La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Y algunas de estas estrategias pueden estar condicionadas por los acuerdos de Bakú, Azerbaiyán, donde se ha celebrado la COP29 durante dos semanas. En este tiempo hubo momentos en los que parecía que, otra vez, iba a cerrarse sin acuerdo. In extremis, tras prolongar la cita dos días, se logró un pacto, pero con un presupuesto más bajo del esperado: se intentó que los países ricos y contaminantes pagaran 1,3 billones de dólares al año a los pobres que no contaminan, pero sufren el cambio climático; no hubo tanta generosidad y se acordó donar 300.000 millones de dólares, tres veces más que la meta actual. El objetivo es paliar las consecuencias del cambio climático en los países pobres y evitar que utilicen combustibles fósiles.

Además, la cumbre alcanzó un acuerdo sobre las reglas generales para lanzar los mercados de comercio de carbono, casi una década después de que se propusieran por primera vez. A falta de detalles, se sabe que permitirá a los países y empresas intercambiar créditos por reducciones en las emisiones de carbono para compensar sus huellas de carbono.

Para detectar el impacto de estos movimientos en las empresas, cada quince días publicamos El sismógrafo de la sostenibilidad, una serie en la que ofrecemos una compilación de informaciones y análisis relacionados con la sostenibilidad.

GOBERNANZA MUNDIAL

COP29: los países ricos se comprometen a aportar 300.000 millones de dólares al año, lejos del objetivo de 1,5 billones
Es probable que si se hiciera una encuesta entre los ciudadanos sobre la confianza en la capacidad de resolución de las Conference of the Parties, COP por su nombre en inglés o “Conferencia de las Partes”, en castellano, fuera muy baja. Sin embargo, la única forma de atajar el cambio climático es mediante acuerdos internacionales entre ricos y pobres, dictaduras y democracias, y buscando consenso con personas de todas las razas porque el clima no conoce fronteras y aunque se pusiera a trabajar un solo continente no solucionaría nada.

En una reunión en la que se sientan 200 países en un plano de relativa igualdad, la posibilidad de alcanzar los objetivos más ambiciosos es escasa. Con los efectos de la Dana en España todavía bien visibles y sin haber encontrado aun a todos los desaparecidos, Bakú intentó no cerrar con un fracaso absoluto –como ocurrió en Copenhague en 2009- y lo consiguió, aunque para ello tuvieron que prolongar dos días la clausura. La tensión geopolítica de fondo la ponían las guerras en Ucrania y Gaza-Líbano, la próxima llegada al poder del republicano Donald Trump, que ya se había salido del Acuerdo de París en su anterior mandato, la actitud de Javier Milei, presidente de Argentina, que mandó que se retirara su delegación, o el papel de las fuerzas de ultraderecha en la Unión Europea. Mientras, los dirigentes de China, Rusia, India, Canadá o Brasil ni acudieron a la cita, como recogió EuroNews.

Sin embargo, Bakú ha demostrado que las cumbres del clima son una burbuja relativamente ajena a las crisis internacionales, o como publicó El País, son “la aldea gala del multilateralismo”. El acuerdo final de esta COP29 marca como objetivo genérico para la lucha contra el cambio climático movilizar con recursos públicos y privados 1,3 billones de dólares para 2035, a razón de 300.000 al año, sin especificar de dónde saldrán. La cantidad acordada supondría multiplicar por tres la meta actual que está en los 100.000 millones.

En cualquier caso la nueva cantidad comprometida está muy por debajo de las necesidades reales que tienen estos países, cifrada en 1,5 billones anuales, por lo que se ha criticado la cicatería de los gobiernos occidentales. Estos fondos que deben recibir los países con menos recursos deben servir para reducir sus emisiones de efecto invernadero alejándose de los combustibles fósiles y para que se preparen y protejan de los efectos de un calentamiento del que son los menos responsables.

El origen de los fondos deberá venir de ayudas públicas, pero también de créditos, así como de inversión privada ligada a proyectos. ¿Quién pagará? Los países ricos son los que aparecen en una lista acordada en la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, de 1992: EE UU, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Australia y Japón. Fuera se han quedado otros países de altos ingresos, muy emisores y que no han estado hasta este momento obligados a aportar fondos, como China, Arabia Saudí, Rusia y Corea del Sur. A estos, el texto final les pidió que “hagan contribuciones adicionales” para lograr los objetivos de financiación, aunque se trata de una invitación no de una obligación.

La clave está en los bancos de desarrollo multilaterales, donde no existe esa división de países desarrollados y el resto, y cuentan con aportaciones también de China y otros Estados. El empeño del bloque del llamado norte global ha sido desde el principio que todos los proyectos climáticos financiados por estas entidades se contabilicen en la meta global de los 300.000 millones para reducir la presión sobre ellos, y así se refleja en el acuerdo final.

Una parte importante del acuerdo hace referencia a las reglas generales para lanzar los mercados de comercio de carbono, casi una década después de que se propusieran por primera vez, como publicó Expansión. Las normas permitirán a los países y empresas intercambiar créditos por reducciones en las emisiones de carbono para compensar su huella contaminante. Después del gran fraude de 2008 con el IVA de los bonos del carbono, ahora el acuerdo debe ser detallado, pero todavía se desconoce la letra pequeña.

Los Estados y las empresas podrán negociar créditos que representen una tonelada de dióxido de carbono ahorrada o eliminada de la atmósfera, en virtud de mecanismos sujetos a una supervisión flexible por parte de la ONU y diseñados para evitar la doble contabilización de los recortes de emisiones.

CAMBIO CLIMÁTICO

China va camino de convertirse en el líder mundial de la contaminación, superando a Estados Unidos

Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han sido los mayores responsables de contaminar y favorecer el calentamiento global. Sin embargo, el ascenso de China está alterando este panorama. En las últimas tres décadas, China ha construido más de 1.000 centrales eléctricas a carbón y su economía se ha multiplicado por más de 40. El país se ha convertido, con diferencia, en el mayor emisor anual de gases de efecto invernadero del mundo a corto plazo, según publicó The New York Times.

Estados Unidos es el que más tiempo lleva emitiendo gases a la atmósfera que calientan el planeta ya que desde el siglo XIX es el que más carbón, petróleo y gas natural ha quemado, pero China se le está acercando. Curiosamente, por su enorme tamaño y actividad, el país asiático puede ser, al mismo tiempo, el más contaminante y el mayor productor de coches eléctricos y placas solares del mundo.

El año pasado, China superó por primera vez a Europa como el segundo mayor emisor histórico, según un análisis publicado por Carbon Brief , un sitio de investigación climática. Cuando se queman combustibles fósiles o se talan bosques, el dióxido de carbono resultante suele permanecer en la atmósfera durante cientos de años, calentando el planeta todo el tiempo. Por eso, las emisiones históricas se utilizan a menudo como indicador de la responsabilidad del calentamiento global, lo que apunta hacia EEUU y Europa.

Por su parte, China ha prometido que sus emisiones llegarán a su punto máximo en esta década y luego comenzarán a disminuir por su citada apuesta por las renovables. Pero incluso con el cambio de China hacia una energía baja en carbono, según el análisis de Carbon Brief, las emisiones históricas de este país se aproximarán a las de Estados Unidos en los próximos años.

LEGISLACIÓN

La CNMV y el ICAC piden que la información de sostenibilidad de 2024 se adapte a la CSRD
Casi han llegado las Navidades, el ejercicio de las empresas está a punto de cerrarse, pero todavía no se han transpuesto la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y los estándares europeos de información sobre sostenibilidad (ESRS), al ordenamiento jurídico español. Pese a todo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España han emitido un comunicado en el que recomiendan que la información sobre sostenibilidad del ejercicio 2024 sea conforme con estas dos normativas, a las que ya se han sometido los emisores “realizando esfuerzos considerables en los últimos años”.

Según la nota, “la CSRD y los ESRS son mucho más exigentes que la actual ley 11/2018. En consecuencia, la CNMV admitirá informes bajo ESRS, que se considerarán conformes también con la ley 11/2018, sujeto a que se observen las consideraciones (respecto de la información fiscal, el régimen transitorio y determinados desgloses laborales) que establece el comunicado”.

Las dos autoridades sectoriales comentan que “a partir de 2025”, la información de sostenibilidad en la Unión Europea será elaborada de conformidad con la Directiva CSRD y los estándares europeos del ESRS y las respectivas legislaciones nacionales de implementación. “Esto supone un hito muy relevante en el ámbito de la información sobre sostenibilidad, ya que, por primera vez, en el ejercicio 2024 los emisores europeos de más de 500 empleados aplicarán unos estándares comunes, con un contenido mucho más exigente que el marco normativo anterior” y con “información más comparable”.

Por otro lado, como publicó Expansión, la Directiva 2014/95/UE, de 22 de octubre, sobre información no financiera y diversidad (NFRD, por sus siglas en inglés), introdujo la obligación, para determinadas empresas, de incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera (EINF) con información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Esta obligación se incorporó al ordenamiento jurídico español a través del Real decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, que fue posteriormente derogado por Ley 11/2018. Dicha ley contempla un alcance superior al de la NFRD y exige que la información incluida en el EINF sea verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.

De acuerdo con el artículo 5 de la CSRD, su incorporación por los Estados miembros al ordenamiento jurídico interno debería haber estado listo antes del 6 de julio de 2024. En España, el anteproyecto de ley para su transposición fue sometido a consulta pública en mayo de 2023 y se aprobó como proyecto de ley el 29 de octubre de 2024.

RESIDUOS

El Gobierno cree que ha fracaso el reciclado de botellas de plástico e impondrá el sistema de depósito y retorno
Después de muchos años de campañas de publicidad acompañadas de la instalación de miles de contenedores, no se ha conseguido el objetivo marcado por Europa. Según afirma el Ministerio para la Transición Ecológica en un reciente informe, solo se recoge el 41,3% de las botellas de plástico para bebidas y concluye que debe acometerse un cambio radical en el modelo de recogida de estos residuos. España incumple con el objetivo del 70% de recogida de este tipo de envases que estaba fijado para ese año, lo que deja en evidencia el actual modelo de gestión de este tipo de residuos. Ecoembes, la patronal de los grandes productores y distribuidoras de bebidas, discrepan de estos datos y aseguran que se reciclan el 73,4% de las botellas de bebidas.

No obstante, el Ministerio concluye que “se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)”.

Este sistema SDDR, que ya funciona en muchos países europeos desde hace años, se basa en que al consumidor se le cobran unos céntimos cuando compra, por ejemplo, una botella de refresco y ese dinero lo recupera cuando devuelve al comercio el envase vacío, como ocurría antiguamente, y recogió El País.

Según los cálculos del Ministerio, en 2023, en España entraron en el mercado 214.039 toneladas de botellas de plástico, de las cuales 74.482 fueron recogidas separadamente por las Entidades Locales y otros 14.017, por asociaciones privadas. El resto -casi el 60 %- no retornaron al sistema, lo que puede suponer el incumplimiento del objetivo establecido por la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medioambiente, y que fija unos objetivos intermedios para los años 2023 a 2027, como recogió EFEVerde.

Por su parte, la Alianza Residuo Cero junto con la plataforma #LeyderesiduosYa, formadas por más de 130 asociaciones civiles diferentes, y Greenpeace han expresado su satisfacción por la puesta en marcha de este nuevo sistema, pero temen que no se consiga implementar en dos años, por lo que reclaman acciones tempranas para controlar este proceso.

ESTILO DE VIDA

5.000 millones de móviles pueden tener una segunda vida
Todos nos hemos preguntado alguna vez por el futuro de los móviles desechados, que se pueden encontrar en la mayoría de hogares. No parece fácil encontrarles utilidad, por lo que se convierten en una basura contaminante por sus componentes.

Según la GSMA, asociación que comprende a un millar de compañías de telefonía móvil, existen más de 5.000 millones de estos dispositivos sin utilizar. Suelen ser aparatos anticuados que sus propietarios conservan sin motivo alguno, más allá de la pereza que les suscita venderlos o desecharlos.

La cifra, de hecho, podría ser incluso mayor: el dato corresponde al verano de 2023; la asociación ha puesto en marcha un plan para fomentar el reciclaje de smartphones a través de programas de devolución específicos, articulados mediante las principales operadoras de cada país. El objetivo es que para 2030 todos los teléfonos rescatados se reparen o desmonten (aprovechándose sus materiales en nuevos procesos de fabricación), según informó El Correo.

GSMA estima que esos 5.000 millones de móviles vetustos equivalen a 100 toneladas de oro, 500 toneladas de plata y 50.000 toneladas de cobre. Todo ello con un valor estimado de 8.000 millones de dólares y sin considerar el cobalto intrínseco, que permitiría fabricar 10 millones de vehículos electrificados.

Al margen del posible reciclaje, los móviles antiguos pueden servir como altavoz inteligente, si se empareja un altavoz bluetooth al teléfono nos permite usar su asistente (Alexa, Assistant, Siri…) mediante la voz; reproductor multimedia: el viejo móvil puede ser útil para oír música en el transporte público,  previa descarga de los contenidos que nos interesen bajo una conexión WiFi;  mando a distancia, ya que la mayoría de aparatos del hogar pueden controlarse mediante una aplicación para el móvil si comparten la misma red inalámbrica; cámara de vigilancia (o vigilabebés): se debe colocar en una base de carga con su cámara principal apuntando hacia los que nos interese vigilar después de haber instalado en el móvil de uso cotidiano alguna aplicación que permiten visualizar imágenes a distancia. Por último, pueden ser reloj despertador (y marco de fotos digital) o navegador para el coche. Todo menos tirarlo a la basura y contaminar.