La obra civil tiene una elevada capacidad de arrastre sobre la economía española: cada euro de PIB que genera directamente se traduce en tres euros en el conjunto de la economía. Este efecto multiplicador, sumado a la capacidad de las administraciones para orientar el mercado a través de la contratación pública, convierte a la construcción pública en una poderosa palanca para extender la sostenibilidad a toda la cadena de valor y contribuir a la transformación de un sector como el de la construcción que aporta más del 5% del PIB español y genera el 7% del empleo del país.
En un contexto en el que la sostenibilidad ya no responde únicamente a un compromiso medioambiental y social, sino que también permite anticipar exigencias regulatorias, reducir riesgos y costes y acceder a nuevas oportunidades de negocio, PwC y AENOR han creado el ‘Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas‘. El informe analiza cómo el sector público está incorporando la sostenibilidad en los procesos de licitación y hasta qué punto esa incorporación se traduce en cambios efectivos.
Los resultados muestran que la obra pública en España avanza hacia la sostenibilidad, pero aún está lejos de incorporarla de forma integral. El estudio analiza 300 pliegos de 100 entidades públicas y constata que solo 42, el 14% del total, incorporan de forma amplia criterios de sostenibilidad. Además, apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de «sostenibilidad integral», entendido como la incorporación equilibrada y verificable de criterios ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo de las fases del proyecto constructivo y de su cadena de valor.
El desequilibrio se aprecia con claridad en la distribución de las cláusulas analizadas: casi dos de cada tres corresponden a la dimensión medioambiental, el 63%; las de gobernanza representan el 25% y las sociales apenas alcanzan el 13%. La sostenibilidad ha entrado, por tanto, en la contratación pública, pero todavía lo hace de manera parcial.
¿Cuáles son las prioridades medioambientales de los pliegos?
¿En qué aspectos medioambientales se concentra la atención de los pliegos? Dentro de las cláusulas medioambientales analizadas, la gestión de residuos es la más frecuente y está presente en el 71% de las entidades de la muestra. Le siguen la adecuación de la obra al entorno (53%), el uso de energías renovables (51%), la eficiencia energética (38%), la elaboración de un informe ambiental (37%) y la gestión de emisiones (32%). En cambio, las certificaciones ambientales de edificación tienen una presencia prácticamente marginal. Es decir, la gestión de residuos constituye la principal base de la sostenibilidad ambiental en los pliegos, con exigencias que en muchos casos superan el mínimo normativo. Sin embargo, los criterios sobre materiales, consumo de agua y certificaciones ambientales todavía aparecen en pocos pliegos.
¿Cláusulas sociales para ‘desempatar’ ofertas?
En el ámbito social, el Observatorio identifica solo tres categorías entre las 28 cláusulas analizadas. Las más extendidas son la preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad, presente en el 97% de las entidades de la muestra, y la preferencia por aquellas que cuentan con medidas de igualdad de género, recogida en el 81%. Sin embargo, esta elevada presencia responde principalmente a obligaciones legales y, en muchos casos, funciona como criterio de desempate entre ofertas, más que como una exigencia con impacto directo en la ejecución del contrato. En cambio, las medidas de accesibilidad apenas aparecen en el 12% de las entidades analizadas. Los datos muestran así que la dimensión social todavía no se ha consolidado como un componente estratégico de la contratación pública y continúa vinculada, en gran medida, al cumplimiento normativo.
La gobernanza se centra en la gestión de riesgos
En el ámbito de la gobernanza, el Observatorio identifica seis categorías de cláusulas, aunque su presencia continúa siendo limitada. La más extendida es la gestión de riesgos, recogida en el 53% de las entidades analizadas, seguida de la identificación y el estudio de puntos críticos (31%), la ciberseguridad y la seguridad de la información (19%), el compliance (17%), la metodología VDC –Virtual Design and Construction– (16%) y los sistemas Lean Construction (3%). Los datos revelan que esta dimensión se concentra sobre todo en el control de riesgos, mientras que aspectos también esenciales como la transparencia, la rendición de cuentas y la trazabilidad de los compromisos siguen teniendo un desarrollo reducido.
El gran reto: comprobar que los compromisos se cumplen
El Observatorio detecta, además, el siguiente aspecto con margen de mejora: aunque los licitadores asumen compromisos específicos en sus ofertas, los pliegos y los sistemas de gestión contractual no suelen establecer procedimientos homogéneos para verificar su cumplimiento durante la ejecución. Tampoco se asignan siempre con claridad las responsabilidades de seguimiento a los órganos de contratación y a las entidades adjudicatarias. Esta falta de trazabilidad y supervisión dificulta detectar desviaciones, contrastar lo ofertado con lo realmente ejecutado y, cuando sea necesario, activar medidas correctoras o sancionadoras.
De incorporar cláusulas a generar impacto
A partir de estos resultados, el informe identifica siete ámbitos prioritarios para reforzar la sostenibilidad en los pliegos de contratación pública. El punto de partida es avanzar hacia una presencia más equilibrada de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza y superar el actual predominio de medidas aisladas.
Esto exige reforzar la dimensión social mediante requisitos que vayan más allá del cumplimiento normativo; mejorar la trazabilidad y la supervisión de los compromisos ESG durante la ejecución de los contratos; y aplicar un enfoque integral de ciclo de vida que incluya tanto los materiales como la propia fase constructiva.
También resulta necesario evolucionar hacia criterios técnicos más completos y verificables que permitan comparar ofertas, medir resultados y valorar de manera objetiva el impacto ambiental, social y de gobernanza de cada proyecto.
En definitiva, los resultados del Observatorio muestran que existe una oportunidad para que la contratación pública acelere la transformación sostenible en todas las fases del proceso de construcción y pueda ser el catalizador de un gran cambio en el conjunto del país, donde el sector público empieza abanderando y el sector privado pueda continuar.
