Contacto: David Mellado - Las pruebas de diagnóstico para la detección de COVID-19 son una herramienta muy valiosa de protección de la salud y contención de la epidemia. Tanto la OMS como organismos comunitarios como la European Centre for Disease Prevention and Control consideran estos test elementos esenciales para la gestión sanitaria de la pandemia. No obstante, su aplicación por parte de las empresas exige tener en cuenta tres dimensiones básicas: la regulatoria, la laboral y los requerimientos relativos a la protección de datos de carácter personal.

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Contacto: Bernat Figueras - La propagación de COVID-19 está cambiando la forma cómo vivimos y trabajamos de una manera que no hubiéramos pensado que fuera posible hace solo dos semanas. Hoy, el ‘new normal’ de las empresas incluye lidiar con las dificultades que acarrea el teletrabajo, tener a muchos trabajadores enfermos a la vez, paliar la interrupción de las cadenas de suministro, posibles crisis de liquidez, obligaciones de cumplimiento inciertas y encargarse de solicitar las ayudas que han puesto en marcha las autoridades.

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Contacto: Miguel Rodríguez-Piñero - La gestión de las personas en las plantillas es una de las áreas en las que más se nota la alarma sanitaria, cuyos efectos están siendo inmediatos e intensos. El objetivo es mantener el país en activo y a la gente trabajando, aunque evitando en lo posible los desplazamientos innecesarios y la concentración de personas. Las consecuencias de las medidas estatales eran previsibles, y ya desde un primer momento se establecieron ciertos instrumentos legales para afrontarlas, en especial a través del Real Decreto Ley 8/2020, que esta vez hace honor a su condición de norma de emergencia.

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Contacto: David Mellado - La pandemia del coronavirus es una situación única en nuestra historia reciente y, como tal, su impacto en las relaciones jurídicas es enorme. Prueba de ello es el ingente volumen normativo publicado en los diarios oficiales, caracterizado por su excepcionalidad y motivado por una situación que el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma, califica de extrema gravedad.

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Mejorar la eficiencia interna y el control de riesgos, y utilizar la tecnología como medio para optimizar la calidad e innovación de los servicios que prestan, serán los principales retos en los próximos años para las asesorías jurídicas de empresas.

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