La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. La Comisión Europea ha presentado un plan para que los países miembros realicen una salida coordinada del Tratado de la Carta de la Energía firmada al final de la ‘Guerra Fría’ y que garantizaba las inversiones de las empresas en repúblicas ex soviéticas, entre otros países. Con el paso del tiempo, se ha visto que este Tratado ha perdido interés dado que estaba muy enfocado al fomento y consolidación de la explotación de combustibles fósiles en esos países, por lo que la UE quiere abandonarlo.

Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.

COMBUSTIBLES FÓSILES

Bruselas planea una salida coordinada de antiguos tratados que favorecían los combustibles fósiles
La rápida evolución tecnológica y de los planteamientos políticos en favor de las energías renovables en todo el mundo está obligando a revisar viejos acuerdos firmados hace décadas cuando los problemas del cambio climático no tenían el actual apoyo institucional. Este es el caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) firmado en Lisboa en diciembre de 1994 por 53 países, incluidos los de la Unión Europea, cuyos planteamientos medioambientales chocan cada vez más con la filosofía de Bruselas. Por este motivo, la Comisión Europea ha presentado una propuesta para que los países miembros realicen una salida “coordinada” del Tratado.

El acuerdo se cerró al final de la ‘Guerra Fría’ y pretendía proteger las inversiones energéticas de las empresas en las antiguas repúblicas soviéticas, y otros países, pero, con el paso del tiempo ha perdido interés estratégico en un contexto en el que el futuro energético pasa más por el fomento de las energías renovables que por el blindaje de las fósiles. Las negociaciones se realizarán en el encuentro informal de ministros de Energía de Valladolid presidido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, según ha adelantado la Comisión.

El TCE fue concebido para promover la cooperación transfronteriza en el sector energético entre los dos lados del Telón de Acero. El tratado ofrecía garantías adicionales a los inversores occidentales que querían hacer negocios en los antiguos Estados soviéticos, que entonces estaban en transición hacia un modelo de capitalismo de mercado y tenían muchos recursos fósiles pendientes de explotación.

En virtud del TCE, los inversores estaban protegidos contra el acceso discriminatorio, la expropiación, la nacionalización, los incumplimientos de contrato y otras circunstancias inesperadas que podían afectar a sus expectativas de beneficios.

A través de este sistema de resolución de conflictos, las empresas que explotan yacimientos petrolíferos, gasoductos y centrales eléctricas de carbón pueden emprender acciones legales contra los Estados que aprueban leyes para luchar contra el cambio climático. Por eso se considera que, en la práctica, supone un freno para la adaptación de las energías renovables.

El valor de las infraestructuras de combustibles fósiles en la UE, el Reino Unido y Suiza protegidas por el tratado se estima en 344.600 millones de euros, según la revista Investigate Europe. Esto podría “crear un efecto paralizador catastrófico para los gobiernos que quieren tomar las medidas necesarias para frenar el peligroso calentamiento global, pero que temen las represalias de la industria”, ha defendido la organización  medioambiental ClientEarth.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el arbitraje privado a puerta cerrada del Tratado viola la legislación de la UE y no debe utilizarse para resolver conflictos entre los Estados miembros, según Euronews.com. La iniciativa de retirada del tratado tiene que ser ratificada con mayoría cualificada (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población) en el Consejo de la UE.

“Es hora de que Europa se retire de este tratado y que centremos todos nuestros esfuerzos en construir un sistema energético eficiente y competitivo que promueva y proteja las inversiones en energías renovables”, ha reclamado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, según informó El País.

La decisión de proponer la salida coordinada del TCE era la opción que, entre otros, reclamaba España, que anunció a finales del año pasado su decisión de retirarse del tratado. Finalmente, no lo cumplió, puesto que ha preferido esperar a que fuera Bruselas la que diera el paso, permitiendo así, como prefería Madrid, una salida “concertada” del acuerdo. Además de los 26 Estados miembros restantes, la propia UE como institución y Euratom, el TCE está firmado por Japón, Suiza, Turquía y la mayor parte de los países de los Balcanes Occidentales y la antigua Unión Soviética, salvo Rusia y Bielorrusia, recuerda la Comisión.

Aprobada la Ley de Restauración de la Naturaleza
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza. Se trata de la primera legislación de la historia que persigue explícitamente restaurar la naturaleza de Europa. Incluye proteger y restaurar al menos el 20% del suelo terrestre y marino degradado de la Unión Europea para 2030 e iniciar el proceso para recuperar el 80% de los hábitats europeos en mal estado.

Se trata de devolver a su estado natural a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos. Europa, además, está perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. Ahora la ley pasará a la fase final del proceso legislativo (los trílogos) para llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo de la ley.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Inditex se compromete a reducir un 50% las emisiones de toda su cadena de valor en 2030
En los últimos días, casi en paralelo, se han producido dos noticias relevantes sobre el tratamiento medioambiental del sector textil, uno de los que más contaminantes del planeta. Por un lado, la Comisión de la UE ha propuesto normas para responsabilizar a los productores del ciclo de vida completo de los productos textiles y para apoyar la gestión sostenible de residuos textiles en toda la UE. Esta iniciativa acelerará el desarrollo de la recogida selectiva, clasificación, reutilización y reciclaje sector textil en la UE dentro de la Estrategia de la UE para Textiles Circulares y Sostenibles. Se espera que el aumento de la disponibilidad de textiles usados crear empleos locales y ahorrar dinero para los consumidores mientras se alivian los impactos de la producción textil en los recursos naturales.

Por otro lado, Inditex, el mayor grupo textil del mundo y al que pertenecen cadenas como Zara o Stradivarius, se ha comprometido a que en 2030 sus marcas sólo usarán materias primas textiles que supongan un menor impacto medioambiental (denominadas preferentes). Ese año, el 40% de las fibras provendrá de procesos de reciclaje convencional, alrededor de un 25% serán fibras de nueva generación (aún en desarrollo) y otro 25% procederá de agricultura orgánica o regenerativa, según informó Efe Verde.

Entre los compromisos verdes de Inditex, también figuran apostar por las energías renovables y la economía circular, y apoyar proyectos para proteger, restaurar o regenerar hasta 5 millones de hectáreas y contribuir a mejorar la biodiversidad.

Además, Inditex ha publicado sus nuevos objetivos en sostenibilidad, entre los que destaca reducir un 50% sus emisiones en 2030 respecto a 2018, incluyendo tanto las generadas en sus operaciones como las de su cadena de valor.

El objetivo a 2040 lo alcanzarán “reduciendo de manera efectiva el 90% de nuestras emisiones”, en tanto que el 10% de emisiones restante, difíciles de reducir, será neutralizado “con acciones que permitan absorber esos gases de efecto invernadero”.

FONDOS MEDIOAMBIENTALES

Los analistas gestores cuestionan los compromisos ‘cero emisiones’ de algunas empresas
Por tercer año consecutivo, la gran gestora Fidelity International ha realizado una encuesta a sus analistas centrada en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). En esta ocasión, les ha preguntado si los planes de las empresas que cubren para alcanzar las cero emisiones netas son creíbles. La respuesta ha sido que  “todavía no”. Según Fiona O’Neill, responsable global de análisis de activos de la gestora, “existen lagunas en tecnología, una ambición insuficiente y el dinero destinado a reducir las emisiones de carbono está muy por debajo de lo que se necesita”, informa El Economista.

Según la encuesta, menos del 60% de las empresas está en disposición de recortar sus emisiones de carbono hasta el objetivo cero neto en 2050, la fecha marcada por la ONU. Según las evaluaciones de los analistas, sólo una de cada cuatro lo logrará en 2030.

Detrás de las grandes cifras se esconde, que empresas mineras y de materias primas de América Latina y China “todavía no tienen una hoja de ruta clara para llegar al objetivo de cero emisiones, por lo que es imposible saber siquiera cuánto capital se va a necesitar”. Sin embargo, las empresas de servicios públicos destacan como caso de éxito. Los analistas estiman que casi cuatro de cada cinco empresas alcanzarán el objetivo de cero emisiones netas en 2050. En el sector energético, existe una división clara entre las empresas europeas, que están gravitando hacia las renovables, y las empresas energéticas norteamericanas, más rezagadas, incluso algunas han rechazado este objetivo.

BlackRock ofrece fondos de unos 100.000 millones de dólares para la descarbonización
En mitad de la polémica mundial entre los gestores y los inversores sobre la rentabilidad, la necesidad y la definición de cuáles son las empresas que realmente cumplen los criterios de sostenibilidad, el gigante BlackRock ha decidido dar un golpe en la mesa.

La mayor gestora de fondos del mundo ha anunciado que dispone de una plataforma de inversión en el proceso de transición medioambiental por valor de algo más de 100.000 millones de dólares a disposición de las compañías.

Los cálculos de BlackRock sobre las necesidades de inversión para llevar a cabo el proceso de transición apuntan a que pasarán de los 2,2 billones de dólares de los últimos años hasta 4 billones hasta 2050.

Como consecuencia de ello, BlackRock, según publicó Expansión, está ampliando la oferta de productos y estrategias tendentes a satisfacer esas necesidades de inversión y para ello cuenta con una plataforma de inversión por valor de más de 100.000 millones de dólares para facilitar la transición.

Según una encuesta realizada por la gestora el 56% de los inversores institucionales internacionales aumentará sus inversiones en las distintas estrategias de transición a una economía descarbonización.

En una carta remitida a los clientes por los responsables de la firma, junto a las nuevas iniciativas se recuerdan algunos de los proyectos en que la firma ha invertido en el pasado reciente como el mayor proyecto de estabilidad de la red eléctrica de Escocia; una superbatería en Australia que, una vez terminada será la mayor de su clase del mundo; un fabricante sueco de baterías para vehículos eléctricos, o la creación de una sociedad conjunta para desarrollar, instalar y gestionar una red pública sin emisiones de recarga de vehículos eléctricos y repostaje de hidrógeno en Estados Unidos, entre otros.

ECOFISCALIDAD

Cataluña: nueva tasa para que los grandes barcos paguen por contaminar
La Generalitat de Cataluña tiene decidido aprovechar su gran atractivo turístico para incrementar la recaudación fiscal, convencida de que este tipo de cobros no ahuyentará a los visitantes. Si desde abril la tasa turística que abonan los cruceristas en Barcelona se ha incrementado, la Generalitat pondrá en marcha en 2024 un recargo ambiental sobre las emisiones de las grandes embarcaciones durante las maniobras de entrada y salida de los puertos y su estancia. Para ello, este verano aprobará el anteproyecto de uno de sus tributos propios, que gravará las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno.

Los barcos se consolidan como una fuente de ingresos para las administraciones catalanas. Este debate empezó en 2017, se intentó aplicar en 2019 y ahora está previsto que entre en vigor el próximo año. Fuentes del Govern precisaron a Expansión que el anteproyecto que creará este recargo se aprobará en el consejo técnico, el órgano que prepara las reuniones del Govern, en julio. El tributo afectará a los que se consideran “gran embarcación”, es decir, a los que tienen una capacidad superior a las 5.000 toneladas.

Se incluyen los cruceros, los buques de mercancías y también los que puedan efectuar servicios de pasajeros a nivel regular. Todos ellos son responsables del 19% de las emisiones, muy cerca de la industria (18%) pero lejos del primer emisor, el transporte terrestre (48%) que, al igual que los aviones, cuenta con un tributo ambiental específico de ámbito autonómico. La tasa se situará en un euro por cada kilo de emisión de dos tipos de contaminantes: las partículas y los óxidos de nitrógeno (NOx) en su primer año de aplicación.

El proyecto nace con la oposición frontal de la patronal de la gran empresa catalana, Fomento del Trabajo, que considera que en Cataluña las compañías ya tienen una carga fiscal “excesiva”. La organización empresarial que preside Josep Sánchez Llibre recuerda que el sector naviero está comprometido con reducir la contaminación y su progresiva electrificación.