¿Te imaginas granjas robotizadas y sensorizadas, productores de vino en los que la Inteligencia Artificial esté a la orden del día o empresas lácteas midiendo su huella de carbono? Esto es lo que busca exactamente el PERTE Agroalimentario. En febrero acabó el plazo para solicitar las primeras ayudas de este proyecto estratégico que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que tiene como objetivo modernizar esta industria fundamental para la economía nacional. No está de más aclarar que el programa está dirigido, en el marco de la cadena alimentaria, al eslabón que hay entre los agricultores y los distribuidores, aquellas empresas encargadas de transformar el 70% de las materias primas que se producen en nuestro país. Para darse cuenta de su relevancia solo hay que recordar que el sector agroalimentario genera casi 100.000 millones de euros de riqueza al año, el equivalente a más del 9% del PIB español, y sostiene 2,3 millones de empleos.
El plazo para presentar las primeras solicitudes acabó el 28 de febrero, pero el PERTE permite financiar inversiones y gastos desde el día siguiente a la solicitud hasta el 30 de junio de 2025, un periodo de 29 meses en el que se aspira a que los actores involucrados se transformen digitalmente, adopten iniciativas que reduzcan el impacto medioambiental y contribuyan a una mejora evidente de la trazabilidad y de la seguridad alimentaria.
El PERTE Agroalimentario movilizará en esta primera fase de ayudas 510 millones de euros, de lo que 310 millones serán subvenciones y 200 millones en créditos, aunque el Ministerio de Industria ha previsto que puedan concederse 200 millones extra en préstamos, que tienen unas condiciones muy atractivas, especialmente en un entorno de subida de tipos: el interés será del 0% y se establecerán 10 años de amortización con 3 de carencia.
¿A quién va dirigido? Tanto a grandes empresas como a pymes, aunque ambas tendrán que ir de la mano. De hecho, estos proyectos deben realizarse a través de agrupaciones de empresas, como mínimo de cuatro compañías. Las agrupaciones deberán estar integradas al menos, por una gran empresa y tres pymes participantes aunque también será válido que haya 2 firmas medianas y dos pequeñas (según el Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea). Dada la magnitud de los proyectos, uno de los beneficiarios tendrá que asumir la figura de interlocutor con la Administración, aunque este rol también puede ser asumido por un tercero no perteneciente a ninguna de las entidades de la agrupación. Otro requisito es que el ‘hub’ empresarial que se forme esté implantado, incluyendo subcontrataciones, en al menos dos comunidades autónomas. El presupuesto financiable mínimo es de 10 millones de euros por cada proyecto tractor. Salvo que el Ministerio de Industria se posicione en otro sentido, las empresas deberán cumplir con los plazos de pago de la Ley de Morosidad para poder ser beneficiarias del PERTE.
¿Cómo se aterriza este PERTE a nivel práctico? Por ejemplo, impulsando proyectos que automaticen los procesos, introduciendo en la cadena de valor la sensorización y la toma y tratamiento de datos, o integrando en la fábrica tecnologías del futuro como la robótica o la implantación de soluciones de Inteligencia Artificial. En el ámbito medioambiental, se aspira a que las empresas adopten actuaciones de ahorro energético, reduzcan el consumo de recursos, asuman compromisos de reducción de la huella ambiental o implanten instalaciones de energía renovable y de autoconsumo.
Más allá de estos detalles técnicos, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta entorno a este y otros PERTE. En primer lugar, que es mucho mejor no construir los proyectos en torno a la ayuda sino aprovechar planes estratégicos que ya queríamos poner en marcha para generar sinergias con otros agentes de la cadena de valor, porque la experiencia nos dice que intentar encajar planes estratégicos sin nada en común puede resultar frustrante. También es fundamental elegir bien los aliados estratégicos, porque serán compañeros de viaje durante cerca de 2 años y medio, y asegurarse de que la solicitud es lo más completa posible, porque el sistema de concesión es el de concurrencia competitiva. Está previsto que las ayudas del PERTE Agroalimentario se resuelvan en julio de 2023.
En un momento en el que ya se habla de que el cambio climático puede generar migraciones masivas o la escasez de agua o energía y alimentos a largo plazo, los fondos europeos deben utilizarse para reforzar el desarrollo de la cadena alimentaria, dotándolas de las herramientas necesarias para afrontar los retos tecnológicos, medioambientales, sociales y económicos de la próxima década. Por ello, el PERTE Agroalimentario es una gran oportunidad para el sector que las empresas no deberían dejar escapar.
