La Unión Europea ha puesto en marcha un paquete de medidas de recuperación económica que contempla la creación de un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serán en transferencias directas y los 360.000 restantes se concederán en concepto de préstamos, según lo aprobado el 21 de julio por el Consejo Europeo en cumbre extraordinaria.
Además, el BCE ha activado un ambicioso programa de compra de activos (1,35 billones de euros), el Mecanismo Europeo de Estabilidad ha lanzado una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros y se han dispuesto otros 100.000 millones de euros en préstamos para afrontar los gastos extraordinarios del mercado laboral, como los derivados de los ERTE o del paro de los autónomos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también ha constituido un fondo para movilizar 200.000 millones en préstamos a empresas.
¿Será suficiente esta batería de medidas para prender la mecha de la recuperación en Europa? ¿Está la respuesta de la Unión Europea a la altura del reto que plantea la pandemia? Para conocer de primera mano las opiniones del empresariado español, en PwC hemos realizado una encuesta entre un grupo de más de 400 expertos, directivos y empresarios, dentro del Consenso Económico, nuestro informe trimestral de coyuntura. Las respuestas son la siguientes:
Los expertos y directivos reclaman la colaboración publico/privada para sacar el máximo provecho a las ayudas europeas
Los expertos y directivos se muestran cautelosos a la hora de juzgar la procedencia y eficacia de las medidas adoptadas, aunque hay una cierta inclinación a responder afirmativamente a esas preguntas. Un 40,3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que aún es pronto para valorarlas, pensando seguramente en el largo camino que tiene por delante el fondo de recuperación (la munición gruesa de las ayudas) antes de que el dinero llegue a los países receptores. Otra parte significativa de ellos (el 39,4%) entienden que el paquete de medidas es “aceptable y positivo”, aunque temen que aumenten las divergencias económicas. Las dos opciones extremas de la encuesta (optimismo y pesimismo sin matices) tienen poco predicamento entre nuestros expertos.
El recuerdo de los felices años 90
Se estima que España puede recibir 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación, de los que casi 73.000 millones serán transferencias directas. Una aportación tan considerable recuerda a la inyección de dinero fresco procedente de Europa que llegó tras la integración de España en 1986. El saldo de ingresos y pagos de España con la Unión Europea fue muy positivo durante toda la década de los noventa y entre 2001 y 2005. En especial, la prodigalidad de los fondos europeos facilitó la realización de cuantiosas inversiones en infraestructuras que hicieron de palanca para el crecimiento y transformaron la economía española. ¿Se puede repetir aquel milagro? Nuestros expertos tienen dudas. Preguntados si España puede aprovechar el fondo de recuperación para realizar las reformas necesarias y situarse en posición de competir en la economía del siglo XXI, la mayoría no se decanta, aunque son más los que creen firmemente que sí (un 27,1%) que los que rechazan de plano esa posibilidad (un 25,2%)
La colaboración entre el sector público y el privado
Otra de las conclusiones de la encuesta sobre el Fondo Europeo de Recuperación (pdf) se refiere a la necesaria colaboración entre el sector público y el privado para poder presentar a la Comisión Europa suficientes proyectos financiables en los próximos años. El 44,2% de los expertos consultados creen que las empresas privadas tienen un conocimiento aceptable de las posibles oportunidades que aflorarán con el plan de recuperación, aunque están menos informadas sobre los fondos y acerca de cómo obtenerlos. Por eso, consideran conveniente que se cree un grupo de trabajo coordinado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las empresas para facilitar la gestión de los proyectos y el acceso a los fondos.
Sin embargo, nuestros expertos son bastante escépticos sobre la posibilidad de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para obtener el máximo provecho posible del dinero precedente de Europa. De hecho, el 77,1% cree con rotundidad que el principal obstáculo para sacar rendimiento al fondo de recuperación es, precisamente, la fragmentación y la polarización política. Es con diferencia el porcentaje más alto en los resultados de todas las preguntas de la encuesta. Tampoco confían los consultados en la eficacia de la Administración para gestionar las ayudas. Más de la mitad sostienen que el aparato de las administraciones públicas es poco moderno y está excesivamente burocratizado. Otro obstáculo es la estructura territorial y los problemas de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, aunque el porcentaje de los que así lo piensan es menor.
Más gasto ahora, menos deducciones y fraude después
¿Qué medidas de política fiscal necesita ahora, en el ejercicio de 2020, la economía española? Para mitigar los efectos de la pandemia, los encuestados se inclinan claramente por aumentar el gasto público y/o bajar los impuestos. El 43,9% de los expertos están completamente de acuerdo con esta opción, aunque tenga un coste significativo en términos de déficit público.
El resto de las opciones que se plantean (menor gasto y menos impuestos, más gasto y más impuestos, menor gasto y más impuestos, o seguir como hasta ahora) cuentan con muchos más detractores que partidarios. La combinación de respuestas sugiere que los consultados están bastante de acuerdo con la política de aumento del gasto público que está desarrollando el Gobierno (con el acento sobre todo en la atención sanitaria y en la protección del empleo a través de la financiación de los ERTE), pero echan de menos decisiones para rebajar la presión fiscal, como ha hecho Alemania, por ejemplo, con la reducción temporal del IVA.
¿Y después? Una vez superado el impacto económico más intenso del coronavirus, habrá que tomar medidas para restablecer el equilibrio presupuestario. En ese escenario de futuro, las respuestas del sondeo apuntan en dos direcciones. Por un lado, nuestros expertos se inclinan por un aumento de la recaudación impositiva, pero sin tocar los tipos. Sería suficiente con reducir las deducciones y los beneficios fiscales (en julio, la Airef por ejemplo sugirió revisar los tipos reducidos del IVA y las desgravaciones de los planes de pensiones privados) y mejorar la lucha contra el fraude. Más de la mitad de los encuestados están completamente de acuerdo con esta propuesta. Un porcentaje inferior, pero también significativo, apoya la idea de que hay que rebajar con prudencia el gasto público. Las alternativas de subir o crear impuestos o de dejar las cosas como están tienen poco respaldo.
Educación, educación y educación
La encuesta propone a nuestros expertos que elijan las tres reformas estructurales que en la actualidad consideran prioritarias para España. A juzgar por el resultado, los encuestados comparten el eslogan que llevó a Tony Blair, el que fuera primer ministro del Reino Unido, a arrasar en las elecciones de 1997: “Educación, educación y educación”. Casi un 70% de los encuestados consideran que la reforma educativa es fundamental para el futuro del país. También se consideran muy necesarias las reformas del mercado laboral, de las pensiones y de la Administración, aunque con porcentajes de selección menores, de alrededor del 50%.
Cómo y cuándo recuperar el control del déficit público
El fuerte aumento del gasto público para combatir los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia está generando un aumento sin precedentes de la deuda y del déficit público en la mayor parte de los países del mundo. En España, la deuda se incrementó en 100.000 millones de euros durante el primer semestre del año y se espera que concluya el ejercicio en torno al 120% del PIB, frente al 95,5% registrado a finales de 2019. Como consecuencia de ello, la Unión Europea ha suspendido temporalmente los controles de deuda y déficit.
La encuesta sobre el Fondo Europeo de Recuperación indaga en cuándo y cómo hay que restaurar los mecanismos de vigilancia. Una amplia mayoría de los consultados (el 56,1%) es partidaria de hacerlo en cuanto se supere la pandemia, por considerar que el equilibrio presupuestario es una herramienta clave para enderezar la economía.
Un segundo aspecto del debate es cómo financiar el déficit. El Banco de Inglaterra está recurriendo a monetizarlo directamente (es decir, a comprar de forma directa la deuda que emite el Gobierno), una práctica que está prohibida en la Unión Europa por sus efectos negativos sobre la estabilidad monetaria y la inflación. La política del BCE es más ortodoxa, ya que compra indirectamente la deuda en el mercado secundario. Entre ambas opciones, hay una mayoría relativa de los encuestados (un 38,3%) que se inclina por mantener el actual sistema de financiación, lo que no impide que otro porcentaje importante (un 33,6%) esté a favor de utilizar herramientas no convencionales, como la monetización directa del déficit, en situaciones excepcionales.