A finales de 2024 nos preguntábamos si el regreso de Trump frenaría la revolución sostenible y adelantábamos que podría representar un desafío significativo para la lucha contra el cambio climático. La transición hacia una economía más verde había adquirido, sin embargo, una fuerza económica, empresarial y social difícil de detener. Casi dos años después, aunque el balance es todavía provisional, vemos que sus decisiones han frenado la política climática estadounidense, sin detener la transformación energética y financiera mundial.

Estados Unidos ha completado su salida del Acuerdo de París, efectiva desde el 27 de enero de 2026, y la ley fiscal de julio de 2025 ha eliminado o adelantado la retirada de diversos créditos para la eólica, la solar y el vehículo eléctrico. También se han relajado normas ambientales, la SEC ha dejado de defender judicialmente su norma de divulgación climática y se ha impulsado la producción de petróleo y gas. La palabra «sostenibilidad» o el término «ESG» aparece menos en informes y discursos corporativos, y se han abandonado o disuelto alianzas financieras de descarbonización que parecían consolidadas, como la Net-Zero Banking Alliance.

Sin embargo, estos cambios no han impedido que siga creciendo la generación renovable. Según la Energy Information Administration, en Estados Unidos aumentó un 10,2% interanual entre enero y agosto de 2026 y ya aporta el 28,1% de la electricidad, incluyendo la generación solar distribuida, frente al 26,2% del mismo periodo de 2025.

Las razones son, en buena medida, económicas. La solar y la eólica terrestre siguen estando entre las fuentes de nueva generación más baratas y rápidas de desplegar, y el descenso del coste de las baterías facilita su integración en el sistema. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica vuelve a crecer en Estados Unidos, impulsada en gran parte por los centros de datos y la inteligencia artificial. Si se necesita más electricidad, resulta difícil justificar que se restrinjan las tecnologías que pueden instalarse antes.

Ahora bien, parte del crecimiento actual procede de proyectos iniciados antes de los recortes, cuyos efectos plenos no se verán hasta 2027 o 2028. Si la demanda aumenta más rápido que la nueva capacidad, también podría crecer temporalmente la generación con gas o carbón.

Fuera de Estados Unidos, estos mismos factores económicos están favoreciendo un avance aún mayor de las renovables. Según IRENA, la capacidad renovable mundial aumentó en 2025 en 692 gigavatios, un 15,5%, y la solar y la eólica representaron el 96,8% de las nuevas incorporaciones renovables. Las renovables alcanzaron el 34% de la generación eléctrica mundial y superaron al carbón por primera vez en la era moderna, según Ember.

China lidera esta evolución, aunque siga construyendo centrales de carbón. En 2025 añadió 315 gigavatios de capacidad solar y 119 de eólica, frente a 78 gigavatios de nueva capacidad de generación con carbón, además de otros proyectos en construcción, según datos oficiales chinos y de CREA y Global Energy Monitor. Esto supone cinco veces y media más capacidad solar y eólica que de carbón. Pese a la expansión de centrales térmicas, la generación eléctrica con carbón descendió alrededor de un 1%, ya que las fuentes limpias cubrieron todo el crecimiento de la demanda. El carbón sigue funcionando como garantía de seguridad energética, pero la solar, las baterías y el vehículo eléctrico se han convertido en pilares de la política industrial china.

Europa ha reducido el alcance de sus obligaciones de reporting y diligencia debida, aunque mantiene el objetivo de reducir un 90% sus emisiones netas en 2040 respecto de 1990 y ha puesto en funcionamiento el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, entre otras normativas ambientales recientes. Latinoamérica cuenta con recursos renovables, minerales críticos y capital natural, si bien varios países siguen apostando también por los combustibles fósiles.

La financiación sostenible tampoco se ha detenido. Según Climate Bonds Initiative, la emisión mundial de bonos sostenibles alineados alcanzó 1,03 billones de dólares en 2025 y superó el billón por tercera vez. Europa concentró el 45% del total, mientras Asia ganó peso y Estados Unidos retrocedió.

Sí ha caído, en cambio, la demanda de determinados instrumentos vinculados a objetivos de sostenibilidad. En parte, esta reducción puede interpretarse como una exigencia de mayor rigor, aunque también influyen la presión política, el riesgo reputacional y la complejidad administrativa. La etiqueta de sostenibilidad no basta si el activo no se sostiene económica y financieramente.

La atención a las cuestiones económicas también ha marcado las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, en las que los demócratas han ganado el control de ambas cámaras del Congreso. Se habló menos de clima que de la factura energética, la seguridad energética y el empleo, pero ello no implica una renuncia a la transición. Su defensa se apoya ahora en lo que puede aportar a la asequibilidad, la resiliencia y la competitividad. El anunciado viaje de una delegación de 19 congresistas a la COP31 muestra también una voluntad de recuperar la interlocución climática internacional tras el repliegue federal, aunque no suponga aún un cambio de posición de la Administración.

Desde enero de 2027, el nuevo equilibrio permitirá frenar nuevos retrocesos legislativos y negociar prioridades presupuestarias, pero no garantiza recuperar los incentivos retirados, ya que superar un veto presidencial exige dos tercios de ambas cámaras. Lo que está en juego no se limita al clima, sino que afecta también al desarrollo industrial. Estados Unidos conserva universidades, mercados de capital y empresas capaces de liderar el almacenamiento, la energía nuclear, la captura de carbono o el hidrógeno. Mientras debate los términos de la transición, China avanza en la construcción de fábricas, redes y cadenas de suministro, y Europa fija estándares y moviliza capital.

El retraso en este proceso puede traducirse en mayores costes de adquisición de tecnología y en una mayor dependencia de las reglas y los precios establecidos por otros. Renunciar al liderazgo climático puede implicar también una pérdida de liderazgo industrial.

Trump ha conseguido ralentizar a Estados Unidos, pero la transición sostenible ha seguido avanzando. La incertidumbre política no ha cambiado por ahora su dirección, aunque puede hacer que el proceso sea más irregular. En consecuencia, las empresas que operan en varios mercados tendrán que gestionar regulaciones divergentes y reducir la dependencia de proveedores concentrados. Sus planes de descarbonización deberán estar ligados al coste de la energía y a la rentabilidad, en lugar de al ciclo electoral.