia.

Conceptualmente, estoy plenamente de acuerdo con la economía colaborativa. Me gusta que se haga un uso más eficiente de los recursos, que se recompensen las iniciativas individuales y que la innovación haga nuestra vida más fácil. Los enfoques colaborativos pueden contribuir a desarrollar nuestras comunidades. Yo también me he sentido engañado al pagar por un hotel putrefacto o por un taxi apestoso… así que adelante con estas nuevas iniciativas.

Pero sólo porque estas compañías formen parte de la economía colaborativa no quiere decir que sean parecidas entre sí. Si bien es cierto que algunas de ellas parece que ofrecen al ciudadano medio la posibilidad de ganar un dinero extra con recursos que ya disponen. También es verdad que otras están echando del mercado a pequeños negocios que ya de por sí tenían problemas para llegar a fin de mes. Otro problema es que algunas de estas nuevas empresas se están aprovechando de los vacíos legales en la legislación, en la protección de los trabajadores o en la regulación financiera, haciendo cada vez más borrosa la línea que separa a la innovación disruptiva de la destrucción social más egoísta.

A su favor diré que estos nuevos operadores han logrado cambios innovadores a un ritmo que jamás habrían conseguido los operadores tradicionales, ofreciendo en algunos casos soluciones a problemas que los mercados no eran capaces de ver, y dando al ciudadano de a pie la oportunidad de desarrollar trabajos productivos. Pero también es cierto que algunas de estas empresas afirman sin miramientos que, dado que son plataformas y no proveedores de productos o servicios tradicionales, pueden tratar a sus conductores, a los dueños de las casas, a los mensajeros y al resto de participantes como meros contratistas independientes. Sin obligaciones asociadas. Sin prestaciones sociales. Sin salarios mínimos. Sin horas extras pagadas. Sin seguro de desempleo y sin ningún tipo de compensación para los trabajadores (aunque las normativas varíen de un estado a otro, por ejemplo en EE.UU.).

Como consumidores y, sobre todo, como ciudadanos, debemos ser conscientes de que existen responsabilidades derivadas de los negocios, regímenes de inspecciones y marcos de prevención de riesgos laborales que se han de cumplir y que, probablemente, todos aquellos costes asociados con la operativa de las empresas que actúan fuera del sistema oficial las acabaremos pagando entre todos. Por mucho que pensemos que las actuales regulaciones son idea de unos burócratas aburridos y primitivos que no tienen nada mejor que hacer, lo cierto es que la supervisión sectorial suele servir para solucionar los abusos o deficiencias que se producen en el mercado.

Obligar a que estos “trabajadores ocasionales” se conviertan en empleados bajo la ley actual, por ejemplo, no soluciona el problema. Se habla mucho en la actualidad de los trabajadores ultraflexibles y demás tácticas utilizadas por las empresas tradicionales para limitar al máximo el número de horas trabajadas por sus empleados y así no pagarles las prestaciones que reciben los trabajadores a tiempo completo. La presión pública ha hecho que algunas compañías —como es el caso de Starbucks— hayan renunciado a estas prácticas, pero lo cierto es que estos horarios siguen estando muy extendidos. Algunos han sugerido que se cree una nueva categoría llamada “contratos dependientes” para ayudar a cerrar la brecha entre la necesaria flexibilidad laboral y las protecciones más básicas del trabajador.

Otra de las cuestiones de interés público que debe abordarse es la accesibilidad para personas con discapacidad y la protección del medio ambiente. Introducir los cambios requeridos por las personas con movilidad reducida puede resultar costoso pero, al menos en la legislación federal de Estados Unidos, las empresas están obligadas a ello. Y no hay más que hablar. Pero, ¿quién ha decidido que las compañías de alojamiento o de transporte estén eximidas de estas obligaciones? En Nueva York, se están tomando medidas para que el 50% de los taxis sean accesibles para usuarios que utilicen sillas de ruedas para el año 2020. Y en San Francisco se está obligando a los taxis contar con vehículos de bajas emisiones. Pero estos ayuntamientos no tienen capacidad para actuar sobre los “taxistas esporádicos”, por ejemplo, por lo que estos conductores ignoran las reglas sin enfrentarse a sanción alguna. Y el resultado es que el bien público termina siendo el mayor perjudicado en esta pelea por conseguir el éxito a nivel microeconómico.

En vista de todo ello, ¿cómo podemos fijar políticas públicas bien definidas en una época de rápidas transformaciones tecnológicas, empresariales y sociales? Se trata de una cuestión que debería preocupar a cualquier directivo —dado que su compañía o cualquier integrante de su cadena de valor probablemente se enfrente a ello en algún momento— y a cualquier ciudadano de a pie —salvo que nos guste la idea de que las políticas públicas terminen siendo dictadas por jóvenes superdotados con un gran ánimo de lucro y por los fondos de capital riesgo que los apoyan—.

Los desafíos a los que nos enfrentamos son muchos y muy variados: la legislación y la regulación suelen avanzar lentamente mientras que los negocios evolucionan a gran velocidad. Los operadores tradicionales tienen influencia en los políticos y en otras fuentes tradicionales de poder, mientras que estos emprendedores se apoyan en los fondos de capital riesgo para conseguir la aceptación del mercado antes de que los reguladores puedan detenerlos. Y otros contribuyentes —como los mayores o la población económicamente más desfavorecida— que a menudo son los más rezagados con las nuevas tecnologías, pueden terminar siendo marginados por estas innovaciones y sus “apps”.

Esta situación se presenta a menudo como un clásico conflicto entre adversarios. Tengo claro que tanto el planteamiento de “trasladar la economía colaborativa al tradicional paradigma empresarial” como el enfoque de “libertad total y no intromisión” generarán resultados escasamente satisfactorios. Los operadores tradicionales no deberían utilizar la regulación para protegerse de la innovación pero tampoco debería permitirse que los nuevos actores se aprovechen de una serie de ventajas económicas, simplemente, porque hayan decidido reescribir las reglas en beneficio propio.

Sería más productivo afrontar esta cuestión a través de un planteamiento multidimensional. Dado que la regulación varía a nivel local, las ciudades —o incluso los barrios— podrían ser el entorno adecuado para establecer un diálogo productivo y una serie de programas piloto que reflejen las necesidades, perspectivas y preferencias de todas las partes interesadas, todo ello en el marco de un enfoque integral que beneficie a la comunidad. El modelo de sesiones colaborativas utilizado en el ámbito del ordenamiento urbanístico —el denominado “charette”— podría ser un buen marco sobre el que trabajar en el futuro.

Pero enfoques como este requieren valentía y determinación. Puede que estas iniciativas exijan determinadas exenciones en las regulaciones locales, estatales e incluso federales para poner a prueba estos nuevos modelos. Del mismo modo, los intereses empresariales y laborales quizá tengan que renunciar a determinadas medidas jurídicas durante las fases piloto y los procesos de diseño. Y las partes más enfrentadas de este conflicto —tanto las que están atrincheradas como las más envalentonadas— tendrán que mostrar ciertas dosis de humildad y curiosidad. Todas las partes tendrán que aceptar la evidencia pura y dura como árbitro principal del éxito o el fracaso de estas iniciativas. ¿Demasiado optimista? Posiblemente. Pero los cambios generados por la economía colaborativa no dejan de aparecer, y vienen de la mano de una serie de consecuencias difícilmente previstas. Entonces, ¿ponemos a prueba nuestros límites colectivos para redefinir las reglas del juego y fijar unas normas de competencia razonables o nos enrocamos en defender el modelo antiguo?

Artículo publicado por Eric J. McNulty en la revista strategy+business de Strategy&, la consultoría estratégica de PwC

Más información | Consumer Intelligence Series: The Sharing Economy