La sostenibilidad es uno de los mayores desafíos del mundo de los negocios de hoy. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a redefinir su forma de trabajar. Pero el camino está lleno de obstáculos e incertidumbres. La definición de qué se entiende exactamente por sostenibilidad, sobre todo en materia medioambiental, es una de esas incertidumbres, y la decisión europea de clasificar el gas natural y la producción nuclear como energías verdes no ha hecho más que alimentar el debate. Para detectar los movimientos y las preocupaciones que afectan a las empresas, publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie quincenal en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.

REGULACIÓN

El gas y la energía nuclear se “cuelan” en la taxonomía verde
Se consumó la decisión. El Parlamento Europeo decidió, por un margen relativamente estrecho (328 votos a favor y 278 en contra) incluir el gas natural y la energía nuclear en la taxonomía verde de la Unión Europea, es decir, en el sistema de clasificación que fija qué actividades económicas son sostenibles desde el punto de vista medioambiental, refrendando un acuerdo previo de la Comisión Europea. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de enero (el Consejo Europeo no ha puesto objeciones a su aplicación), ha agitado el debate sobre la transición ecológica.

Los defensores de la medida consideran que la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania justifica la decisión. Los activistas medioambientales entienden, por el contrario, que perjudica seriamente la credibilidad de la taxonomía europea, sobre todo por la inclusión del gas natural, que supone seguir dependiendo de las energías fósiles.

La polémica tiene también componente geopolítico, ya que algunos países, entre ellos España, se oponían con firmeza a ese giro en la política climática. La consecuencia de la decisión es que la inversión privada en gas natural y en energía nuclear se podrá beneficiar de los incentivos que reciben las energías renovables, si bien estará condicionado a determinados escenarios en los que dichas tecnologías sean necesarias para la transición.

INVERSIÓN

Los inversores prefieren verde oscuro
En medio de la confusión sobre lo que son criterios ESG y lo que no, los inversores parecen estar optando por los fondos con mayor sello de sostenibilidad. Son los denominados fondos verde oscuro, que se rigen por el artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, según el cual se trata de productos financieros que tienen objetivos explícitos de sostenibilidad.

Así lo constata la gestora Blackrock, cuyos fondos verde oscuro atrajeron un 30% más de dinero hasta mediados de junio. En Europa, la tendencia es también similar. Según datos de Bloomberg, en el último año entraron 6.000 millones de dólares en este tipo de vehículos de inversión. En cambio, los llamados fondos verde claro (adscritos al artículo 8, que también promueven características medioambientales, pero no tienen fijados objetivos de sostenibilidad) están en retroceso, y en el mismo periodo han perdido 117.000 millones de dólares.

El BCE se moja con los bonos corporativos
El Banco Central Europeo refuerza su compromiso con la inversión verde. En una reciente decisión, el supervisor europeo ha acordado reorganizar su cartera de bonos corporativos, de tal forma que favorecerá a las empresas menos contaminantes. La medida tiene un alcance limitado (afectará al 8% de la cartera total y no se aplicará de momento a los bonos soberanos), pero es un paso más en su política de alinear sus operaciones con su plan de acción climática.

La decisión del BCE es coherente con su marco de prioridades supervisoras 2022-2024, en el que se incluyen los riesgos medioambientales, pero no ha sido unánimemente bien recibida en los mercados. Algunos analistas han apuntado que la entidad se está excediendo en sus competencias de política monetaria y sugieren que sus esfuerzos se centren en contener la elevadísima tasa de inflación y no distraerse con otros objetivos. Así se expresó el ex secretario del Tesoro de EEUU, Larry Summers, cuando se le preguntó si los bancos centrales deberían preocuparse por el desafío del cambio climático.

BANCA

Test de estrés climático: un aviso serio
El Banco Central Europeo dio a conocer los resultados del primer test de estrés climático al que se somete la banca europea. Los publicó sin hacer daño ni señalar, evitando informar sobre las notas individuales o siquiera agregadas por países. Pero el aviso es serio, porque la conclusión principal es que las entidades financieras europeas no tienen en cuenta suficientemente el riesgo climático.

Los datos globales son esclarecedores: el 60% de los bancos no dispone todavía de un marco de pruebas sobre riesgo climático, solo el 20% lo tiene en cuenta en la concesión de préstamos y dos tercios de sus ingresos proceden de sectores intensivos en emisiones. El riesgo total se eleva a 70.000 millones. De entrada, esta falta de preparación de las entidades de crédito no tendrá impacto en los requerimientos de capital, pero el supervisor pone deberes a las entidades y les urge a revisar sus modelos internos. 

Algo más positivo es el diagnóstico que hace el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) en su último informe sobre los riesgos financieros del cambio climático. El FSB señala los progresos realizados por los reguladores y supervisores internacionales en materia de divulgación, disponibilidad de datos, análisis de la vulnerabilidades y prácticas supervisoras, si bien advierte que las políticas para abordar dichos riesgos están todavía en una fase temprana.

FISCALIDAD

El nuevo impuesto al plástico, cuestión de oportunidad
El nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, está siendo cuestionado por parte de diferentes asociaciones de agricultores y de la industria de la distribución, que consideran que no es el momento oportuno para aplicarlo, teniendo en cuenta las tensiones inflacionistas y las dificultades que atraviesa el sector alimentario. Por ello, las asociaciones afectadas reclaman al Gobierno que retrase un año, hasta 2024, su aplicación.